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Desde San Lázaro. El miedo al “Sombrero” Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

31 Ago 2026
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Desde San Lázaro. El miedo al “Sombrero” Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/MovdelSombrero

Tan grande empieza a ser el temor que provoca en el oficialismo el crecimiento político de Grecia Quiroz y del Movimiento Independiente del Sombrero, que la batalla por la gubernatura de Michoacán dejó de librarse exclusivamente en las calles y comenzó a trasladarse a los congresos, los tribunales y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La viuda del asesinado alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se convirtió en pocos meses en una de las figuras políticas más competitivas de Michoacán. Lo que nació como un movimiento regional de ciudadanos inconformes con los partidos tradicionales amenaza con convertirse en una fuerza capaz de disputarle seriamente a Morena una de las entidades donde el oficialismo suponía que tendría relativamente asegurada la continuidad en 2027.

El Congreso de Michoacán aprobó en mayo una reforma al Código Electoral que establece severas restricciones para las candidaturas independientes. La Suprema Corte acaba de validar buena parte de esos candados: quienes compitan sin partido no podrán realizar campañas conjuntas, compartir propaganda, imagen, emblemas, plataformas o eventos porque, según el criterio de los ministros, ello podría configurar una especie de coalición de facto al margen de las reglas aplicables a los partidos.

La Corte mantuvo restricciones que golpean directamente el modelo político mediante el cual Carlos Manzo construyó el Movimiento del Sombrero en Uruapan y que ahora pretende extenderse por todo Michoacán.

Porque resulta demasiada coincidencia que justamente cuando un movimiento independiente comienza a crecer aparezcan nuevas reglas para impedir que sus candidatos compartan identidad, símbolos y estrategia política.

La Suprema Corte argumenta razones jurídicas y de fiscalización. El oficialismo seguramente insistirá en que las modificaciones electorales no tienen destinatario. Pero en política existen casualidades que terminan pareciendo causalidades, particularmente cuando el beneficiario de los obstáculos colocados a una fuerza emergente resulta ser el partido gobernante.

Grecia Quiroz ya anunció que buscará la gubernatura por la vía independiente y sostiene que las restricciones fueron diseñadas porque el oficialismo teme que en 2027 se repita a escala estatal el fenómeno que llevó a Carlos Manzo al poder municipal de Uruapan.

Y las encuestas explican buena parte del nerviosismo.

Una medición publicada en junio colocó a Grecia Quiroz con 28 por ciento de las preferencias, frente a 23 por ciento de Raúl Morón y 22 por ciento de Alfonso Martínez. Otra encuesta de El Financiero mostró una competencia cerrada y, además, un dato todavía más preocupante para Morena: apenas 32 por ciento aprobaba la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, mientras 60 por ciento la desaprobaba. 

Más delicados son los resultados sobre los principales problemas del estado. En aquella medición, 76 por ciento evaluó negativamente la seguridad pública, 79 por ciento el combate al crimen organizado y 67 por ciento el desempeño frente a la corrupción.

Allí está el verdadero combustible político del Movimiento del Sombrero.

Grecia Quiroz no está creciendo solamente por ser la viuda de Carlos Manzo. Sería un error del oficialismo reducir el fenómeno a la explotación política de una tragedia. Está creciendo porque representa, para una parte del electorado michoacano, una alternativa frente al agotamiento de los partidos tradicionales y, particularmente, frente al deterioro de un gobierno estatal que no ha logrado resolver el problema fundamental de Michoacán: la violencia.

El asesinato de Carlos Manzo convirtió además al Sombrero en algo mucho más poderoso que un logotipo electoral. Lo transformó en un símbolo.

En una causa común, incluso puede ser a nivel nacional, el reclamo de la seguridad pública y la justicia que le dan al reclamo social una identidad colectiva

Cada obstáculo colocado al Movimiento del Sombrero puede terminar fortaleciendo la narrativa que más conviene a Grecia Quiroz: la de una ciudadana enfrentándose sola al aparato político y esa lucha la puede encumbrar incluso no solo a la gubernatura, sino hasta la presidencia de la República.

El oficialismo la está convirtiendo en mártir. Tan solo hay que ver como La Fiscalía de Michoacán abrió una línea de investigación para determinar la posible relación de Quiroz con Samuel García Rivero, exfuncionario municipal procesado dentro de las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo.

Primero fueron los candados electorales; luego la batalla ante la Suprema Corte y ahora aparece una investigación que pretende alcanzar a la propia viuda de Manzo.

La gran paradoja es que el oficialismo está fabricando precisamente aquello que quiere evitar.

Mientras más presionen al Movimiento del Sombrero, mayor será la posibilidad de convertir a Grecia Quiroz en una figura antisistema con proyección nacional.

Y si llegara a ganar Michoacán por encima de Morena y de los partidos tradicionales, el fenómeno político adquiriría otra dimensión.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.