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Desde San Lázaro. Inzunza, de prócer a apestado. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

26 Ago 2026
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Desde San Lázaro. Inzunza, de prócer a apestado. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/InzunzaCazarez

Lo que es la kafkiana vida política mexicana. Enrique Inzunza Cázarez pasó, en cuestión de semanas, de ser uno de los personajes más poderosos de Sinaloa y aspirante aventajado de Morena a la gubernatura, a convertirse en un auténtico problema político para sus compañeros de partido. El senador sinaloense, señalado por autoridades estadounidenses dentro de las investigaciones que alcanzan a personajes políticos de aquella entidad por presuntos vínculos con el crimen organizado, enfrenta ahora algo que en política puede resultar incluso más devastador que una acusación judicial: el abandono de los suyos.

Hasta antes de que Rubén Rocha Moya pidiera licencia por primera vez, hace 113 días, Inzunza aparecía en primera fila de la sucesión sinaloense. Tenía estructura, relaciones políticas, cercanía con el gobernador y una posición privilegiada desde el Senado para construir su candidatura. Era, para decirlo coloquialmente, uno de los favoritos del régimen estatal para prolongar el dominio morenista en Sinaloa.

Hoy ocurre exactamente lo contrario.

Sus propios correligionarios preferirían que solicite licencia, que no aparezca en la plenaria del grupo parlamentario de Morena prevista para el próximo 30 de agosto y, mucho menos, que ocupe su escaño durante el arranque del periodo ordinario de sesiones del Congreso el 1 de septiembre. Nadie quiere la fotografía, nadie quiere compartir tribuna y pocos parecen dispuestos a pagar el costo político de defender públicamente al senador sinaloense.

De héroe a apestado. Así de rápido funciona la política cuando el poder comienza a abandonar a quienes hasta ayer parecían intocables.

La rebelión contra la presidenta Sheimbaum está pasando factura.

Para nadie en Sinaloa resultaban desconocidas las versiones y señalamientos que durante años circularon alrededor de personajes del grupo político encabezado por Rocha Moya. Sin embargo, mientras existió protección política, prácticamente nadie dentro de Morena levantó la voz. Ahora que desde Estados Unidos aumentó la presión sobre políticos sinaloenses, las lealtades comienzan a evaporarse con extraordinaria rapidez.

Dónde quedan esos morenistas como el senador Ignacio Mier, quien consideraba a Inzunza como un iluminado de la política y hoy es repudiado por él y sus mismos compañeros.

Morena sabe perfectamente que la presencia de Inzunza en el Senado durante el inicio del periodo ordinario entregaría municiones suficientes a la oposición para convertir la sesión en un espectáculo político. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, incluso los partidos aliados como PT y PVEM, difícilmente desperdiciarían la oportunidad de exigir explicaciones sobre los señalamientos que pesan sobre el sinaloense y, por extensión, sobre la situación política que atraviesa Sinaloa.

Imagine usted el escenario: Inzunza ocupando su escaño mientras desde la tribuna se multiplican las acusaciones sobre presuntos vínculos entre políticos y organizaciones criminales. Sería una fotografía devastadora para Morena justo cuando el partido necesita sacudirse cualquier sospecha de complicidad con personajes investigados al norte del río Bravo.

Por eso sus compañeros prefieren verlo lejos.

No necesariamente porque súbitamente hayan descubierto una vocación por la rendición de cuentas, sino porque Inzunza se convirtió en un activo tóxico. Mientras representaba votos, estructura territorial y continuidad política en Sinaloa, pocos cuestionaban sus antecedentes. Cuando se dio la insubordinación contra la presidenta Claudia Sheinbaum por parte de Rubén Rocha y secuaces, pues la cosa cambio.

Esa es precisamente la parte kafkiana del asunto.

Si existen elementos suficientes para sospechar que un senador de la República cometió delitos, lo procedente es que las autoridades mexicanas investiguen y determinen responsabilidades. Y si no existen pruebas, también corresponde defender el principio elemental de presunción de inocencia. Lo absurdo sería construir una tercera vía: mantenerlo cobrando como senador, conservarle el fuero y las prerrogativas, pero pedirle discretamente que no aparezca por el Senado porque su presencia incomoda políticamente.

Ni acusado formalmente en México ni políticamente exonerado; ni fuera del Senado ni plenamente integrado a su bancada. Una especie de senador fantasma.

El problema para Inzunza es que su situación difícilmente terminará con una ausencia en la plenaria morenista. Lo verdaderamente importante será observar qué pasos siguen las autoridades estadounidenses y, particularmente, si los señalamientos existentes derivan en acciones judiciales concretas que pudieran buscar llevarlo ante una corte de aquel país.

El gobernador con segunda licencia y el senador apestado ya son un problema en la relación bilateral para el gobierno mexicano y tan solo será cuestión de tiempo para que estén ambos ante la justicia norteamericana, al menos que se adelanten los sabuesos de la fiscal Ernestina Godoy y los encierren en el penal del Altiplano.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.