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Desde San Lázaro. Solo hay un mando. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

25 Ago 2026
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Desde San Lázaro. Solo hay un mando. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/Claudiashein

Después de que Rubén Rocha Moya quedó en el peor de los mundos, sin los aliados que durante años le permitieron sobrevivir políticamente y bajo la presión de la justicia estadounidense, la crisis sinaloense terminó por revelar algo mucho más profundo que el destino personal de un gobernador: dejó al descubierto los nuevos equilibrios de poder dentro del oficialismo y, particularmente, la decisión de Claudia Sheinbaum de ejercer plenamente la Presidencia de la República.

Lo ocurrido marca un punto de inflexión. Por primera vez quedó la impresión de una presidenta dispuesta a imponer su autoridad frente a quienes suponían que el poder real continuaba teniendo domicilio político en Palenque. La insubordinación de Rocha Moya y las resistencias generadas alrededor de su situación terminaron chocando con una realidad elemental: en México solo puede existir un centro formal de poder presidencial y, mientras Claudia Sheinbaum ocupe Palacio Nacional, cualquier intento de construir un mando paralelo terminará provocando una confrontación inevitable.

Ese es el primer gran saldo político de esta crisis. Sheinbaum mostró energía y carácter para contener lo que parecía convertirse en una rebelión dentro de la granja. Si detrás de Rocha existieron personajes interesados en desafiar las decisiones presidenciales, el resultado fue contraproducente: terminaron fortaleciendo a la mandataria y acelerando un proceso que tarde o temprano tendría que ocurrir, el deslinde político respecto de Andrés Manuel López Obrador.

No necesariamente significa una ruptura con su mentor ni mucho menos una declaración de guerra contra el obradorismo. Sería ingenuo plantearlo de esa manera. Lo que sí significa es que Sheinbaum parece haber entendido que no puede gobernar hasta 2030 bajo la égida permanente del expresidente. Los costos, errores, crisis y decisiones de Estado recaerán sobre ella y no sobre quien habita en Palenque. Por tanto, también debe ejercer plenamente las facultades presidenciales.

El segundo elemento es precisamente ese: comienza una nueva etapa del sexenio. La presidenta necesita construir su propio espacio de poder, fortalecer a sus colaboradores de confianza y establecer una línea de mando que no dependa de consultas, vetos o recomendaciones provenientes del pasado. Gobernar implica tomar decisiones que eventualmente afectarán intereses de personajes surgidos del propio movimiento. Si la titular del Poder Ejecutivo pretende preservar su autoridad tendrá que hacerlo, aunque ello provoque nuevas fracturas en Morena.

El tercer factor es Donald Trump. La relación con Estados Unidos constituye posiblemente el desafío exterior más importante para México en décadas, particularmente por la negociación comercial, las amenazas arancelarias, la seguridad fronteriza, el narcotráfico y las presiones de Washington sobre personajes mexicanos señalados por autoridades estadounidenses.

Trump continuará presionando a su contraparte mexicana hasta el último día de su mandato porque esa es su forma de negociar. Frente a ello México necesita inteligencia, mesura, firmeza y capacidad diplomática. No sirven los discursos incendiarios ni las cartas cargadas de una retórica ideológica que perdió eficacia hace décadas. Tampoco conviene transformar cada diferendo bilateral en una batalla por la soberanía destinada al consumo político interno.

La defensa de México debe hacerse en las mesas de negociación, protegiendo inversiones, empleos, exportaciones y las cadenas productivas construidas durante más de tres décadas de integración económica con Estados Unidos y Canadá. El T-MEC representa demasiado para el país como para convertirlo en rehén de disputas políticas internas.

Sheinbaum parece comprender que con Trump hay que negociar desde la realidad y no desde la retórica. Eso explica también por qué cualquier personaje del oficialismo que pueda convertirse en un obstáculo para la relación bilateral representa ahora un problema adicional para Palacio Nacional.

Existe un cuarto elemento, quizá el más interesante políticamente rumbo a 2027: la crisis interna demostró que Morena no es invencible.

Durante años se construyó la percepción de que el movimiento fundado por López Obrador era una maquinaria electoral prácticamente imposible de derrotar. Sin embargo, las disputas internas, las candidaturas a las gubernaturas, las ambiciones personales, el desgaste natural del ejercicio del poder, los narcopolíticos y ahora las diferencias entre los grupos identificados con Palenque y quienes responden directamente a la presidenta pueden abrir espacios que antes parecían inexistentes.

La renovación de la Cámara de Diputados y las gubernaturas que estarán en juego el próximo año representan la primera gran prueba electoral del gobierno de Sheinbaum. PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y las nuevas expresiones opositoras tendrán una oportunidad que podría desperdiciarse si continúan enfrascados en pleitos internos, dirigencias desacreditadas y estrategias construidas únicamente alrededor del antimorenismo.

La implosión del oficialismo no significa automáticamente el crecimiento opositor. Los votos no cambian de camiseta por generación espontánea. Para competir realmente se requieren candidatos competitivos, organización territorial, propuestas económicas y de seguridad creíbles y, sobre todo, convencer a millones de ciudadanos que pueden estar inconformes con Morena pero que tampoco encuentran una alternativa atractiva enfrente.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.