El próximo viernes 21 de agosto, a las 23:59 horas, es decir mañana, concluirá la consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y entonces conoceremos si el gobierno de Claudia Sheinbaum escuchó las numerosas advertencias sobre los riesgos que entraña el proyecto o si todo este ejercicio terminó siendo una simulación para legitimar una decisión tomada de antemano.
Lo que está en juego es algo mucho más importante: determinar hasta dónde puede llegar el Estado mexicano para regular los contenidos de los medios electrónicos sin cruzar la frontera que separa la protección de las audiencias de la censura.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió la consulta el 27 de julio y oficialmente sostiene que los lineamientos buscan garantizar derechos constitucionales de televidentes y radioescuchas. La presidenta Sheinbaum ha rechazado reiteradamente que exista intención alguna de censurar y su gobierno asegura que la autoridad no determinará qué información es verdadera ni sancionará contenidos periodísticos.
Hasta ahí la versión oficial, el problema está en los instrumentos.
La nueva regulación establece códigos de ética, defensores de las audiencias, procedimientos de inconformidad y la posibilidad de intervención de la CRT cuando una persona rechace la determinación del defensor o cuando un concesionario no atienda determinadas obligaciones.
Pero, ¿quién garantiza que mañana una autoridad reguladora no utilizará criterios aparentemente técnicos para presionar a una radiodifusora o televisora particularmente incómoda para el gobierno?
Las libertades democráticas no deben depender de las buenas intenciones de quien ocupa temporalmente Palacio Nacional.
Mucho menos cuando el organismo encargado de aplicar las reglas carece de la autonomía constitucional que tuvo el desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones y forma parte de una nueva arquitectura institucional surgida después de la desaparición de diversos organismos autónomos.
La controversia escaló después de la exhibición pública de periodistas y críticos, “la lista de Sheinbaum” episodio que acrecentó las sospechas sobre el alcance de la regulación y obligó al gobierno a reaccionar. La presión ha sido tal que la propia Presidenta reconoció que los lineamientos requieren adecuaciones para eliminar ambigüedades, mientras la CRT ha anticipado modificaciones después de la consulta.
Morena y sus aliados dominan el Legislativo y el Poder Legislativo; la reforma judicial transformó profundamente la integración y los mecanismos de elección del Poder Judicial; desaparecieron varios organismos constitucionales autónomos y la CNDH hace tiempo que dejó de representar para muchos críticos el contrapeso que debería ser frente al Ejecutivo.
Y si faltara algo, ahora la discusión alcanza a los medios de comunicación.
Demasiado poder concentrado siempre debe preocupar a una democracia, independientemente de quién gobierne.
Y el momento político tampoco puede separarse del análisis.
México se aproxima a las elecciones intermedias de 2027, donde se renovará la Cámara de Diputados y estarán en disputa 17 gubernaturas. Morena continúa siendo la fuerza política dominante, pero comienza a enfrentar el desgaste natural del ejercicio del poder, gobiernos estatales cuestionados, acusaciones de narcopolíticos y una oposición que intentará convertir cada controversia del oficialismo en argumento electoral.
Por ello resulta inevitable preguntarse si esta nueva regulación terminará generando un efecto inhibitorio precisamente cuando el país entra en una etapa de intensa competencia política.
La censura del siglo XXI no necesita policías entrando a las redacciones. Es mucho más sofisticada.
Puede operar mediante sanciones económicas, procedimientos administrativos, criterios ambiguos y regulaciones que provoquen que directivos, concesionarios y periodistas comiencen a preguntarse, antes de publicar una investigación o emitir una opinión, cuánto podría costarles hacerlo.
Eso se llama autocensura.
Y resulta tan peligrosa como la censura abierta.
Seguramente habrá comentarios serios en la consulta pública de especialistas, académicos, periodistas, concesionarios y ciudadanos que legítimamente exijan mejores mecanismos para defender sus derechos como audiencias. También habrá posiciones favorables y contrarias al proyecto.
Así funciona una democracia. Lo fundamental será saber qué hará la autoridad con esas opiniones.
Si después del 21 de agosto los lineamientos permanecen esencialmente intactos pese a las objeciones sustantivas, la sospecha de simulación crecerá. Si se eliminan ambigüedades y se establecen garantías inequívocas contra cualquier intervención gubernamental en contenidos periodísticos, la consulta habrá cumplido una función.
La libertad de expresión no tiene propietarios. Pertenece a los ciudadanos.
Atentos a las conclusiones de la consulta pública y más atentos a los golpes del totalitarismo contra la libertad de expresión.
