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Desde San Lázaro. Se buscan candidatos competitivos. Por. Alejo Sánchez Cano Destacado

10 Ago 2026
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Desde San Lázaro. Se buscan candidatos competitivos. Por. Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/INEMexicoE

Los tiempos políticos avanzan vertiginosamente y, a diez meses de las elecciones intermedias de 2027, todos los partidos navegan a contracorriente: unos para conservar el poder y otros para arrebatárselo. Morena arranca con ventajas evidentes por su condición de gobierno, la fortaleza territorial que ha construido, el peso político de los programas sociales y, sobre todo, porque comenzó mucho antes que sus adversarios la movilización de sus aspirantes.

Lo que estará en juego explica la voracidad de los partidos: se renovarán los 500 integrantes de la Cámara de Diputados —300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional—, 17 gubernaturas y numerosos congresos locales, ayuntamientos y alcaldías.

No estamos, por tanto, frente a una elección menor.

Para Claudia Sheinbaum será el primer gran referéndum electoral de su sexenio y para Morena una prueba fundamental: conservar la mayoría en San Lázaro será indispensable para mantener capacidad legislativa durante la segunda mitad del gobierno.

El oficialismo parte como favorito, pero llega a la contienda con flancos que la oposición tratará de explotar.

Uno de ellos será la narrativa opositora que pretende colocar sobre Morena la etiqueta de "narcopartido", a partir de señalamientos sobre presuntos vínculos de personajes políticos con organizaciones criminales. A ello se suma la expectativa sobre eventuales investigaciones o acciones de autoridades estadounidenses contra políticos mexicanos.

En una campaña electoral las percepciones pueden causar daños mucho antes de que los tribunales dicten sentencia.

Además, el ejercicio del poder desgasta y hay gobernadores de Morena tan mal calificados que se anticipan grandes derrotas para la 4T.

La oposición lo sabe.

PAN, PRI y Movimiento Ciudadano tienen frente a sí una oportunidad que hace algunos meses parecía bastante más reducida. A ellos se sumarán las nuevas fuerzas políticas que enfrentarán en 2027 su primera prueba nacional.

El problema opositor comienza desde sus dirigencias.

Los liderazgos nacionales de Jorge Romero en el PAN, Alejandro Moreno en el PRI y Jorge Álvarez Máynez en Movimiento Ciudadano no necesariamente generan el entusiasmo suficiente para construir por sí solos una gran movilización electoral. PAN y PRI, sin embargo, todavía conservan estructuras, gobiernos locales y liderazgos regionales capaces de disputar seriamente determinados territorios.

Ahí puede estar una de las claves.

La elección de 2027 no necesariamente se ganará desde las oficinas nacionales de los partidos, sino distrito por distrito, municipio por municipio y estado por estado.

Por ello, más que la propaganda y los discursos nacionales, el verdadero reto de todas las fuerzas políticas será seleccionar candidatos competitivos.

Un mal candidato puede destruir una buena marca partidista; uno con arraigo, prestigio y estructura territorial puede revertir tendencias aparentemente irreversibles.

Y precisamente ahí Morena enfrentará uno de sus mayores peligros.

Cuando comiencen las definiciones habrá ganadores, pero muchos más perdedores.

La pregunta es qué harán quienes queden fuera.

Algunos aceptarán disciplinadamente las decisiones de Morena, pero otros buscarán cobijo en el PT o el PVEM y no sería extraño que algunos terminaran tocando las puertas de la oposición si consideran que tienen suficiente capital político para competir.

Porque repartir candidaturas cuando sobran aspirantes siempre deja heridos.

Para las nuevas fuerzas políticas, como Somos México y Paz, la situación será todavía más dramática. No basta obtener el registro; tendrán que conservarlo en las urnas.

La Ley General de Partidos Políticos establece que un partido político nacional pierde su registro si no obtiene por lo menos 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales correspondientes.

Eso significa que para los nuevos partidos 2027 será literalmente una elección de vida o muerte.

Tendrán que construir en unos cuantos meses estructuras territoriales, seleccionar cientos de candidatos, conseguir representantes de casilla, posicionar una marca desconocida y convencer a millones de ciudadanos de que representan algo diferente a las fuerzas tradicionales.

No será sencillo.

Mucho menos porque existe otro adversario que todos los partidos parecen subestimar: el abstencionismo.

El antecedente inmediato es revelador. En la elección intermedia federal de 2021 la participación ciudadana fue de alrededor de 52.7%, una cifra elevada para una elección sin presidente de la República en la boleta, pero que también significa que prácticamente la mitad del electorado decidió quedarse en casa.

Por ello, la selección de candidatos será mucho más importante de lo que algunos dirigentes imaginan.

Morena tendrá que demostrar si puede administrar su abundancia sin fracturarse; PAN y PRI, si sus estructuras regionales todavía tienen músculo para disputar territorios; Movimiento Ciudadano, si realmente puede convertirse en una alternativa nacional, y los nuevos partidos, si nacieron para representar causas ciudadanas o simplemente para engrosar la nómina del financiamiento público.

En 2027 no sólo estarán en juego gubernaturas y curules, también comenzará a escribirse la sucesión presidencial de 2030.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.