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Desde San Lázaro. Sheinbaum; el árbitro de la verdad. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

30 Jul 2026
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Desde San Lázaro. Sheinbaum; el árbitro de la verdad. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/claudiashein

Toda tentación autoritaria comienza con un argumento aparentemente noble.

En nombre de la seguridad se restringen libertades; en nombre del orden se fortalecen los controles del Estado; en nombre del combate a la desinformación se pretende regular la libertad de expresión.

Eso es exactamente lo que hoy comienza a discutirse en México bajo el concepto de la protección de los derechos de las audiencias.

En principio nadie podría oponerse a que los ciudadanos reciban información de calidad o que los medios actúen con responsabilidad profesional. El problema aparece cuando el Estado deja de ser garante de derechos para convertirse en juez de los contenidos periodísticos.

Ese es el verdadero riesgo.

La consulta pública sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abre un debate que rebasa por mucho a la radio y la televisión. El anteproyecto establece nuevas obligaciones para los concesionarios, crea procedimientos administrativos de queja y otorga a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones la facultad de imponer sanciones cuando considere que un medio incumple con esos derechos.

Sin embargo, la preocupación surge cuando aparecen conceptos cuya interpretación depende inevitablemente del criterio de la autoridad. ¿Qué debe entenderse por "información veraz"? ¿Quién determina cuándo una información está "descontextualizada"? ¿Qué autoridad decidirá cuándo un hecho histórico fue presentado incorrectamente como un acontecimiento actual?

La respuesta no puede ser un funcionario.

En una democracia, la verdad no se decreta desde una oficina pública.

La verdad se construye mediante el contraste de fuentes, el debate público, la investigación periodística, el derecho de réplica y la autoregulación de los mismos medios de comunicación. Precisamente ahí reside la esencia de la libertad de expresión.

La historia enseña que la censura rara vez aparece de manera frontal.

Generalmente comienza con medidas razonables, bien intencionadas y socialmente aceptables. Primero se regulan algunos contenidos. Después se amplían las facultades del regulador. Más adelante llegan las sanciones económicas y finalmente aparece el incentivo más peligroso para cualquier periodista o empresa informativa: la censura.

Más preocupante aún resulta que la propia presidenta Claudia Sheinbaum haya planteado la posibilidad de que una regulación semejante pueda discutirse más adelante para la prensa escrita y las plataformas digitales. Aunque aclaró que actualmente esa posibilidad no forma parte del proyecto, el solo hecho de colocar el tema sobre la mesa anticipa un debate que merece toda la atención de la sociedad mexicana.

El problema trasciende el ámbito jurídico.

Tiene profundas implicaciones políticas y transgresión de los derechos humanos como la libertad de expresión.

Durante los últimos años, desde el poder se ha construido una narrativa según la cual buena parte de la prensa crítica representa intereses económicos o políticos adversos al gobierno. En las conferencias matutinas se descalifica sistemáticamente a periodistas, analistas y medios de comunicación que cuestionan las decisiones oficiales. En ese contexto, cualquier ampliación de las facultades regulatorias inevitablemente genera sospechas.

Estamos ante la posibilidad que la mañanera tenga dientes para sancionar a los medios y periodistas incomodos con argumentos falaces y con toda la carga del Estado, en donde la misma presidenta de la República se encargar de llevar a la hoguera de la inquisición a los que piensan diferente a ella.

Se vislumbra un régimen autoritario y no una democracia.

Las democracias dependen de los límites constitucionales al ejercicio del poder.

Lo que pretende la 4T es entregar al Estado la facultad de decidir qué información puede difundirse y cuál merece una sanción.

La mejor respuesta frente a la desinformación nunca será la censura.

Será más periodismo, más transparencia, mayor competencia entre medios, más alfabetización digital y ciudadanos capaces de formar su propio juicio. Esa sigue siendo la defensa más eficaz de los derechos de las audiencias.

Porque la libertad de expresión no existe para proteger los discursos cómodos.

Existe precisamente para garantizar que las opiniones incómodas, críticas e incluso equivocadas puedan circular sin miedo a represalias del poder.

Cuando el Estado comienza a decidir qué puede decirse y qué no, la discusión deja de ser sobre los derechos de las audiencias.

Empieza a ser sobre los derechos del gobierno.

Y esa diferencia es la que separa a una democracia de un régimen donde el poder pretende convertirse en el árbitro de la verdad.

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El apunte del director

  • Noviembre 2026

    EL INE PODRIDO

    La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE y la posterior salida de 15 funcionarios vinculados con su administración constituyen uno de los capítulos más graves en la historia reciente del árbitro electoral mexicano.

    No estamos frente a una simple crisis administrativa. Existen investigaciones sobre contrataciones, posibles conflictos de interés y manejo de recursos públicos que involucran a funcionarios, particulares y empresas. La ASF mantiene abierta una investigación de oficio y el propio Órgano Interno de Control del INE reportó pesquisas relacionadas con contrataciones públicas. Las responsabilidades individuales tendrán que probarse, pero el daño a la credibilidad institucional ya está hecho.

    El problema viene de atrás.

    Andrés Manuel López Obrador dedicó buena parte de su sexenio a confrontar al INE encabezado por Lorenzo Córdova y a consejeros como Ciro Murayama, precisamente cuando el Instituto representaba uno de los principales contrapesos institucionales frente al poder presidencial.

    Después vino Taddei.

    Llegó a la presidencia mediante el mecanismo constitucional de insaculación y su gestión fue cuestionada desde el comienzo por sectores que advertían cercanía con personajes del oficialismo. Tres años después se marchó en medio de acusaciones sobre contratos y relaciones con proveedores.

    Sería ingenuo pensar que con la renuncia de Taddei terminó el problema.

    El INE llega golpeado a las elecciones intermedias de 2027 y ahora comenzará una batalla todavía más importante: la designación de su nueva presidencia.

    Ahí debemos poner todos los reflectores.

    La persona que sustituya definitivamente a Taddei no puede responder a Morena, al gobierno de Claudia Sheinbaum ni tampoco a la oposición. Tiene que responder exclusivamente a la Constitución y a los ciudadanos.

    Sin embargo, la presidenta de México va a nombrar a uno de sus incondicionales para presidir a este organismo y con ello se dará más un paso al INE subordinado a la SEGOB.

    Porque después de Taddei cualquier sospecha de subordinación partidista será veneno para la credibilidad electoral.

    México se aproxima a unas elecciones intermedias gigantescas y después vendrá la sucesión presidencial de 2030. No podemos llegar a esas citas con un árbitro cuestionado, sometido o desprestigiado.

    La democracia no pertenece a Morena, al PAN, al PRI, a Movimiento Ciudadano ni al gobierno.

    Pertenece a los ciudadanos.

    Por eso hay que defender al INE ciudadano.

    Un árbitro sometido al poder siempre beneficia a quien gobierna y perjudica a quien algún día necesitará elecciones confiables para sustituirlo.

    El escándalo Taddei dejó una advertencia brutal: destruir una institución cuesta poco; recuperar su credibilidad puede tardar años.

    En estos momentos el INE está podrido en sus entrañas y mientras no se demuestre lo contrario, con esa etiqueta llegará a la elección intermedia en detrimento de la democracia mexicana, pero eso parece poco importarle al oficialismo, mientras ganen las elecciones con un arbitro sometido.