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Desde San Lázaro. Magistrados eternos. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

29 May 2026
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Desde San Lázaro. Magistrados eternos. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/TEPJF_informa

La posibilidad de permitir la reelección de magistrados electorales en México no es una simple reforma administrativa ni un ajuste técnico al sistema judicial-electoral. Se trata de una decisión con profundas implicaciones políticas que garantiza el control del oficialismo sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La propuesta que se aprobó en la Cámara de Diputados –pasará a la de senadores- permitiría que algunos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permanezcan hasta 17 años en el cargo. Una auténtica eternización en posiciones que deberían caracterizarse por la imparcialidad, la temporalidad y la independencia.

El tema ha generado enorme inquietud en el ámbito político y entre especialistas en derecho constitucional, no solo por la duración de los cargos, sino por los nombres que resultarían directamente beneficiados: Mónica Soto, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera.

Los tres magistrados jugaron un papel decisivo en una de las resoluciones más controvertidas del proceso electoral de 2024: la validación de la sobrerrepresentación legislativa que permitió a Morena y sus aliados alcanzar una mayoría calificada en el Congreso.

Aunque el oficialismo obtuvo alrededor del 54 por ciento de la votación para la Cámara de Diputados, terminó controlando cerca del 73 por ciento de las curules gracias a la distribución de legisladores plurinominales avalada por el Tribunal Electoral. En el Senado ocurrió algo similar, otorgándole al bloque gobernante una capacidad legislativa muy superior al porcentaje real de votos obtenido en las urnas.

Esa decisión fue clave para que Morena pudiera avanzar en reformas constitucionales estratégicas, particularmente en materia judicial y electoral.

Sin aquella interpretación favorable del Tribunal, el oficialismo habría enfrentado enormes dificultades para construir la mayoría requerida para modificar la Constitución.

Así que la eventual eternización en el cargo de magistrados representa una recompensa política.

El mensaje sería devastador para la credibilidad institucional del Tribunal Electoral: quienes tomaron decisiones favorables al poder reciben como premio la posibilidad de prolongar su permanencia durante casi dos décadas.

La democracia necesita árbitros electorales independientes, no funcionarios cuya permanencia dependa de la cercanía política con el gobierno en turno.

La Sala Superior del Tribunal Electoral es la última instancia encargada de calificar elecciones presidenciales, resolver impugnaciones y garantizar la legalidad de los procesos democráticos. Su autonomía resulta fundamental para preservar la confianza ciudadana en las elecciones.

Permitir que magistrados permanezcan hasta 17 años en el cargo rompe con el principio republicano de renovación institucional y abre la puerta a la captura política de los órganos electorales.

Ninguna democracia sólida puede funcionar adecuadamente cuando los árbitros parecen alineados con uno de los equipos en competencia.

Además, la propuesta llega en un contexto especialmente delicado.

La reforma judicial impulsada por el oficialismo ya generó fuertes críticas por debilitar la autonomía del Poder Judicial mediante la elección popular de jueces y magistrados. Ahora, la posibilidad de reelegir magistrados electorales profundiza la percepción de que Morena busca consolidar un control a largo plazo sobre las instituciones encargadas de organizar, vigilar y calificar las elecciones.

En otras palabras, el oficialismo no solo busca ganar elecciones; también pretende controlar a quienes las arbitran.

El argumento de quienes defienden la reforma sostiene que la experiencia y continuidad de los magistrados permitiría fortalecer la estabilidad institucional. Pero la experiencia internacional demuestra justamente lo contrario: los periodos excesivamente largos suelen generar redes de influencia política, burocracias cerradas, pérdida de independencia y corrupción.

En democracias consolidadas, los límites temporales existen precisamente para evitar la concentración prolongada de poder.

Legisladores opositores advierten que el verdadero objetivo es blindar jurídicamente al oficialismo rumbo a las elecciones intermedias y, sobre todo, hacia la sucesión presidencial de 2030.

Después de las polémicas resoluciones electorales de 2024, la confianza ciudadana en la imparcialidad del Tribunal ya presenta señales de desgaste. Una reforma que beneficie directamente a magistrados vinculados con esas decisiones solo agravaría la percepción de subordinación política.

México atraviesa un momento crítico para sus instituciones democráticas, en los hechos estamos hablando de los golpes de gracia dados por el oficialismo a la democracia mexicana

La concentración de poder en el Ejecutivo, las reformas judiciales-electorales, la cooptación sobre organismos electorales y la desaparición de organismos que fungían como contrapesos al presidente en turno, han debilitado varios de los equilibrios republicanos construidos durante décadas.

Por eso la eventual reelección de magistrados electorales no puede analizarse de forma aislada.

Forma parte de una estrategia más amplia para consolidar el predominio político del oficialismo mediante el control total del Poder Judicial.

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El apunte del director

  • Noviembre 2026

    EL INE PODRIDO

    La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE y la posterior salida de 15 funcionarios vinculados con su administración constituyen uno de los capítulos más graves en la historia reciente del árbitro electoral mexicano.

    No estamos frente a una simple crisis administrativa. Existen investigaciones sobre contrataciones, posibles conflictos de interés y manejo de recursos públicos que involucran a funcionarios, particulares y empresas. La ASF mantiene abierta una investigación de oficio y el propio Órgano Interno de Control del INE reportó pesquisas relacionadas con contrataciones públicas. Las responsabilidades individuales tendrán que probarse, pero el daño a la credibilidad institucional ya está hecho.

    El problema viene de atrás.

    Andrés Manuel López Obrador dedicó buena parte de su sexenio a confrontar al INE encabezado por Lorenzo Córdova y a consejeros como Ciro Murayama, precisamente cuando el Instituto representaba uno de los principales contrapesos institucionales frente al poder presidencial.

    Después vino Taddei.

    Llegó a la presidencia mediante el mecanismo constitucional de insaculación y su gestión fue cuestionada desde el comienzo por sectores que advertían cercanía con personajes del oficialismo. Tres años después se marchó en medio de acusaciones sobre contratos y relaciones con proveedores.

    Sería ingenuo pensar que con la renuncia de Taddei terminó el problema.

    El INE llega golpeado a las elecciones intermedias de 2027 y ahora comenzará una batalla todavía más importante: la designación de su nueva presidencia.

    Ahí debemos poner todos los reflectores.

    La persona que sustituya definitivamente a Taddei no puede responder a Morena, al gobierno de Claudia Sheinbaum ni tampoco a la oposición. Tiene que responder exclusivamente a la Constitución y a los ciudadanos.

    Sin embargo, la presidenta de México va a nombrar a uno de sus incondicionales para presidir a este organismo y con ello se dará más un paso al INE subordinado a la SEGOB.

    Porque después de Taddei cualquier sospecha de subordinación partidista será veneno para la credibilidad electoral.

    México se aproxima a unas elecciones intermedias gigantescas y después vendrá la sucesión presidencial de 2030. No podemos llegar a esas citas con un árbitro cuestionado, sometido o desprestigiado.

    La democracia no pertenece a Morena, al PAN, al PRI, a Movimiento Ciudadano ni al gobierno.

    Pertenece a los ciudadanos.

    Por eso hay que defender al INE ciudadano.

    Un árbitro sometido al poder siempre beneficia a quien gobierna y perjudica a quien algún día necesitará elecciones confiables para sustituirlo.

    El escándalo Taddei dejó una advertencia brutal: destruir una institución cuesta poco; recuperar su credibilidad puede tardar años.

    En estos momentos el INE está podrido en sus entrañas y mientras no se demuestre lo contrario, con esa etiqueta llegará a la elección intermedia en detrimento de la democracia mexicana, pero eso parece poco importarle al oficialismo, mientras ganen las elecciones con un arbitro sometido.