“Somos lo mismo, somos el mismo proyecto”. La frase pronunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no deja espacio para interpretaciones: el obradorismo no terminó con la salida de Andrés Manuel López Obrador de Palacio Nacional. Sigue vivo, operando, definiendo decisiones y marcando la ruta política del actual gobierno.
La continuidad no solamente se refleja en el discurso. También está presente en las formas, en la connivencia, en las estrategias de movilización y en la narrativa de confrontación permanente que caracterizó al sexenio anterior.
La presidenta ha decidido celebrar el segundo aniversario de su triunfo electoral con concentraciones masivas en las 32 entidades del país, replicando el estilo de movilización política que durante años utilizó López Obrador para medir fuerza, cohesionar estructuras y enviar mensajes de poder.
No se trata únicamente de una celebración partidista.
El objetivo es exhibir músculo político, llenar plazas con miles de acarreados y con ello mandar una señal tanto al interior del país como al exterior, particularmente a la Casa Blanca en Washington: la Cuarta Transformación mantiene respaldo popular y capacidad de movilización territorial.
El problema es que esa narrativa dista de reflejar la realidad completa del país.
México sigue profundamente polarizado. Más de la mitad de los mexicanos no comparte muchas de las decisiones, posturas o reformas impulsadas por el oficialismo. Incluso entre beneficiarios de programas sociales existe creciente inconformidad por temas como inseguridad, crisis económica, deterioro institucional y falta de resultados en áreas clave.
Los programas asistenciales han consolidado una base electoral importante para Morena, pero eso no significa unanimidad social ni respaldo absoluto.
Sin embargo, el obradorato entiende perfectamente el valor político de la imagen pública.
Las plazas llenas, las concentraciones multitudinarias y los eventos masivos forman parte de una estrategia diseñada para proyectar fortaleza frente a adversarios internos y externos. Y hoy, el principal frente externo se encuentra en Washington.
La relación con el gobierno de Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más tensos.
El fracaso de la reunión celebrada la semana pasada en Palacio Nacional entre la mandataria mexicana y Markwayne Mullin, el director de Homeland Segurity, avivó la postura estadounidense contra su contraparte mexicana y ello provocará de inmediato, nuevas listas de narcopolíticos mexicanos que saldrán a la luz, además de los 10 de Sinaloa.
Las investigaciones abiertas en cortes estadounidenses contra personajes vinculados con Morena han elevado la presión política sobre el gobierno mexicano. Particularmente delicado resulta el caso de los llamados “narcopolíticos” de Sinaloa, encabezados por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios señalados por autoridades norteamericanas.
Ahí es donde la continuidad del obradorato se vuelve más evidente.
Lejos de marcar distancia o permitir investigaciones independientes, la presidenta ha asumido una defensa política frontal de Rocha Moya y del senador Enrique Inzunza Cázarez, incluso después de que dos de los implicados – el general retirado Gerardo Mérida y Enrique Diaz Vega- decidieran entregarse a autoridades estadounidenses para buscar beneficios judiciales como testigos protegidos.
La lógica política parece clara: proteger a los cuadros del movimiento para evitar que las investigaciones escalen hacia niveles superiores del obradorato.
Y ahí es donde surge la sospecha que comienza a recorrer los pasillos de San Lázaro.
Porque la intensidad de la defensa presidencial genera inevitablemente preguntas incómodas. ¿Por qué asumir un costo político tan elevado por personajes bajo investigación? ¿Por qué desgastar al gobierno defendiendo a funcionarios señalados por cortes extranjeras?
La respuesta que muchos opositores sugieren es contundente: porque el objetivo real sería blindar no solamente a los acusados actuales, sino también al legado político del sexenio anterior.
La presidenta parece dispuesta a pagar el costo político que implique proteger a su antecesor y evitar que las investigaciones estadounidenses terminen salpicando al círculo más cercano del expresidente.
Y ese costo puede ser enorme.
En Washington entienden perfectamente que las investigaciones relacionadas con la narcopolítica mexicana tienen un enorme potencial en las elecciones intermedias de noviembre próximo.
Los legisladores oficialistas saben que el obradorismo sigue siendo el eje rector del poder. Claudia Sheinbaum gobierna, sí, pero bajo la enorme sombra política de López Obrador.
Las decisiones estratégicas, las movilizaciones masivas, la confrontación con organismos internacionales y la defensa cerrada del movimiento reflejan una continuidad absoluta.
No hay ruptura. No hay deslinde.
Y mientras la presidenta mantenga la decisión de proteger a lo más pestilente del movimiento político que representa, incluso frente a investigaciones internacionales, el costo político podría crecer peligrosamente para una administración que prometió continuidad, pero que ahora enfrenta el riesgo de cargar también con los pasivos más oscuros del sexenio anterior.
