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Desde San Lázaro. Maru Campos para presidenta. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

30 Abr 2026
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Desde San Lázaro. Maru Campos para presidenta. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/MaruCampos_G

Desde el oficialismo se construyen candidaturas de la oposición. La mayoría de las veces sin proponérselo, otras con torpeza estratégica. Lo cierto es que el fenómeno no es nuevo: quien es colocado sistemáticamente en el centro del debate, quien es señalado, atacado y confrontado desde el poder, termina por adquirir una visibilidad que difícilmente lograría por sí mismo. Y hoy, ese proceso parece estar ocurriendo con María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua.

La historia reciente ofrece un antecedente claro. Fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien, con sus constantes señalamientos, terminó por catapultar a Xóchitl Gálvez como figura central de la oposición. Aquella escena en la que Gálvez intentó ingresar a Palacio Nacional para ejercer su derecho de réplica no solo generó un choque mediático, sino que detonó una narrativa de confrontación que la posicionó rápidamente en el imaginario público. El efecto fue inmediato: de figura relevante pasó a convertirse en candidata presidencial.

Hoy, la historia parece repetirse, aunque con distintos protagonistas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado en la mira a la gobernadora de Chihuahua, insistiendo en una supuesta violación a la ley de seguridad nacional derivada de la incursión de agentes extranjeros en territorio estatal. El señalamiento es delicado, sin duda, pero también ha sido reiterado con una intensidad que trasciende lo meramente institucional.

La respuesta de Maru Campos ha sido clara y constante: no tenía conocimiento del operativo y, por lo tanto, no existe delito que perseguir en su contra. La gobernadora ha optado por una línea de defensa que combina negación de responsabilidad con un llamado a no politizar el tema. Sin embargo, en política, la narrativa no siempre se define por los hechos, sino por la insistencia con la que estos se colocan en la agenda.

El Congreso no ha sido ajeno a esta dinámica. Desde la mayoría oficialista, legisladores de Morena han escalado el tono al plantear la posibilidad de un juicio político e incluso su desafuero. El argumento: la supuesta desatención a un llamado de la Cámara alta. Pero aquí hay un matiz importante que no debe perderse de vista: no se trataba de una comparecencia obligatoria, sino de una invitación. Convertir una invitación en causal de sanción revela, cuando menos, una sobrerreacción con tintes políticos.

Este tipo de embates suelen tener un efecto paradójico y contradictorio. Lejos de debilitar al objetivo, pueden fortalecerlo. En un escenario donde el Partido Acción Nacional atraviesa por una evidente falta de liderazgos nacionales consolidados, la exposición constante de Maru Campos en el debate público comienza a perfilarla como una figura con proyección más allá de su estado.

La lógica es sencilla: a mayor ataque, mayor visibilidad; a mayor visibilidad, mayor posicionamiento. Y en un país donde las candidaturas presidenciales se construyen, en buena medida, a partir del reconocimiento público, ese posicionamiento es oro puro.

No se trata de afirmar que Maru Campos sea ya una candidata inevitable, pero sí de reconocer que el oficialismo podría estar contribuyendo, sin quererlo, a su construcción política. La insistencia en señalarla, en confrontarla y en elevar el conflicto al plano nacional la coloca en un nivel que trasciende la política local.

Para la presidenta Sheinbaum, el cálculo puede ser distinto. Marcar distancia, fijar postura y demostrar firmeza frente a posibles irregularidades forma parte de su responsabilidad institucional. Sin embargo, en política, la forma importa tanto como el fondo. Y cuando la crítica se vuelve recurrente y personalizada, el efecto puede ser contrario al esperado.

El PAN, por su parte, observa. En un contexto donde la oposición ha tenido dificultades para articular una figura competitiva a nivel nacional, la emergencia de perfiles con capacidad de confrontar al oficialismo se vuelve estratégica. Si Maru Campos logra capitalizar esta exposición, no sería descabellado pensar en su eventual proyección como candidata presidencial.

Desde San Lázaro, donde se procesan muchas de estas tensiones, el ambiente refleja una polarización creciente. Las mayorías legislativas actúan con disciplina, pero también con una lógica de confrontación que, en ocasiones, termina alimentando a sus adversarios.

La pregunta de fondo es si el oficialismo está midiendo correctamente los efectos de sus acciones. La política no siempre se gana debilitando al otro; a veces, en el intento, se le fortalece. Y eso parece estar ocurriendo en este caso.

Porque al final, más allá de los expedientes, los señalamientos y las disputas legislativas, lo que queda en la percepción pública es una figura que resiste, que responde y que permanece en el centro del debate. Y en tiempos de definición política, eso puede ser el primer paso hacia una candidatura.

Así, sin proponérselo abiertamente, el oficialismo podría estar incubando a una nueva contendiente. La historia ya mostró que no sería la primera vez.

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El apunte del director

  • Octubre 2026

    Una decapitación orquestada desde la 4T

    La decapitación de la estatua del expresidente Felipe Calderón en Los Pinos no puede reducirse a una anécdota de protesta sindical ni mucho menos justificarse como un simple acto simbólico contra quien decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Lo ocurrido es un acto de vandalismo dentro de un recinto administrado por el Estado y, por ello, plantea una pregunta elemental: ¿cómo fue posible que un grupo de manifestantes ingresara, destruyera una escultura y se paseara con su cabeza sin que la seguridad del lugar lo impidiera?

    Los hechos están documentados. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, azuzados por Jesús Ramírez Cuevas, asesor presidencial, ingresaron al Complejo Cultural Los Pinos después de manifestarse contra Calderón, quien participaba en el Foro América Libre 2026. Los inconformes encontraron la estatua en el suelo, donde permanecía desde que un árbol la derribó en 2025, y procedieron a golpearla hasta desprenderle la cabeza. Uno de los participantes incluso caminó con ella antes de arrojarla contra el piso.

    La primera responsabilidad del gobierno es por omisión. Durante más de un año permitió que una pieza perteneciente al acervo histórico de Los Pinos permaneciera abandonada en el suelo. En julio de 2025, la dirección del complejo había anunciado que sería restaurada y reinstalada; eso no ocurrió.

    La segunda responsabilidad es todavía más grave: la incapacidad o falta de voluntad de la seguridad del recinto para impedir su destrucción. Los reportes disponibles señalan que durante el vandalismo no hubo intervención policial ni del personal encargado de proteger el Centro Cultural.

    Y allí aparece el problema político.

    No existe hasta ahora evidencia pública que permita asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la agresión o que Jesús Ramírez instruyó al SME para destruir la estatua. Afirmarlo como hecho sin pruebas desviaría la atención de algo que sí puede exigirse al gobierno: explicar por qué permitió que ocurriera dentro de un inmueble bajo responsabilidad federal y por qué nadie protegió un bien que formaba parte del recinto.

    Porque el Estado de derecho también se defiende cuando el personaje agraviado es un adversario político.

    Felipe Calderón puede ser cuestionado por sus decisiones de gobierno; el SME tiene todo el derecho de repudiar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, protestar contra el expresidente y exigir justicia por lo que considere agravios históricos. Lo que nadie tiene derecho a hacer es sustituir la protesta por la destrucción de bienes dentro de instalaciones públicas.

    Un gobierno democrático no puede administrar la legalidad dependiendo de quién sea la víctima. Si mañana un grupo contrario a López Obrador destruyera una estatua suya dentro de un recinto federal mientras los guardias observan pasivamente, el oficialismo reclamaría —con razón— la aplicación de la ley.

    Ese mismo principio debe valer para Calderón.

    La escena de Los Pinos es particularmente desafortunada porque convierte la intolerancia política en espectáculo: una estatua decapitada, una cabeza paseada como trofeo y una autoridad aparentemente incapaz de detener la destrucción.

    La Presidencia y la Secretaría de Cultura deberían explicar qué ocurrió, quién tenía bajo su responsabilidad la seguridad del complejo, por qué no intervino y qué consecuencias habrá.

    No hacerlo significaría enviar un mensaje peligroso: que en México existen actos de vandalismo tolerables dependiendo de contra quién se cometan.

    Y cuando el poder comienza a seleccionar qué patrimonio merece protección y qué adversario merece el abandono, lo que termina decapitado no es solamente una estatua.

    Es el principio elemental de que la ley debe aplicarse a todos por igual.