En México, las grandes reformas suelen comenzar con anuncios grandilocuentes y terminar enfrentándose con la realidad presupuestal. El reciente anuncio gubernamental para crear un sistema universal de salud, cuyo primer paso será un censo nacional acompañado de credencialización ciudadana para acceder a los programas del bienestar, parece encajar perfectamente en esa lógica: una narrativa políticamente rentable que llega justo cuando el calendario electoral comienza a marcar el ritmo de las decisiones públicas.

El gobierno lo presenta como un avance histórico hacia la cobertura total. Sin embargo, visto desde la operación real del Estado, el proyecto plantea más preguntas políticas que certezas sanitarias.

Porque el problema del sistema de salud mexicano no es saber cuántos ciudadanos existen ni identificarlos con una credencial adicional. El problema es que los hospitales están saturados, el personal médico es insuficiente, los medicamentos siguen faltando de manera intermitente y la infraestructura pública no crece al ritmo de la demanda.

Anunciar universalidad sin ampliar capacidades equivale a prometer acceso donde no existen condiciones materiales para garantizarlo.

La decisión de iniciar con un censo y una credencialización masiva revela la verdadera prioridad del proyecto: construir un padrón centralizado vinculado a los programas sociales del gobierno federal. No se trata únicamente de salud; se trata de integrar en una sola plataforma administrativa a millones de beneficiarios del bienestar.

Y ahí aparece inevitablemente la lectura electoral.

En un país donde los programas sociales representan el principal vínculo directo entre gobierno y ciudadanía, la creación de una nueva credencial que funcione como puerta de entrada a apoyos públicos fortalece la capacidad de movilización política del aparato gubernamental. La salud, así, deja de ser exclusivamente una política pública para convertirse también en una herramienta de consolidación política rumbo a los próximos procesos electorales.

No es casual el timing.

La universalización sanitaria se anuncia cuando el oficialismo busca consolidar su base social tras una transición presidencial y frente a elecciones intermedias que definirán el equilibrio político del Congreso. En términos políticos, ampliar beneficiarios equivale a ampliar expectativas; y las expectativas, en democracia, también generan lealtades.

El problema es que la realidad del sistema sanitario no admite discursos prolongados.

Desde la desaparición del Seguro Popular, el sector salud ha atravesado una reorganización permanente que aún no logra estabilizarse. Las instituciones continúan fragmentadas, los sistemas administrativos no están plenamente integrados y el financiamiento público permanece lejos de los estándares internacionales necesarios para sostener un modelo universal.

México destina significativamente menos recursos públicos a salud que países con cobertura efectiva. Sin una expansión presupuestaria estructural —que implicaría decisiones fiscales políticamente costosas— la universalización corre el riesgo de convertirse en un derecho nominal sin capacidad operativa.

En términos simples: más derecho en el papel, menos servicio en la realidad.

El decreto que incorpora a millones de mexicanos fuera de la cobertura gubernamental puede generar un efecto inmediato de inclusión administrativa, pero también un efecto acumulativo peligroso: saturación acelerada del sistema existente. Más pacientes buscando atención en hospitales que ya operan al límite inevitablemente incrementará tiempos de espera, presión sobre el personal médico y deterioro en la calidad del servicio.

El resultado podría ser paradójico: un sistema “universal” que atienda peor.

Se requiere conocer las tripas de este nuevo sistema de salud para darle sostenibilidad al modelo, preocupa la ausencia de un plan integral que acompañe el anuncio. No hay claridad sobre nuevas inversiones hospitalarias, formación masiva de especialistas, fortalecimiento del primer nivel de atención ni mecanismos de financiamiento de largo plazo.

Lo que sí existe es una estrategia de propaganda electoral: primero el anuncio político, después la construcción institucional.

El riesgo de gobernar mediante narrativa es que la realidad termina imponiéndose. En salud pública, las expectativas incumplidas tienen consecuencias profundas porque afectan directamente la vida cotidiana de las personas. Cuando una credencial promete acceso, pero el hospital no puede atender, la frustración social se multiplica.

Y esa frustración también tiene efectos políticos.

El gobierno apuesta a que la expansión simbólica de derechos consolide apoyo social. Pero si la experiencia ciudadana continúa marcada por filas interminables, citas médicas diferidas y falta de medicamentos, el capital político obtenido mediante el anuncio podría erosionarse con rapidez.

Universalizar la salud es un objetivo legítimo y necesario para cualquier Estado moderno. Lo cuestionable no es la meta, sino el método. Ningún sistema universal exitoso nació de censos administrativos; todos surgieron de inversiones sostenidas, planeación técnica y acuerdos institucionales amplios.

Hoy, en cambio, México parece recorrer el camino inverso: primero el registro, luego la promesa de servicio.

La interrogante central no es si el gobierno puede credencializar a millones de personas —eso es administrativamente posible— sino si podrá atenderlas cuando ejerzan el derecho que se les promete.

En materia de salud, la diferencia entre propaganda y transformación no se mide en credenciales emitidas, sino en camas disponibles, médicos y medicamentos suficientes y tratamientos garantizados.