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Desde San Lázaro. Ya salió de la madriguera. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

11 Dic 2025
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Desde San Lázaro. Ya salió de la madriguera. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/lopezobrador_

El contenido del texto que importa, lo relevante es que el gran Tlatoani López Obrador dice que escribió otro libro y ello es motivo suficiente para que su hermano, no de sangre, Adán Augusto López Hernández, abriera la chequera para desembolsar unos cuantos pesos para él, se habla de 7 millones 839 mil pesos para comprar 17,420 ejemplares, mismos que regaló a cada uno de los integrantes de la bancada de Morena en el Senado.

El hecho no pasaría del anecdotario, sino fuera porque ese volumen de recursos no corresponden a los ingresos de un senador de la República con notarias y ganado, aunque para un miembro prominente de la 4T que ha estado señalado como huachicolero fiscal  y comparsa del grupo criminal de la Barredora que comandaba su subalterno, Hernán Bermúdez (hoy aparentemente recluido en el penal del Altiplano) ex secretario de seguridad pública cuando Adán Augusto era gobernador de Tabasco; es como quitarle un pelo a un gato de angora.

Si alguien puede gastar más de 7 millones de pesos en la compra de libros para regalarlos, habla de una gran fortuna que, sin duda fue construida al amparo del poder público y por supuesto de su hermano putativo, Andrés Manuel López Obrador.

Hablar del contenido de “Grandeza” sería tiempo perdido, tanto en la lectura como en el comentario, lo relevante del caso es que este libelo le servirá de pretexto a AMLO para recorrer el país con el pretexto de presentarlo a los mexicanos, pero que, en realidad, será para apuntalar su proyecto y hegemonía política por encima de cualquier miembro de la 4T, incluyendo a la presidenta de la República.

Los meses de octubre, noviembre y diciembre fueron los peores meses de la gestión de la mandataria, ya que además del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo y las subsecuentes manifestaciones, tanto de la generación Z como de campesinos, agricultores, transportistas, ocurrió el destape de la cloaca relativa al  huachicoleo fiscal que involucró a altos mandos de la Marina y al propio Adán Augusto López Obrador.

Como respuesta del obradorato para contener la crisis, tuvo que salir de su madriguera AMLO para respaldar a su discípula y “defender la democracia”, lo que representó una enorme falta de respeto a la presidenta de México, ya que dejó al descubierto el papel que juega ella en el proyecto político de AMLO.

Primero muerto que dejar que la oposición acceda al poder, por ello el tabasqueño está dispuesto a romper su palabra de retirarse de la vida política después de su gestión con tal de impedir que se pierdan las elecciones intermedias de 2027.

El temor del oficialismo es muy grande, tan grande como la reaparición de AMLO y del embate contra los opositores con todos los instrumentos del Estado.

La manifestación de acarreados del pasado sábado es parte de ese temor que tiene la 4T por perder las elecciones intermedias que pudiera causar en el 2030 la entrega de la presidencia de la República a la oposición.

Por supuesto, el poder acumulado por parte de la Jefa del Ejecutivo Federal es tan inmenso que impide el piso parejo para llevar a cabo unas elecciones equitativas y transparentes, pero esta situación no importó en tiempos del PRI cuando en el 2000, luego de siete décadas en el poder,  tuvo que reconocer la victoria del panista Vicente Fox.

En contraparte, el PAN y el PRI no viven sus mejores momentos y ello le facilita al oficialismo su permanencia en el poder.

El tricolor está al borde la extinción y el PAN ha perdido la brújula con Jorge Romero, quien no atina articular una buena estrategia política para granjearse las simpatías del electorado.

MC a quien todavía muchos consideran como parte del bloque opositor, juega su propio juego en un claro amasiato con Morena.

El peor enemigo de Morena está en sus filas y esa lucha fratricida por el poder será la causa de la debacle.

Desde luego el ejercicio del poder ya como gobierno, desgasta de forma significativa a Morena y también por los innumerables casos de corrupción que prevalece en los cuatroteros.

Si no fuera porque las agencias de inteligencia y control de drogas de Estados Unidos tienen en la mira a los funcionarios políticos mexicanos coludidos con el hampa y en particular con los narcoterroristas, no habría posibilidad de enterarnos de los escandalosos casos de corrupción como el huachicoleo fiscal que abrió un hoyo a las finanzas públicas por más de 600 mil millones de pesos.

 No hay que olvidar que Los Mayitos y el mismo Mayo Zambada, testigos protegidos de la fiscalía de Estados Unidos, han abierto la boca para denunciar a sus cómplices de la 4T lo que pone más nervioso a López Obrador.

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El apunte del director

  • Octubre 2026

    Una decapitación orquestada desde la 4T

    La decapitación de la estatua del expresidente Felipe Calderón en Los Pinos no puede reducirse a una anécdota de protesta sindical ni mucho menos justificarse como un simple acto simbólico contra quien decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Lo ocurrido es un acto de vandalismo dentro de un recinto administrado por el Estado y, por ello, plantea una pregunta elemental: ¿cómo fue posible que un grupo de manifestantes ingresara, destruyera una escultura y se paseara con su cabeza sin que la seguridad del lugar lo impidiera?

    Los hechos están documentados. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, azuzados por Jesús Ramírez Cuevas, asesor presidencial, ingresaron al Complejo Cultural Los Pinos después de manifestarse contra Calderón, quien participaba en el Foro América Libre 2026. Los inconformes encontraron la estatua en el suelo, donde permanecía desde que un árbol la derribó en 2025, y procedieron a golpearla hasta desprenderle la cabeza. Uno de los participantes incluso caminó con ella antes de arrojarla contra el piso.

    La primera responsabilidad del gobierno es por omisión. Durante más de un año permitió que una pieza perteneciente al acervo histórico de Los Pinos permaneciera abandonada en el suelo. En julio de 2025, la dirección del complejo había anunciado que sería restaurada y reinstalada; eso no ocurrió.

    La segunda responsabilidad es todavía más grave: la incapacidad o falta de voluntad de la seguridad del recinto para impedir su destrucción. Los reportes disponibles señalan que durante el vandalismo no hubo intervención policial ni del personal encargado de proteger el Centro Cultural.

    Y allí aparece el problema político.

    No existe hasta ahora evidencia pública que permita asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la agresión o que Jesús Ramírez instruyó al SME para destruir la estatua. Afirmarlo como hecho sin pruebas desviaría la atención de algo que sí puede exigirse al gobierno: explicar por qué permitió que ocurriera dentro de un inmueble bajo responsabilidad federal y por qué nadie protegió un bien que formaba parte del recinto.

    Porque el Estado de derecho también se defiende cuando el personaje agraviado es un adversario político.

    Felipe Calderón puede ser cuestionado por sus decisiones de gobierno; el SME tiene todo el derecho de repudiar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, protestar contra el expresidente y exigir justicia por lo que considere agravios históricos. Lo que nadie tiene derecho a hacer es sustituir la protesta por la destrucción de bienes dentro de instalaciones públicas.

    Un gobierno democrático no puede administrar la legalidad dependiendo de quién sea la víctima. Si mañana un grupo contrario a López Obrador destruyera una estatua suya dentro de un recinto federal mientras los guardias observan pasivamente, el oficialismo reclamaría —con razón— la aplicación de la ley.

    Ese mismo principio debe valer para Calderón.

    La escena de Los Pinos es particularmente desafortunada porque convierte la intolerancia política en espectáculo: una estatua decapitada, una cabeza paseada como trofeo y una autoridad aparentemente incapaz de detener la destrucción.

    La Presidencia y la Secretaría de Cultura deberían explicar qué ocurrió, quién tenía bajo su responsabilidad la seguridad del complejo, por qué no intervino y qué consecuencias habrá.

    No hacerlo significaría enviar un mensaje peligroso: que en México existen actos de vandalismo tolerables dependiendo de contra quién se cometan.

    Y cuando el poder comienza a seleccionar qué patrimonio merece protección y qué adversario merece el abandono, lo que termina decapitado no es solamente una estatua.

    Es el principio elemental de que la ley debe aplicarse a todos por igual.