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Desde San Lázaro. Complicado el escenario en la víspera del mundial. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

08 Dic 2025
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Desde San Lázaro. Complicado el escenario en la víspera del mundial. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada: https://x.com/

En medio  de la crispación social provocada desde Palacio Nacional, el país se apresta a vivir su tercera gesta mundialista en torno a un balón de futbol y luego de observar lo que están haciendo Estados Unidos y Canadá para garantizar, en primera instancia, la seguridad de los millones de asistentes a los estadios y en general a la ciudades en donde se llevarán los encuentros deportivos, pues México se está quedando rezagado al no tener el control pleno sobre los cárteles de la droga, es especial del  CJNG que maneja un ejército de miles de “soldados” que están perfectamente pertrechados y con un emolumentos por arriba de lo que gana  la tropa de las fuerzas armadas.

Los problemas derivados del recrudecimiento de la violencia en varias entidades del país, incluso en Guadalajara y Monterrey y, por supuesto en la capital del país,  tienen prendidos los focos rojos en las oficinas de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, sino también en la Defensa Nacional, del general Ricardo Trevilla; de la Marina, almirante, Raymundo Morales Ángeles  y de la Guardia Nacional a cargo del general Hernán Cortés,  de además claro está de las fuerzas estatales del orden.

Seguramente, en el encuentro de “pasillo” que sostuvieron en Washington Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Mark Carney, en el sorteo de los equipos que participarán en el mundial, se tocó este tema y aunque no han trascendido la información relativa a esa reunión, seguramente, en las próximas semanas veremos claras señales de los temas que trataron en la cumbre y que se decantaron en torno al narcoterrorismo.

La situación está muy complicada para el oficialismo en la víspera del mundial del balompié, sin embargo, en lugar de bajarle tres rayitas al autoritarismo y a la polarización  social que se alienta desde las mañaneras y desde los golpes de autoritarismo legislativo en donde un día cambian la Ley de Amparo para proteger al Estado de los ciudadanos; y otro, despojan a los campesinos y productores del campo de los derechos de agua que ostentan desde tiempos inmemoriales sobre pozos, pues, estamos a un paso de la ingobernabilidad y las reyertas sociales.

A diario, trascienden en los medios de comunicación y en redes sociales, brotes de esa violencia y de la inseguridad que explosiona también en el ámbito político con el asesinato de personajes como de Carlos Manzo, ex alcalde de Uruapan, que devela la guerra sangrienta que se da por el poder.

A escasos siete meses de la inauguración del mundial de futbol, no existen condiciones para revertir los índices delictivos y menos que cese la violencia y por ello, se debe establecer con nuestros socios comerciales del T-MEC y del mundial de futbol, operativos de seguridad internacionales para impedir actos de narcoterrorismo no solo en la Unión Americana, sino también en México y en menor medida en Canadá.

Si en temas de interconectividad e infraestructura urbana, nuestro país está a años luz de lo que tienen los estadounidenses y canadienses, en lo que se refiere a aeropuertos la cosa luce peor.

La manita de gato que le hacen a la terminal aérea de la CDMX da para, eventualmente tener en condiciones aceptables las terminales Uno y Dos, pero en lo que se refiere a más pistas o más puertas de embarque, no se puede hacer nada.

Aunque suene trillado, si AMLO no hubiera cancelado el aeropuerto de Texcoco, tendríamos uno de clase mundial capaz de manejar a más de 50 millones de pasajeros al año, empero ahora nos conformamos con una antigüedad que es insuficiente y que su vida operativa se terminó hace, por lo menos 20 años; y otro, el AIFA, que es el prototipo de un elefante blanco que trabaja con números rojos y que después de las cuatro de la tarde, sus instalaciones lucen más vacías que un mausoleo.

Nuevo León y Jalisco tienen mejores terminales aéreas que la capital del país, y que decir de Cancún que es la joya de la corona, por ello se tiene que abrir el espacio aéreo para tener más vuelos internacionales y nacionales con la finalidad de que los turistas tengan varias opciones para llegar a los destinos elegidos.

El mundial está a la vuelta de la esquina y tal parece que ello tiene sin cuidado al gobierno de la 4T y en menor medida a Movimiento Ciudadano, franquicia política de donde provienen Samuel García, y Pablo Lemus, gobernadores de Nuevo León y Jalisco, respectivamente.

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El apunte del director

  • Octubre 2026

    Una decapitación orquestada desde la 4T

    La decapitación de la estatua del expresidente Felipe Calderón en Los Pinos no puede reducirse a una anécdota de protesta sindical ni mucho menos justificarse como un simple acto simbólico contra quien decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Lo ocurrido es un acto de vandalismo dentro de un recinto administrado por el Estado y, por ello, plantea una pregunta elemental: ¿cómo fue posible que un grupo de manifestantes ingresara, destruyera una escultura y se paseara con su cabeza sin que la seguridad del lugar lo impidiera?

    Los hechos están documentados. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, azuzados por Jesús Ramírez Cuevas, asesor presidencial, ingresaron al Complejo Cultural Los Pinos después de manifestarse contra Calderón, quien participaba en el Foro América Libre 2026. Los inconformes encontraron la estatua en el suelo, donde permanecía desde que un árbol la derribó en 2025, y procedieron a golpearla hasta desprenderle la cabeza. Uno de los participantes incluso caminó con ella antes de arrojarla contra el piso.

    La primera responsabilidad del gobierno es por omisión. Durante más de un año permitió que una pieza perteneciente al acervo histórico de Los Pinos permaneciera abandonada en el suelo. En julio de 2025, la dirección del complejo había anunciado que sería restaurada y reinstalada; eso no ocurrió.

    La segunda responsabilidad es todavía más grave: la incapacidad o falta de voluntad de la seguridad del recinto para impedir su destrucción. Los reportes disponibles señalan que durante el vandalismo no hubo intervención policial ni del personal encargado de proteger el Centro Cultural.

    Y allí aparece el problema político.

    No existe hasta ahora evidencia pública que permita asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la agresión o que Jesús Ramírez instruyó al SME para destruir la estatua. Afirmarlo como hecho sin pruebas desviaría la atención de algo que sí puede exigirse al gobierno: explicar por qué permitió que ocurriera dentro de un inmueble bajo responsabilidad federal y por qué nadie protegió un bien que formaba parte del recinto.

    Porque el Estado de derecho también se defiende cuando el personaje agraviado es un adversario político.

    Felipe Calderón puede ser cuestionado por sus decisiones de gobierno; el SME tiene todo el derecho de repudiar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, protestar contra el expresidente y exigir justicia por lo que considere agravios históricos. Lo que nadie tiene derecho a hacer es sustituir la protesta por la destrucción de bienes dentro de instalaciones públicas.

    Un gobierno democrático no puede administrar la legalidad dependiendo de quién sea la víctima. Si mañana un grupo contrario a López Obrador destruyera una estatua suya dentro de un recinto federal mientras los guardias observan pasivamente, el oficialismo reclamaría —con razón— la aplicación de la ley.

    Ese mismo principio debe valer para Calderón.

    La escena de Los Pinos es particularmente desafortunada porque convierte la intolerancia política en espectáculo: una estatua decapitada, una cabeza paseada como trofeo y una autoridad aparentemente incapaz de detener la destrucción.

    La Presidencia y la Secretaría de Cultura deberían explicar qué ocurrió, quién tenía bajo su responsabilidad la seguridad del complejo, por qué no intervino y qué consecuencias habrá.

    No hacerlo significaría enviar un mensaje peligroso: que en México existen actos de vandalismo tolerables dependiendo de contra quién se cometan.

    Y cuando el poder comienza a seleccionar qué patrimonio merece protección y qué adversario merece el abandono, lo que termina decapitado no es solamente una estatua.

    Es el principio elemental de que la ley debe aplicarse a todos por igual.