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Desde San Lázaro. No puede sola. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

02 Dic 2025
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Desde San Lázaro. No puede sola. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/lopezobrador_

La amenaza de que nuevamente AMLO saldrá de su madriguera en un recorrido por el país para defender a su discípula, digo para defender a la democracia, habla del temor que existe en el oficialismo de perder las elecciones intermedias de 2027, no obstante que, en por lo menos en este siglo, ningún presidente ha tenido tanto poder como el que hoy ostenta Claudia Sheinbaum.

Los casos de huachicoleo fiscal y todos sus tentáculos de corrupción, las manifestaciones de campesinos, transportistas, Generación Z, entre otras,  y por supuesto, la violencia e inseguridad pública que ya hizo metástasis en buena parte del territorio nacional han puesto a la Jefa del Ejecutivo Federal contra la pared, ello sin considerar el estancamiento económico que antecede a la recesión y todo ello enmarcado por la relación tan complicada con el gobierno del presidente Donald Trump.

El aviso sobre la reaparición pública del tabasqueño no es circunstancial, sino responde a la imperiosa necesidad de apuntalar al gobierno de la 4T, en momentos en que se desmorona por la complejidad de toda la problemática que enfrenta la doctora y que,  luce sola, en virtud de que tiene a su lado pocos incondicionales, ya que buena parte del equipo presidencial y no se diga del gabinete y del Congreso federal responde a las indicaciones de López Obrador.

La gesta heroica de convertirse en la primera mujer presidenta de la República conlleva la enorme responsabilidad de romper amistosamente con su antecesor y mentor para brillar con luz propia y estar a la altura de las expectativas, empero, no la dejan y al parecer, ni ella quiere.

El talante autoritario mostrado por la doctora ante sus opositores revela sus limitaciones como política y como una estadista con altura de miras que considera como condición indispensable tender puentes de comunicación y entendimiento con los opositores para buscar acuerdos que redunden en la gobernabilidad y la paz social.

Con un pueblo polarizado, en momentos de grave tensión social, como ha ocurrido en las últimas semanas, es caldo de cultivo para el descontento y la disrupción y como se ven las cosas, la temperatura del encono social seguirá en aumento.

La sola mención del regreso de AMLO a la vida pública con el pretexto de presentar su más reciente libelo, hace mella en la imagen de Sheinbaum y la demerita en su gestión por alentar las versiones que aseguran que es un títere.

Obrador se siente con la fuerza para que Morena mantenga la mayoría calificada en la Cámara de Diputados federal y gane la mayoría de las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027, además de alentar la música de los acordeones que acompañarán a la segunda parte de juzgadores que serán electos en esos comicios.

Con el desencanto de buena parte de la población ante  los gobiernos de AMLO-Sheinbaum y que se refleja en las cifras negativas de crecimiento, desempleo, inseguridad, violencia, desabasto de medicamentos, crisis en salud, educación y economía, además de la falta de inversión pública y privada, quien sabe que tan conveniente es su reaparición ante el fracaso de su gobierno que es considerado uno de los peores en la historia del México postrevolucionario.

He hablado con varios panistas y priistas y todos coinciden en que deben estar desesperados en el oficialismo por la debacle de la presidenta y que la reaparición de AMLO, lejos de ayudar a la 4T,  profundizarían los enconos entre  sus tribus de forma exponencial.

Lo cierto es que no obstante las grandes loas que vertió AMLO en torno a la mejor presidenta del mundo, con el tan solo anuncio de que volverá a la circulación, evidenció de forma clara que, la doctora, no puede con el paquete.

En la Casa Blanca, en Washington, tienen todo un arsenal completo de revelaciones de narcotraficantes en su connivencia con políticos de altísimo nivel de la 4T y ello incluye, por supuesto al expresidente López y sus hijos.

Sacar del closet a un mueble viejo, apolillado y con el estigma de narco,  conlleva más riesgos que beneficios y que, en caso de ser errónea esta decisión, sería la puntilla de un proyecto político que apenas habrá durado en el poder no más de tres lustros.

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El apunte del director

  • Octubre 2026

    Una decapitación orquestada desde la 4T

    La decapitación de la estatua del expresidente Felipe Calderón en Los Pinos no puede reducirse a una anécdota de protesta sindical ni mucho menos justificarse como un simple acto simbólico contra quien decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Lo ocurrido es un acto de vandalismo dentro de un recinto administrado por el Estado y, por ello, plantea una pregunta elemental: ¿cómo fue posible que un grupo de manifestantes ingresara, destruyera una escultura y se paseara con su cabeza sin que la seguridad del lugar lo impidiera?

    Los hechos están documentados. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, azuzados por Jesús Ramírez Cuevas, asesor presidencial, ingresaron al Complejo Cultural Los Pinos después de manifestarse contra Calderón, quien participaba en el Foro América Libre 2026. Los inconformes encontraron la estatua en el suelo, donde permanecía desde que un árbol la derribó en 2025, y procedieron a golpearla hasta desprenderle la cabeza. Uno de los participantes incluso caminó con ella antes de arrojarla contra el piso.

    La primera responsabilidad del gobierno es por omisión. Durante más de un año permitió que una pieza perteneciente al acervo histórico de Los Pinos permaneciera abandonada en el suelo. En julio de 2025, la dirección del complejo había anunciado que sería restaurada y reinstalada; eso no ocurrió.

    La segunda responsabilidad es todavía más grave: la incapacidad o falta de voluntad de la seguridad del recinto para impedir su destrucción. Los reportes disponibles señalan que durante el vandalismo no hubo intervención policial ni del personal encargado de proteger el Centro Cultural.

    Y allí aparece el problema político.

    No existe hasta ahora evidencia pública que permita asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la agresión o que Jesús Ramírez instruyó al SME para destruir la estatua. Afirmarlo como hecho sin pruebas desviaría la atención de algo que sí puede exigirse al gobierno: explicar por qué permitió que ocurriera dentro de un inmueble bajo responsabilidad federal y por qué nadie protegió un bien que formaba parte del recinto.

    Porque el Estado de derecho también se defiende cuando el personaje agraviado es un adversario político.

    Felipe Calderón puede ser cuestionado por sus decisiones de gobierno; el SME tiene todo el derecho de repudiar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, protestar contra el expresidente y exigir justicia por lo que considere agravios históricos. Lo que nadie tiene derecho a hacer es sustituir la protesta por la destrucción de bienes dentro de instalaciones públicas.

    Un gobierno democrático no puede administrar la legalidad dependiendo de quién sea la víctima. Si mañana un grupo contrario a López Obrador destruyera una estatua suya dentro de un recinto federal mientras los guardias observan pasivamente, el oficialismo reclamaría —con razón— la aplicación de la ley.

    Ese mismo principio debe valer para Calderón.

    La escena de Los Pinos es particularmente desafortunada porque convierte la intolerancia política en espectáculo: una estatua decapitada, una cabeza paseada como trofeo y una autoridad aparentemente incapaz de detener la destrucción.

    La Presidencia y la Secretaría de Cultura deberían explicar qué ocurrió, quién tenía bajo su responsabilidad la seguridad del complejo, por qué no intervino y qué consecuencias habrá.

    No hacerlo significaría enviar un mensaje peligroso: que en México existen actos de vandalismo tolerables dependiendo de contra quién se cometan.

    Y cuando el poder comienza a seleccionar qué patrimonio merece protección y qué adversario merece el abandono, lo que termina decapitado no es solamente una estatua.

    Es el principio elemental de que la ley debe aplicarse a todos por igual.