Contáctanos: 5546 8746
Síguenos en:
Fecha:

Desde San Lázaro. Adelantan la revocación de mandato. (El miedo no anda en burro). Por Alejo Sánchez Cano Destacado

10 Nov 2025
267 veces
Desde San Lázaro. Adelantan la revocación de mandato. (El miedo no anda en burro). Por Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x com/claudiashein
Luego de unas semanas muy malas para la presidenta Sheinbaum y el proyecto político que representa, en donde los asesinatos de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan y del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo, pusieron a Michoacán en ebullición política y social para dar paso a nivel estatal del movimiento de “El Sombrero”, el obradorato ha decidido adelantar la revocación de mandato que debería realizarse en 2028 para compaginarlas con las elecciones intermedias del 2027 (renovación de la Cámara de Diputados Federal, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y las alcaldías de 30 estados) en las cuales también se eligirán a 850 juzgadores y con ello, poner a la Jefa del Ejecutivo Federal en la boleta electoral para justificar su participación en las campañas políticas.
Con este frankenstein electoral pretende Morena y rémoras mantener la mayoría calificada en la Cámara Baja, al tiempo de asegurar el control en casi todas las entidades del país, además de fortalecer a Claudia Sheinbaum en un especie de plebiscito con la revocación de mandato en donde se preguntará a la ciudadanía si desea que la mandataria continúe en su cargo.
La jugada del obradorato tiene sus riesgos porque en una de esas, si se mantiene la inercia de descredito que ha tenido la doctora en los últimos días, puede darse el caso de que la población se vuelque en las urnas para quitarla del puesto.
El oficialismo tiene los órganos electorales totalmente cooptados, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a casi todo el Poder Judicial, lo que significa que la oposición debe tener la capacidad de convocatoria suficiente para arrebatarles el poder.
No hay que olvidar que también viene la reforma electoral que cocina Pablo Gómez y en esta se cierran totalmente las puertas para que se concrete la alternancia en el poder, en virtud de que se eliminarán los espacios de representación proporcional en el Congreso con la finalidad de que los opositores se queden sin senadores y diputados, amén de que se buscará reducir las prerrogativas, acotar las campañas políticas, el financiamiento público y privado, entre otras tantas acciones para instaurar el obradorato por varias décadas.
 Desde San lázaro, la mayoría de Morena y aliados se preparan para aprobar la reforma constitucional en esta semana que empatará la revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027 y con ello obedecer a la propuesta original de AMLO.
La intención es reformar el artículo 35 de la Constitución para llevar a cabo la consulta sobre la revocación de mandato en 2027 y con ello permitir que la presidenta irrumpa en los comicios intermedios con toda la fuerza del Estado.
Si de por sí el INE está disminuido en sus capacidades operativas y cooptado por la 4T, ahora se le viene la organización de las elecciones más grandes de su historia con tres tipos de elecciones, la revocación de mandato, la de los partidos y las judiciales, y con un presupuesto acotado, pues en menudo lio estarán, pero eso que importa si al final del día lo relevante para el oficialismo es que arrasen en los comicios con el descarado apoyo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ante un electorado apático y desinteresado en las elecciones, lo cual quedó demostrado en el pasado proceso electoral de los juzgadores en donde hubo un nivel del abstención de 90 por ciento, qué se podrá esperar en el 2027 con tantos candidatos (miles) y un número progresivo de boletas electorales con la elección judicial.
Se pondrá la mesa en 2027 para que se despache con la cuchara grande la 4T, primero, con la ratificación en su cargo de Claudia Sheinbaum; segundo, con mantener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y para ello cuentan con el Tribunal Electoral; y tercero, ganar el total de las gubernaturas en juego, además de, acompañados con la música de los acordeones, encumbrar a 850 juzgadores afines y plegados a los designios del Poder Ejecutivo.
Mientras que el país se cae a pedazos con la creciente violencia e inseguridad que se enquista en todo el territorio nacional; la inminente recesión económica y el alejamiento de las inversiones que imposibilita la creación de nuevos empleos formales y que el país tenga más ingresos por la vía de impuestos, el gobierno de la 4T se enfoca, como ha sido desde hace siete años, al control electoral para no dejar el poder.
Valora este artículo
(0 votos)

El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.