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Desde San Lázaro. Diputados y Senadores cobran sin trabajar. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

28 Oct 2025
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Desde San Lázaro. Diputados y Senadores cobran sin trabajar. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/Mx_Diputados

El trabajo de un legislador en México es muy cómodo, sin grandes exigencias y con sueldos en muchos casos estratosféricos por la consolidación de sus dietas con pagos extraordinarios por presidir una Comisión de trabajo o por tan solo ser miembro de ella, además de tener derechos a otros apoyos económicos como son; para instalar sus oficinas de atención al público en los distritos de donde son originarios; para sus informes de gobierno, aguinaldos, vacaciones, pago de marcha, fondo de ahorro y otras percepciones más que se auto asignan conforme a los dispuesto en la Jucopo (junta de Coordinación Política) en donde participan todos los coordinadores parlamentarios de las fracciones partidistas.

Ganan muy bien y en muchos casos tan solo hacen presencia en las sesiones para levantar la mano ya sea para aprobar o desaprobar algún punto de acuerdo, dictamen o ley que se presente en el Pleno o en Comisiones y párele de contar.

Sin embargo, ahora las señoras  y señores legisladores ni siquiera tienen la obligación de estar presentes en las sesiones, ya que lo pueden hacer de forma virtual y ello significa que aunque estén jugando pádel o estén  en algún centro vacacional o en una reunión familiar, tan solo les basta conectarse a la sesión vía internet a través de alguna plataforma virtual y con ello cumplir con la obligación.

Ser diputado o senador es el sueño de muchos, pero solo muy pocos logran alcanzar esa posición, la mayor parte de esos ciudadanos  son premiados  por sus relaciones políticas y NO  por méritos propios como abanderar demandas  ciudadanas en diversos temas que requieren soluciones inmediatas.

Desde luego, salvo honrosas excepciones, el grueso de los senadores y diputados representan una carga muy onerosa para las arcas públicas que bien se pudiera evitar si se eliminan esos escaños y curules ya que en términos prácticos no sirven absolutamente de nada.

Son guevones e ineptos, incluso muchos de ellos no tienen una carrera universitaria y aunque usted no lo crea, ni siquiera saben leer los textos que les preparan para que los lean en tribuna.

Buena parte de los senadores y diputados jamás han subido a la tribuna del Pleno y menos asumir la responsabilidad de preparar una iniciativa para ser llevada a la sesión plenaria.

Los plurinominales, primera minoría y de representación proporcional ni siquiera hacen campaña política y menos requieren votos en lo personal para acceder a ser diputados o senador. Basta que el partido político al que pertenecen lo postulen en los primeros lugares de sus listas de plurinominales para sacarse la lotería.

Así pasa con los actuales coordinadores partidistas en el Senado ya que ni el controvertido y corrupto Adán Augusto López, de Morena, ni Alito o Marko Cortés del PRI y PAN, tuvieron que despeinarse para salir a las calles a buscar el voto ciudadano para llegar al Senado de la República.

La reforma electoral que se está cocinando en Palacio Nacional busca adelgazar el aparato legislativo con eliminar los pluris y con ello dejar a la Cámara de Diputados con 300 integrantes en lugar de los 500 que tiene ahora y de igual manera reducir a la mitad el número de senadores.

Como están las cosas, con 100 diputados y 32 senadores, sería suficiente  para llevar a cabo lo que hacen ahora, pero desde luego, esto no sería viable porque las fuerzas políticas reclaman lo que por derecho les corresponde.

El morenista Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo de la Cámara Baja, exigió a los legisladores a cumplir con su responsabilidad de acudir a las Comisiones y las discusiones del Pleno. A todos sus correligionarios les recordó  que su presencia se debe a los mexicanos para quienes tienen que responder con seriedad, eficacia, lealtad y responsabilidad.

“Ser legislador es un honor y un privilegio”, advierte Monreal y amenaza con descontar de sus dietas, sus faltas.

Es decir, se está cocinando que vuelva la obligación de la presencia física de los legisladores a las sesiones, so pena de descontarles el día y exhibirlos públicamente.

Por causas de fuerza mayor como la pandemia por Covid, se eximió a los legisladores de ausentarse de las sesiones y con el pase de lista virtual era más que suficiente, pero ahora y sin justificación alguna, omiten acudir a San Lázaro o a Reforma, no se vayan a enfermar.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.