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Desde San Lázaro. Se alebrestan contra Sheinbaum. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

08 Sep 2025
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Desde San Lázaro. Se alebrestan contra Sheinbaum. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/Saul_MonrealA

El clan Monreal -Ricardo, Saúl, David- se aprestan a ignorar la instrucción de la presidenta Sheinbaum en torno al nepotismo al pretender agandallarse la candidatura de la gubernatura de Zacatecas, si no por Morena, si con algunos de los dos partidos políticos aliados del oficialismo, como son el PVEM y el PT y así mantener el poder en esa entidad.

Entre los mensajes cifrados y bromas entre hermanos, camina Saúl para rebasar por la izquierda a Morena para lograr la candidatura para la gubernatura de ese estado, con otra franquicia política.

“Exijo apertura al interior de Morena y estoy sereno y tranquilo” advirtió el senador, al tiempo de pronunciarse por eliminar prácticas excluyentes en este partido.

Como se recordará en la iniciativa que mando la Jefa del Ejecutivo Federal al Congreso en torno a la no reelección y al nepotismo, se mencionaba que entraría en vigor a partir del 2027, sin embargo, los legisladores de la 4T se pasaron por el arco del triunfo tal instrucción y la batearon hasta el 2030, hecho que no hubiera ocurrido en tiempos de López Obrador, pero ahora los liderazgos legislativos de Morena hacen como que acatan instrucciones superiores, aunque en la realidad  imponen su voluntad y estamos hablando de Adán Augusto López en la Cámara de Senadores y de Ricardo Monreal en la colegisladora.

La semana pasada la presidenta Sheinbaum insistió en el tema al precisar que está prohibido a partir de 2027 el nepotismo y en especial heredar cargos a familiares, tal como pretende hacer la familia Monreal en Zacatecas o Félix Salgado Macedonio en Guerrero, en donde desgobierna su hija Evelyn o más aún, en San Luis Potosí  se alista todo para que el gobernador Ricardo “Pollo” Gallardo, le ceda los bártulos de gobernador a su esposa, Ruth González Silva y aunque este par de angélicos militan en el Partido Verde Ecologista de México, para el caso es lo mismo.

Desde luego, veremos que resulta con ignorar la orden de la presidenta en momentos que empiezan a ocurrir señales en torno a un distanciamiento entre Sheinbaum y AMLO, aunque para algunos, esto no está ocurriendo y por ello se muestran confiados en que el bastón de mando lo ostenta el tabasqueño y por ello, los indisciplinados se muestran confiados que lograrán sus propósitos familiares porque tienen la venia del gran Tlatoani.

El meollo del asunto es evitar cumplir la orden presidencial de tal manera que no causa molestia en la doctora, por ello, buscan los aludidos en convertirse en candidatos de otras franquicias políticas para cumplir sus sueños guajiros y en el caso de los Verdes, la alianza que tiene con el poder termina cuando se trata de defender sus cotos.

En esta rebelión en la granja en dónde quedan los electores de estas tres entidades, Zacatecas, Guerrero y SLP, ya que una cosa es lo que quieran hacer estos personajes y otra, la que dispongan los votantes, aunque es de tal nivel el control electoral que tienen estas tres familias –Monreal, Salgado y Gallardo- en los tres estados mencionados que cualquiera del clan puede ganar.

No hay que olvidar que en el I Informe presidencial efectuado en Palacio Nacional, esos notables de la 4T que en el pasado los ubicaban en la primera fila, los sentaron de la fila cuarta hacia atrás, como fue el caso de Andy, Adán Augusto, Ricardo Monreal y hasta Gerardo Fernández Noroña, quienes sintieron en carne propia el látigo del desprecio de la doctora.

En el caso de las tres familias aludidas deberían andar con cuidado porque están en la mira de Palacio Nacional y sus pasos y decisiones se observan con meticulosidad especial para reaccionar ante cualquier intento de indisciplina.

La mirada de los políticos ya está puesta en las elecciones intermedias del 2027 y por supuesto, aunque algunos dirán que falta mucho, en la elección presidencial del 2030.

En este contexto, la presidenta Sheinbaum debería estar acomodando sus cartas de su sucesión desde ahora, por ello, los nombres de Omar García Harfuch y una tripleta de mujeres, además de otros como el mismo Marcelo Ebrard o Juan Ramón de la Fuente,  son considerados en esa danza de tapados o corcholatas que se preparan para ser destapados en su momento.

Veremos cómo termina esta nueva revuelta en el partido en el poder, aunque se puede anticipar que tendrá que poner quietos la presidenta Sheinbaum a todos los acelerados y conminar a Luisa María Alcalde a aquietar  a las tribus porque realmente se ha visto rebasada por muchos personajes de la 4T.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.