Con las revelaciones que están surgiendo en el caso de Hernán Bermúdez (Comandante H) fiel escudero de Adán Augusto López, ex gobernador de Tabasco, ex titular de la Segob, ex corcholata presidencial de Morena y ahora flamante coordinador del grupo parlamentario del partido en el poder en el Senado, se observa que la influencia delictiva de La Barredora (grupo criminal que comandaba) extendió sus tentáculos a Chiapas y Veracruz en donde los índices delictivos crecieron exponencialmente.
Del actual gobernador de Tabasco, Javier May, viene la persecución contra Adán y Hernán y no solo se trata de un viejo ajuste de cuentas, sino de revelar la connivencia con criminales que no solo trafican drogas, sino que secuestran a migrantes y toda una gama de delitos que incluye el huachicoleo de combustibles.
La Sedena ha registrado el paso delictivo de estos dos personajes y también las agencias de seguridad interior de Estados Unidos.
Paralelamente a este caso en donde converge el poder público con la fuerza del crimen organizado, ocurre que en el sur del Estado de México se hacen operativos contra la extorsión y derecho de piso que sucede en una buena cantidad de los 125 municipios de esa entidad y que, se observa la poderosa influencia de la Familia Michoacana que controla prácticamente parte de la actividad comercial.
La entidad más poblada de la entidad padece el flagelo que representa el derecho de piso y la extorsión, particularmente en los municipios de relevancia como la capital y los lugares turísticos más emblemáticos de Edomex.
En este caso, la gobernadora Delfina Gómez encabeza la cruzada contra los criminales apoyada por el gobierno federal y en donde saltan nombres a la palestra de funcionarios públicos de nivel estatal y municipal que están coludidos con los delincuentes y que como se recordará, hace algunos meses se llevó a cabo en ese estado la operación “enjambre” para atrapar a varios alcaldes que estaban coludidos con los malosos y ahora está el operativo denominado “liberación”
En entidades que gobierna el PAN, como Guanajuato y ahora Querétaro se lucha contra la delincuencia, calle por calle por recobrar la paz y la seguridad y aunque existe plena coordinación entre los tres niveles de gobierno, lo cierto es que todavía no se le pega en el corazón del monstruo de mil cabezas que azota a los habitantes.
De igual manera ocurre en el norte del país, en donde prácticamente en todas las ciudades fronterizas con Estados Unidos, existe una gran actividad delincuencial y que decir de lo que ocurre en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas que viven un estado de sitio con las luchas entre los cárteles de la droga.
No hay que perder de vista lo que ocurre en Michoacán, Guerrero, Veracruz, Puebla, Jalisco, con sus campos de exterminio, Nayarit, Colima, Baja California Sur y Zacatecas
La CDMX no es ajena a la actividad criminal ya que, no obstante, el maquillaje de los índices delictivos en delitos como homicidios, feminicidios, robo con violencia, desparecidos, extorsión y cobro de derecho de piso, la situación está sumamente candente. Para constatar lo anterior no basta con acudir a las oficinas de las fiscalías ubicadas en las alcaldías, sino que hay que observar la cifra negra de delitos que no son denunciados precisamente porque la instrucción superior es desanimar a los ciudadanos a que formalicen sus denuncias ante las autoridades correspondientes.
Otra actividad criminal es auspiciada por las autoridades y se trata de los grupos radicales de Morena que se encargan de patrocinar a los golpeadores que se infiltran en las manifestaciones como la que ocurrió el pasado fin de semana dizque contra la gentrificación y que vandalizaron instalaciones de la UNAM con la complacencia de las autoridades capitalinas.
Efectivamente, ante la carta blanca que extendió AMLO durante su administración a los criminales con su malograda política de Abrazos no balazos, se empoderó a la delincuencia a niveles alarmantes en todo el país, a grado tal que el gobierno norteamericano está preocupado por lo que representa este fenómeno para su seguridad interior, de allí se desprenden las amenazas contantes del presidente Donald Trump hacia su contraparte mexicana con castigos en la imposición de aranceles y sanciones a varios productos mexicanos como el jitomate, ganado y próximamente la degradación aérea, entre otros castigos para que se ponga la pilas el gobierno de la presidenta Sheinbaum.
Después de seis años de inmovilidad contra los criminales, no se puede solucionar el problema en unos cuantos meses, al contrario, va a tardar varios años para que se empiece a notar entre los ciudadanos, el éxito de las operaciones que lleva a cabo Omar García Harfuch, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, además de todo lo que operan la Sedena y la Marina.
De la Guardia Nacional, diremos que algunos de sus mandos están ya contaminados por la influencia de los malandros y por ello, es necesario la rotación o cese de algunos de ellos.
