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Desde San Lázaro. Nadie vio ni escuchó la música de los acordeones. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

11 Jul 2025
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Desde San Lázaro. Nadie vio ni escuchó la música de los acordeones. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/TEPJF_informa

No obstante la evidencia sobre la distribución de acordeones para inducir los votos en la elección de jueces, en favor de candidatos afines a la 4T, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de Mónica Soto,  validó la negativa de abrir una investigación contra Morena y funcionarios públicos por la elaboración y distribución de “Acordeones” durante la elección judicial del 1 de junio, tal como lo pidió la asociación civil Proyecto y Justica Común y con ello el TEPJF se mantiene alineado a los designios del gobierno de la 4T.

A nadie sorprende el fallo del tribunal electoral, toda vez que, desde que avalaron el agandalle del gobierno para dotarle de mayorías calificadas artificiales en el Congreso a Morena, PVEM y PT, por encima de la votación oficial y real que recibieron esos partidos políticos en las elecciones del año pasado, se percibió la proclividad hacia la 4T de  tres de los cinco magistrados (Mónica Soto y los dos “Felipes”).

Las autoridades electorales federales, INE y TEPJF, han sido cooptados por el gobierno y con ello, la tan manoseada autonomía e independencia de ambas instituciones, quedó en el olvido.

La  inducción y coacción del voto, uso indebido de recursos públicos y vulnerabilidad al principio de equidad fue evidente y registrada no solo por algunos medios de comunicación, sino de observadores internacionales, además, claro está de los partidos políticos de oposición.

Tanto el INE como el tribunal electoral respaldaron el argumento emitido por el INE, no faltaba más, al señalar que la queja no incluyó referencias específicas sobre los hechos, como fechas, lugares o personas responsables.

Luego de la crónica de un fraude anunciado, las dos siguientes aduanas que tendrán que sortear con cierto decoro en los próximos meses, el INE y el TEPJF, será la aprobación de nuevos partidos políticos y luego la elección intermedia de 2027, en la que estará en juego la nueva composición de la Cámara de Diputados federal y 16 gubernaturas y como se aprecia la querencia de la mayoría de los consejeros y magistrados de ambos organismos, no se necesita ser adivino para conocer desde ahora cual será el desenlace de ambos procesos que, a todas luces;  se tomarán todas las medidas pertinentes para evitar la alternancia en el poder.

La presidenta Sheinbaum ya no confía en Guadalupe Taddei por poner en riesgo la calificación de la elección de jueces, por ello, en la reforma electoral que se cocina en la SEGOB, de Rosa Icela Rodríguez,  se impulsa la elección de los consejeros del INE.

Aunque el TEPJF no ha analizado a fondo el uso de acordeones en la pasada elección de juzgadores, todo indica que los magistrados de la 4T harán como que la virgen les habla para validar los resultados de los comicios y con ello, coadyuvar en la destrucción del Poder Judicial en perjuicio de los derechos fundamentales de los mexicanos.

Los argumentos esgrimidos por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón  en la votación de la Sala Superior del Tribunal Electoral, quien votó en contra de lo que avalaron los otros magistrados, advierten que los ciudadanos no tienen la personalidad jurídica para solicitar información a las autoridades bancarias, además de que la autoridad electoral tiene la obligación de agotar todos recursos que tienen a su mano para proceder a indagatorias a fondo para determinar el financiamiento en torno a los acordeones, así como investigar a  los autores intelectuales y la fuente de la “línea” que ordenó, por ejemplo, la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde el nuevo prócer oaxaqueño, Hugo Aguilar, será el nuevo presidente del máximo tribunal, aunque antes del 1 de junio, solo lo conocían en su casa.

Las autoridades electorales  tienen atribuciones y facultades de las que carecen los ciudadanos y colectivos civiles para investigar a fondo posibles violaciones a los procesos electorales

En lugar de la vergüenza, se impone el cinismo y la simulación. En vez de gozar de un régimen democrático, padecemos de la dictadura a la mexicana, aunque en el fondo se pretende emular a otras de la región como en Cuba y Venezuela.

El chiste es seguir mamando del presupuesto, sin reparar en el daño al  orgullo personal, dignidad  trayectoria y responsabilidad histórica.

De pena ajena el sesgo partidista que tienen ahora cuatro de los cinco magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.