Siempre que se ponen de creativos los legisladores de Morena y rémoras para congraciarse con Palacio Nacional, meten en problemas a la misma presidenta de México con tener que aclarar lo que promueven sus correligionarios en el Congreso y en su propio gabinete, como ha sido el caso en días recientes,  de alentar el despojo de casas del Infonavit, tal como aseveró el director general,  Octavio Romero, y ahora, aprobar en Comisiones  la Ley Antilavado que permite, entre otros coletazos del autoritarismo,  que la Guardia Nacional y los militares  se inmiscuyan en los datos personales de los mexicanos.

Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado avalaron la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y a los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal con 23 votos a favor de Morena, PVEM y PT, y seis abstenciones del PAN, PRI y MC; y que de inmediato prendieron las alertas rojas entre los grupos parlamentarios de oposición, a lo que Javier Corral Jurado,  presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta,  indicó que es absolutamente falso que las reformas a la Ley Antilavado,  amplíen competencias de la Guardia Nacional o de los militares para investigar delitos de lavado de dinero.

El senador precisó que la reforma no da nuevas facultades penales ni rompe ningún control judicial, sino que refuerza la coordinación institucional entre algunas secretarías para prevenir y detectar operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

En contraparte, la senadora,  Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, afirmó que, si bien coinciden con el objeto de la reforma, advirtió de posibles excesos que pudieran cometerse en relación con los derechos personales, la vida privada, la propiedad, el secreto bancario y el principio de presunción de inocencia, así como de dar el carácter de víctima u ofendido a la Unidad de Inteligencia Financiera para poder participar en las investigaciones y procesos penales, sumado a que es “ambigua” la definición de personas políticamente expuestas y puede generar confusiones.

A su vez, la senadora Carolina Viggiano Austria, del PRI, apuntó que su grupo parlamentario no acompaña la reforma por “vigilar a los ciudadanos, que nunca sabrán quién tiene sus datos, si las autoridades, los militares o los criminales”, además de que la Guardia Nacional investigará los delitos de lavado de dinero sin control del Ministerio Público y sin supervisión judicial, y los militares podrán vigilar cuentas “sospechosas” sin que haya una carpeta de investigación, sumado a que las organizaciones civiles serán considerados como personas de actividades vulnerables.

Por su parte, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de MC, sostuvo que este dictamen obedece a las acciones que realiza Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado, por lo que al amparo de estas decisiones es importante que en el país se tomen medidas pertinentes; no por ello, advirtió, deja de señalar que hay modificaciones que van más allá y que pueden convertirse en un bumerán, como lo es el acceso a información de las y los ciudadanos a entes públicos sin restricción.

Otros senadores de oposición afirman que los militares podrán investigar las cuentas bancarias de todos los mexicanos e incluso congelarlas.

Así que mientras son peras o manzanas el dictamen avanza al pleno del Senado para su aprobación por parte del oficialismo.

Desde luego, en propósito general de la reforma no es cuestionable ya que tiene como propósito fundamental garantizar la estabilidad del sistema financiero, cumplir con estándares internacionales y proteger la integridad de la economía nacional, empero, en la letra chiquita está los matices de una Ley represiva y atentatoria contra los derechos fundamentales.

Las modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y a los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal actualizan definiciones  como relación de negocios, amplían la lista de actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario, los activos virtuales y los fideicomisos, y precisa obligaciones para notarios y corredores públicos en su colaboración Antilavado.

Cierto, el dictamen fue enriquecido con las propuestas derivadas del parlamento abierto que se llevó a cabo en enero del presente año y en donde participaron la Asociación de Bancos de México, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, el Colegio Nacional de Correduría Pública, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano y la World Compliance Association, entre otras; sin embargo, a decir de los legisladores de oposición, se aprovechó el oficialismo para abrir la puerta  al acceso de los datos personales, incluso bancarios, de los que parezcan sospechosos a las autoridades civiles y militares.