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Desde San Lázaro. Deuda y más deuda. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

13 Dic 2024
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Desde San Lázaro. Deuda y más deuda. Por:  Alejo Sánchez Cano Con información de: https://twitter.com/

El discurso oficial contrasta con la realidad. Mientras que el nuevo gobierno reitera que recibió un balance positivo de AMLO, en los hechos ocurre lo contrario, lo observamos en el techo de endeudamiento que solicitó Claudia Sheinbaum al Congreso por 1.5 billones de pesos, cifra exorbitante, aunque es menor a la ejercida por AMLO en su último año de gobierno que fue del orden de casi 2 billones de pesos.

En cualquiera de los casos, se observa que los ingresos son insuficientes para cubrir un presupuesto que crece de manera exponencial por el gasto social, pago de intereses de la deuda, pensiones y participaciones a las entidades federativas, entre otros conceptos.

López Obrador se despachó con la cuchara grande al contratar deuda en su administración por 6.4 billones de pesos, un monto sin precedente alguno, incluso en esos gobiernos neoliberales que a decir de la 4T, fueron nefastos.

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O tiene que hacer malabares para alargar la cobija, porque en estricto sentido y desde un punto de vista técnico, las finanzas públicas atraviesan por un estado de vulnerabilidad de alto riesgo.

Una nota del periódico  Reforma refiere que de enero a octubre del año pasado, en conjunto, los recursos que se destinaron a cubrir el costo financiero del sector público y el gasto para pensiones y jubilaciones representaron el 51% de los ingresos tributarios, su mayor cifra en 29 años. Ni siquiera en la crisis financiera del 94-95 se tuvieron estos niveles.

En este contexto, sorprenden las alegres cifras y nuevos proyectos del gobierno de la presidenta de la República, cuando en la realidad sus márgenes de operación son muy acotados precisamente por la carencia de ingresos.

Me comentaba hace poco José Antonio Meade, ex titular de la SHCP, que en realidad el gobierno tiene muy poco margen de maniobra para realizar nuevos proyectos de infraestructura o echar andar programas sociales de alcance nacional, por carecer de esa solvencia que da la disciplina de contención en el ejercicio de los recursos presupuestarios del Estado.

En el sexenio de AMLO se dilapidó el dinero público en la construcción de las obras insignia que fueron producto de ocurrencias y no de estudios técnicos y de viabilidad financiera, además de los de impacto ambiental, social, etc. Así, la refinería de Dos Bocas se ha mamado más de 23 mil millones de dólares y todavía no refina nada, al igual que el Tren Maya que para ser autosuficiente van a pasar por lo menos tres sexenios y eso si le incorporan la modalidad de carga.

Por el estilo está el AIFA, la megafarmacia,  Mexicana de Aviación y otras tantas gracejadas tabasqueñas que provocaron endeudar a las próximas generaciones.

Pero eso sí, se llenaba la boca de que ellos son diferentes y que además son castos e impolutos, cuando en la realidad resultaron de lo peor.

Llama la atención que el nuevo gobierno siga en esa galopante obsesión de mantener el gasto presupuestal creciente, en virtud del crecimiento exponencial del costo de los programas sociales vigentes y otros tantos que vienen en camino.

El regalar el dinero público, es decir ese que no le pertenece a la nueva clase gobernante, permite, por un tiempo afianzar en el poder a los populistas pero a la larga, se trata de un bumerang destructivo que viene de regreso. 

En la hoja de ruta del Obradorato está la asunción al poder en el 2030 de Andy López, aunque para ese entonces, se vivirá un país convulsionado socialmente por la cancelación de los apoyos sociales.

La autocracia con todo el poder que tiene, no tiene la capacidad de vislumbrar un futuro sin complicaciones en materia de gobernabilidad derivados de la quiebra financiera de las finanzas públicas.

Desde ahora, se contrata nueva deuda pública a un costo financiero muy alto, en tasas superiores al 13%, cuando para otros países, estas se mantienen en la mitad o menos de este porcentaje.

Contratan deuda cara con el consecuente incremento en el pago de los intereses.

La Jefa del Ejecutivo se mantiene firme al negarse impulsar una reforma fiscal, claro lo hace bajo la consigna electoral, empero, precisamente para las elecciones intermedias, si quiere mantener su hegemonía en el Congreso y en los estados, debe necesariamente contar con ingresos frescos que le permitan “operar” para los comicios.

De verdad, el escenario es dantesco y si a eso le agregamos la amenaza que representa Donald Trump para las finanzas públicas y la estabilidad social, pues estamos fritos.

Transitaremos por el peor de los mundos: en manos de la 4T y pisoteados por la bota del magnate inmobiliario.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.