Un Estado Fallido es cuando precisamente se ha fallado en garantizar el funcionamiento normal de la administración general; en estabilizar la economía, garantizar los servicios básicos a su población y controlar la criminalidad y uno de los parámetros que  mide el fracaso de un estado es precisamente los altos niveles de criminalidad, delincuencia organizada e inseguridad ciudadana.

La figura de la desaparición de poderes se refiere a la extinción o pérdida de la posibilidad de continuar ejerciendo el poder político por parte del Ejecutivo Estatal. La Carta Magna otorga a la Cámara de Senadores la facultad exclusiva para determinar que se ha configurado la desaparición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de un Estado y hacer la declaratoria de que debe nombrarse un gobernador provisional.

La desaparición de poderes en una Entidad Federativa se puede suscitar en los casos en que los titulares de los poderes constitucionales: 1.- quebrantaren los principios del régimen fiscal, 2.- abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor, 3.- estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de sus funciones inherentes a sus cargos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena  vigencia  del orden jurídico, 4.- prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el periodo para el periodo en el que fueron electos o nombrados y, promovieren o adoptaren formas de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución. Cabe señalar que el objetivo de la  declaratoria de desaparición de poderes es reconstruir los poderes constitucionales de un Estado, no eliminarlos.

En toda esta lógica constitucional tiene cabida la declaratoria en torno a lo que ocurre en Guerrero, en donde no existen las condiciones mínimas de seguridad que resguarden la vida y proteja los derechos fundamentales de los guerrerenses.

El estado de ingobernabilidad por el que transita esa entidad es de tal magnitud que otros poderes fácticos como las iglesias tienen que intervenir para mediar con los grupos criminales para que cese la violencia.

La connivencia de varios presidentes municipales de Guerrero, verbigracia,  como Chilpancingo y Acapulco, no solo es evidente, sino que existen testimonios, pruebas y declaraciones de que se reúnen periódicamente con  los cabecillas de las bandas.

Incluso, la falta de sensibilidad política y el uso faccioso y político en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ha abonado a esa crisis de ingobernabilidad que prevalece en el Estado, en el que brilla por su ausencia la gobernadora Evelyn Salgado y que solo se aprecia su presencia en algunos escenarios controlados, pero,  no con la población que sufre los coletazos de la delincuencia, de los fenómenos naturales, como el huracán Otis y menos acude con los familiares de los candidatos o aspirantes a un puesto de elección popular que han sido asesinados en esa “entidad maldita” y no por sus habitantes, sino porque se ha dejado a la deriva la paz social y la gobernabilidad.

Los senadores de oposición comandados por el PAN han insistido que es momento de emitir la declaratoria de desaparición de poderes, ante el abandono en sus funciones de la titular del Ejecutivo Estatal, sin embargo, ante el mayoriteo de los partidos políticos oficialistas, léase Morena, PT, PVEM e incluso el extinto PES, es muy difícil que proceda tal acción, aunque todo es posible, porque algunos de esos  legisladores , han declarado abiertamente su rechazo a la postura oficialista de no  apoyar a los guerrerenses por parte del gobierno federal,  estatal y municipal, todos gobernados por Morena.

El paro de transportistas que ocurren en las principales ciudades de esa entidad, es tan solo la punta del iceberg que oculta el pleno dominio de los grupos criminales en la actividad económica de Guerrero.

Se puede aseverar que quien gobierna en ese estado es el crimen organizado y desorganizado.

Como estarán las cosas en “esas tierras abandonadas por la mano de Dios”, que, incluso, el presidente López Obrador no puede visitar las zonas afectadas, so pena “de que le falten el respeto”.

AMLO solo llega a la base naval o a los cuarteles militares, pero no se atreve a rozarse con la población damnificada por Otis y por los delincuentes.

En la víspera de las elecciones, los criminales ya palomearon la lista de candidatos que pueden competir en cada municipio y en cada distrito electoral, sin importar su origen partidista, toda vez que los que pasen el filtro que imponen ellos, pueden competir y ganar para luego, cobrarles las facturas respectivas.