Es cierto, tal vez la Ley de Seguridad Interior requiera de algunas modificaciones en los alcances jurídicos ahí establecidos para las operaciones militares, claro que puede ser enriquecida con la participación de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales, todo eso es posible, lo que no puede ser es querer detener este paso legislativo que tiene más de diez años en la discusión pública con mentiras e intereses electorales.
Con 71 votos en favor, 34 en contra y tres abstenciones, el Senado aprobó en lo general y en lo particular la minuta que expide la Ley de Seguridad Interior, que da un nuevo marco legal a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. La minuta, a la que se le hizo una decena de cambios, fue regresada a la Cámara de Diputados donde también se aprobó con 262 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, y fue turnada al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Han sido horas de debate parlamentario, muchas horas, pero es preciso aclarar que el tema tiene varios años en etapa de discusión, casi el mismo tiempo que llevan las fuerzas armadas en labores de vigilancia de la seguridad pública, actividad que legalmente corresponde a las policías estatales y municipales, pero que desde hace más de diez años el Ejército y Marina se han unido a esas fuerzas ante el rebase que las policías han tenido por parte de los grupos de la delincuencia organizada.
Quienes se oponen a esta ley hablan que de que este es el inicio de la militarización, cuando en la minuta aprobada se precisa que de manera colateral se propiciará la capacitación de las policías locales y se buscará que tengan mejores herramientas para cumplir con su labor, así como mejores sueldos, eso es lo que se dice en la nueva ley, e incluso se habla de temporalidad, de que una vez que se cumplan con los objetivos de reestablecer la paz y se le devuelva la tranquilidad a las familias, los elementos de la milicia retornarán a sus cuarteles.
Entonces quienes hablan de “militarizar” al país, o lo hacen por desconocimiento o bien porque responden a intereses de tipo político, donde la confusión y la mentira les reditué votos.
Y también con política, por no decir politiquería, repiten en su discurso que el problema número uno del país es la inseguridad, lo cual es cierto, y en lugar de sumarse a la cruzada contra la delincuencia lo único que se le ocurre es proponer una amnistía para ellos, darles el perdón, así de ocurrentes son y en lugar de buscar reforzar una ley como la aprobada lo único que promueven son plantones, gritos, insultos, adjetivos y toda una serie de actos estridentes, pero de propuestas serias nada.
Dicen que esta ley va en contra de los derechos humanos y no atiende las demandas de organismos internacionales, dicen muchas cosas, pero en lugar de construir o proponer una mejor ley, a todo dicen que no.
También dicen que la ley debió tener un periodo más amplio de consulta, para enriquecerla, lo cual parece una pérdida de tiempo, pues por si no lo saben esta propuesta recibió el consenso de algunos sectores especializados en la materia e incluso ahí mismo, dentro de los recintos legislativos, se dieron foros de opinión relevantes, con la participación de juristas, académicos e investigadores en temas de seguridad pública y la función militar.
Que debe ser enriquecida, no lo dudamos, lo importante es el que poder legislativo dio un paso significativo en la lucha contra la delincuencia organizada, contra los distribuidores y procesadores de drogas, contra los secuestradores y todo tipo de malandrines que tiene asoladas a poblaciones enteras del país.
A partir de la promulgación de la referida ley, por fin, las fuerzas armadas del país tendrán facultades expresas para combatir legalmente ese tipo de ilícitos y, por qué no decirlo, también de continuar prestando su ayuda a las familias que requieran sus servicios en eventos de desgracia por fenómenos naturales. Esa es la ley que se aprobó y eso de la militarización es una falacia más de quienes se oponen a todo.