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Los retos de la CDMX para solucionar la contaminación del transporte

01 Ago 2018
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Parece un mosaico con azulejos en su mayoría de color morado y rojo en la parte superior que se convierten en amarillo y verde en la parte inferior. Pero la tabla que Beatriz Cárdenas está analizando no es una obra de arte moderno; es una pieza de la historia moderna. El gráfico ilustra una de las mayores historias de éxito de México en las últimas dos décadas: cómo una de las ciudades más congestionadas del mundo ha mejorado la calidad del aire.

“Ésta es la prueba de que las políticas públicas han funcionado”, dice Cárdenas, quien tiene un doctorado en ingeniería ambiental y es directora general de gestión de la calidad del aire en el Ministerio de Medio Ambiente de la Ciudad de México.

El gráfico muestra la concentración de ozono, que se difunde en la atmósfera en gran parte debido a las emisiones de los vehículos. El morado es “extremadamente malo”; el verde es “bueno”. En 1991, había más morado que cualquier otro color. La última vez que la Ciudad de México registró un color morado fue un lunes de marzo en 2016, año en que la calidad del aire era tan terrible que el gobierno de la capital endureció drásticamente el umbral de emergencias de calidad del aire y obligó incluso a autos nuevos a no circular un día a la semana, un esfuerzo para controlar las emisiones.

Sin embargo, un día morado hace dos décadas podría haber visto niveles de ozono de 400 partículas por mil millones, dice Cárdenas. En aquel entonces, se declaraba una emergencia de calidad del aire si los niveles de ozono alcanzaban las 290 partículas por mil millones. Ahora el umbral es 155.

“Suponemos que una emergencia de calidad del aire en la década de 1990 es igual a la misma situación ahora, pero no lo es”, dice Antonio Mediavilla, coordinador del proyecto en el Centro Mario Molina, un grupo de expertos ambientales líder en la Ciudad de México que lleva el nombre de su fundador, un químico mexicano que compartió el Premio Nobel en 1995 por identificar el papel de los clorofluorocarbonos en la capa de ozono. “La calidad del aire ha mejorado significativamente desde la década de 1990; pero aún no es ideal”.

La Ciudad de México se encuentra entre un creciente número de conurbaciones en todo el mundo donde los legisladores están luchando por equilibrar el crecimiento de la demanda de vehículos con combustible de carbono con los problemas de salud que causan sus emisiones.

Las estaciones de recarga de vehículos eléctricos han comenzado a aparecer en algunos vecindarios, pero hay pocas posibilidades de un cambio generalizado a vehículos o sistemas de transporte público no contaminantes a corto plazo en la capital de uno de los fabricantes de automóviles más grandes del mundo.

Pero eso no significa dejar de tratar de mejorar la calidad del aire.

Los funcionarios dicen que la prohibición de vehículos contaminantes en ciertos días ha ayudado, y las nuevas regulaciones sobre estándares de emisiones para vehículos pesados, aprobadas este año, entrarán en vigor en 2021. Este será un “cambio grande, grande y grande”, dice Kate Blumberg, que se centra en México y desarrolla estrategias para ciudades en el Consejo Internacional para el Transporte Limpio.

“Estos estándares para camiones son 99.9 por ciento más limpios para algunos tipos de contaminantes que son muy, muy peligrosos. Esto realmente ayudará dramáticamente a limpiar la calidad del aire”, sostiene.

Los cambios pondrán la regulación de las emisiones para camiones y autobuses a la par con las normas denominadas “US 2010” y “Euro VI” vigentes en el resto de América del Norte, así como en la UE, Japón, Corea del Sur, Turquía e India. México, sin embargo, se demorará 13 años con respecto a EU para que las nuevas normas estrictas entren en vigor por completo, señala Blumberg.

México es un importante fabricante de vehículos y el grupo de presión de la industria ha asegurado que los vehículos que no cumplan con los estándares más estrictos de EU o de la UE puedan venderse en México, “condenándonos a tener un retraso de 10-15 años, de forma permanente”, dice Mediavilla, quien tiene un doctorado en evaluación integrada y gestión de la calidad del aire.

Lo que es frustrante para los activistas es que la calidad del aire podría limpiarse mucho más, por la insignificante suma de 25 dólares por vehículo.

La tecnología de emisiones -los llamados sistemas de postratamiento que limpian las emisiones antes de que se emitan al aire- cuesta sólo 25 dólares por automóvil para instalar en la fábrica para alcanzar los niveles de la UE, y alrededor de 50 dólares para igualar los estándares de EU, dice Blumberg.

No obstante, este mes la Ciudad de México reintrodujo las pruebas de emisiones con mejores equipos y monitoreo de video para prevenir la corrupción. Aunque las pruebas de inspección técnica no son obligatorias, los centros de pruebas de emisiones ahora también verificarán la alineación, la suspensión y los frenos de los automóviles, ya que los vehículos en malas condiciones pueden usar aproximadamente un 30 por ciento más de combustible, afirma la Cárdenas.

Mediavilla dice que todavía se puede hacer más, incluido garantizar que los convertidores catalíticos funcionen correctamente. Pero tal vez el mayor desafío de política pública es cómo lograr que la gente realmente quiera utilizar el transporte público, a menudo deteriorado, cuando un automóvil se considera un símbolo de estatus.

 

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El apunte del director

  • MAYO 2025

    A días de la elección de jueces, magistrados y ministros, el engrudo no solo se le hizo bolas a la 4T, sino que ya se cuajó con el desastre que ha implicado todo el proceso de selección de los aspirantes que ha encontrado su epítome de la ineptitud con la filtración de ciertos personajes de mala reputación que, incluso, están vinculados con criminales, tal como lo denunció el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el  morenista Gerardo Fernández Noroña, quien reconoció que hubo fallas en los filtros para elegir a los candidatos al Poder Judicial en donde  se incluyeron “perfiles ligados con el narco o con personajes que defendieron públicamente a Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo”.

    Lo denunciado por Noroña tan solo es la punta del iceberg que oculta a licenciados que son promovidos por grupos empresariales, religiosos, partidistas, sindicales y por supuesto del crimen organizado y que, por lo tanto, cuentan, con el respaldo económico y de movilización para ganar la elección en los Circuitos y juzgados en donde fueron promovidos

    Así que “el sistema judicial más democrático del mundo” estará conformado en su mayoría, por juzgadores que resolverán los casos que lleguen a sus manos por consigna y no por un estricto apego al orden Constitucional.

    En este contexto, se alista en los estados y municipios gobernados por el oficialismo a cumplir con sus cuotas de votantes para el día de la elección, es decir, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena y sus aliados políticos, aceitan la maquinaria desde ahora para llevar el mayor número de acarreados el próximo 1 de junio a su cita con la elección más truculenta que haya organizado el INE.

    No obstante que está expresamente prohibido que los partidos políticos intervengan en el proceso de elección de los juzgadores, el gobierno está echando toda la carne al asador sin escatimar recursos públicos para “convencer” a los ciudadanos a acudir a votar.

    Sin ese acarreo del gobierno federal, la elección sería un total fracaso en cuanto a la abstención, sin embargo, con la puesta en marcha de la maquinaria electoral de la 4T se garantiza que acudan a votar entre un 15% y 20 por ciento del padrón electoral, lo que, para efectos del discurso oficial, sería un éxito, aunque sería una de las elecciones con mayor abstención, incluso por arriba de la revocación de mandato de AMLO.

    Como se sabe, los ciudadanos no contarán los votos emitidos en las casillas electorales, sino que, la boletas se concentrarán para que, sean los propios funcionarios del INE quienes realicen el cómputo para determinar a los candidatos ganadores a convertirse en ministros, magistrados y jueces, por supuesto, la mayor parte de ellos alineados a los designios del principal huésped de Palacio Nacional.

    Si consideramos que las arcas del gobierno federal, estatal y municipal están muy acotados en su manejo presupuestal por la escasez de presupuesto, con los gastos extraordinarios que representa la elección judicial, pues  muchas instancias de gobierno están imposibilitados a cumplir con las cuotas asignadas y por lo tanto, ante la negativa de conseguir los recursos necesarios que se requiere para el acarreo, seguramente no se alcanzarán las metas fijadas en cuanto al número de votantes que participen en la jornada electoral.

    El primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum presenta indicios de una recesión económica presidida, ya, de un estancamiento económico que inhibe la generación de empleos y por supuesto de desarrollo económico que incide en la captación tributaria, que es la principal fuente de ingresos que tiene el gobierno para solventar sus gastos.

    En este contexto se les ocurrió la genial idea de reformar el Poder Judicial que no solo acabó con la confianza de los inversionistas en México, sino que le metió más carga fiscal a las atribuladas finanzas públicas.

    Este es el escenario en el cual se va a llevar la farsa de la elección judicial que, en términos de gobernabilidad no aporta nada y en cambio, trastoca todo el sistema judicial a mover toda la estructura del Poder Judicial con la incrustación de jueces de pacotilla a modo del régimen que, en la mayoría de los casos, carecen de la experiencia necesaria para dictaminar con pleno apego a la Constitución.

    Y todavía falta, además de la jornada electoral, observar cómo opera en el día a día, con miles de casos judiciales, el nuevo Poder Judicial con una Suprema Corte de Justicia de la Nación con clara proclividad a la 4T y ciertos magistrados y jueces coludidos con criminales.

    En medio de la salvaje presión ejercida por Donald Trump sobre el gobierno de la presidenta, se mantiene el capricho de llevar a cabo la elección judicial que en el fondo permite consolidar un régimen autoritario alineado a otras dictaduras de la región como Cuba y Venezuela.