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CRE aprueba 33 permisos para almacenamiento de energéticos

04 Jun 2018
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De los 33 proyectos de almacenamiento y distribución de petrolíferos que está analizado la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 24, es decir, el 72 por ciento, ya cuentan con el permiso del órgano regulador, mientras que los nueve restantes (28 por ciento) se encuentran en etapa de evaluación, reportó el órgano regulador.

“Se está logrando tener mayor capacidad de almacenamiento en el país y eso va a propiciar una mayor competencia”, aseguró Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la CRE durante un evento privado.

De acuerdo con la Secretaría de Energía (Sener), hasta el 4 de abril contaban con el permiso de la CRE sólo 17 proyectos de almacenamiento y distribución de petrolíferos que en su totalidad suman una capacidad nominal por 24.5 millones de barriles.

Dentro de los proyectos que ya tienen licencia, destacan los de Avant Energy, Grupo R Terminals en Altamira y Reynosa, Tamaulipas respectivamente, así como el de Invex Infraestructura en el Valle de México, Hidalgo; Enermex Logística y Terminales en Axapusco, Estado de México o el de Hydrocarbon Storage Terminal en Acolman también en el Estado de México, la cual de acuerdo con Novani Clemente Mateos, directora adjunta de la empresa, se prevé arranque operaciones en 2020.

A diferencia de otros países como Estados Unidos donde por ley debe tener 90 días de abastecimiento, México posee únicamente tres días de inventario.

Frente a esta situación la Sener, mediante la Política de Almacenamiento de Petrolíferos promueve el desarrollo de nueva infraestructura para garantizar el abasto de combustibles en el país.

“Nuestra propuesta establece una obligación a los comercializadores de estos productos (gasolinas, turbosina o diésel) de contar con un inventario estratégico para que en caso de emergencia se pueda utilizar y tener capacidad de respuesta”, explicó Rosanety Barrios Beltrán, Jefa de la Unidad de Políticas de Transformación Industrial.

La meta que establece esta política es que el país pase de tres a cinco días de inventarios en 2020 y este número suba de 10 a 13 días para 2025.

A cuatro años que las leyes que regulan la apertura energética establecieran como mandato la evaluación de los impactos sociales de los proyectos, el pasado viernes se publicó en el Diario Oficial la guía y el formato para su presentación.

Edgar Alvarado, de Ombudsman Energía México, señaló en entrevista que el objetivo de dichas disposiciones es incluir a las comunidades en el desarrollo de los proyectos para que tengan una implementación más armónica.

Ante el atraso reconoció que hay un problema con los proyectos que ya fueron aprobados.

Los desarrolladores entregaban un estudio de impacto social, pero no tenían que cumplir con los requisitos que ahora se están estableciendo en las disposiciones.

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El apunte del director

  • MAYO 2025

    A días de la elección de jueces, magistrados y ministros, el engrudo no solo se le hizo bolas a la 4T, sino que ya se cuajó con el desastre que ha implicado todo el proceso de selección de los aspirantes que ha encontrado su epítome de la ineptitud con la filtración de ciertos personajes de mala reputación que, incluso, están vinculados con criminales, tal como lo denunció el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el  morenista Gerardo Fernández Noroña, quien reconoció que hubo fallas en los filtros para elegir a los candidatos al Poder Judicial en donde  se incluyeron “perfiles ligados con el narco o con personajes que defendieron públicamente a Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo”.

    Lo denunciado por Noroña tan solo es la punta del iceberg que oculta a licenciados que son promovidos por grupos empresariales, religiosos, partidistas, sindicales y por supuesto del crimen organizado y que, por lo tanto, cuentan, con el respaldo económico y de movilización para ganar la elección en los Circuitos y juzgados en donde fueron promovidos

    Así que “el sistema judicial más democrático del mundo” estará conformado en su mayoría, por juzgadores que resolverán los casos que lleguen a sus manos por consigna y no por un estricto apego al orden Constitucional.

    En este contexto, se alista en los estados y municipios gobernados por el oficialismo a cumplir con sus cuotas de votantes para el día de la elección, es decir, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena y sus aliados políticos, aceitan la maquinaria desde ahora para llevar el mayor número de acarreados el próximo 1 de junio a su cita con la elección más truculenta que haya organizado el INE.

    No obstante que está expresamente prohibido que los partidos políticos intervengan en el proceso de elección de los juzgadores, el gobierno está echando toda la carne al asador sin escatimar recursos públicos para “convencer” a los ciudadanos a acudir a votar.

    Sin ese acarreo del gobierno federal, la elección sería un total fracaso en cuanto a la abstención, sin embargo, con la puesta en marcha de la maquinaria electoral de la 4T se garantiza que acudan a votar entre un 15% y 20 por ciento del padrón electoral, lo que, para efectos del discurso oficial, sería un éxito, aunque sería una de las elecciones con mayor abstención, incluso por arriba de la revocación de mandato de AMLO.

    Como se sabe, los ciudadanos no contarán los votos emitidos en las casillas electorales, sino que, la boletas se concentrarán para que, sean los propios funcionarios del INE quienes realicen el cómputo para determinar a los candidatos ganadores a convertirse en ministros, magistrados y jueces, por supuesto, la mayor parte de ellos alineados a los designios del principal huésped de Palacio Nacional.

    Si consideramos que las arcas del gobierno federal, estatal y municipal están muy acotados en su manejo presupuestal por la escasez de presupuesto, con los gastos extraordinarios que representa la elección judicial, pues  muchas instancias de gobierno están imposibilitados a cumplir con las cuotas asignadas y por lo tanto, ante la negativa de conseguir los recursos necesarios que se requiere para el acarreo, seguramente no se alcanzarán las metas fijadas en cuanto al número de votantes que participen en la jornada electoral.

    El primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum presenta indicios de una recesión económica presidida, ya, de un estancamiento económico que inhibe la generación de empleos y por supuesto de desarrollo económico que incide en la captación tributaria, que es la principal fuente de ingresos que tiene el gobierno para solventar sus gastos.

    En este contexto se les ocurrió la genial idea de reformar el Poder Judicial que no solo acabó con la confianza de los inversionistas en México, sino que le metió más carga fiscal a las atribuladas finanzas públicas.

    Este es el escenario en el cual se va a llevar la farsa de la elección judicial que, en términos de gobernabilidad no aporta nada y en cambio, trastoca todo el sistema judicial a mover toda la estructura del Poder Judicial con la incrustación de jueces de pacotilla a modo del régimen que, en la mayoría de los casos, carecen de la experiencia necesaria para dictaminar con pleno apego a la Constitución.

    Y todavía falta, además de la jornada electoral, observar cómo opera en el día a día, con miles de casos judiciales, el nuevo Poder Judicial con una Suprema Corte de Justicia de la Nación con clara proclividad a la 4T y ciertos magistrados y jueces coludidos con criminales.

    En medio de la salvaje presión ejercida por Donald Trump sobre el gobierno de la presidenta, se mantiene el capricho de llevar a cabo la elección judicial que en el fondo permite consolidar un régimen autoritario alineado a otras dictaduras de la región como Cuba y Venezuela.