La noticia del Fin de semana se presentó con la remoción del cargo del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, por una aparente violación al código de ética que todo impartidor de justicia tiene y que, en este caso, al revelar datos de la investigación en proceso contra el ex titular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, fue cesado.
La decisión que tomó la Procuraduría General de la República (PGR), bajo la conducción del encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán, provocó una andanada de comentarios en contra y a favor, y el asunto ya se analiza en el Senado de la República, órgano legislativo con facultades para revertir o confirmar la remoción de Nieto Castillo.
Más allá de la determinación final a la que lleguen los senadores, el tema marca un precedente para la labor de los juzgadores, pues queda claro que en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio el inculpado tiene garantizado el debido proceso, donde la presunción de inocencia es un elemento de ley que el acusador tiene que revertir con pruebas y no con dichos o declaraciones a la prensa, en otras palabras el acusado “es inocente, hasta que no se le demuestre lo contrario”.
No será la primera vez que a Nieto Castillo se le acuse de mentir, pues con mentiras llegó al cargo que ostentaba, ya que el senado aprobó su nombramiento al frente de la FEPADE sin que haya verificado fehacientemente su ficha curricular, ya que por haber sido asesor del grupo parlamentario del PRD en el senado, previo a su designación, estaba impedido para concursar por el cargo.
Tampoco será la primera vez que se le acuse de filtrar información clasificada como reservada y que al hacerla pública pone en riesgo las investigaciones por presuntos delitos electorales, ahí está por ejemplo el caso del político de la filas del Partido Verde (PVEM), Arturo Escobar, cuando el fiscal informó de la consignación de un expediente ante un juez federal para solicitar una orden de aprehensión por presuntos delitos electorales cuando fungía como dirigente de dicho partido.
Obvio, el inculpado se inconformó y acudió ante la PGR para presentar la denuncia de hechos en contra de Santiago Nieto Castillo por haber violado los artículos 1, 6, 8, 14, 16, 20, 108 y 109 de la Carta Magna, con lo que se observó que el funcionario violó los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica de la PGR.
Hoy el nombre de Santiago Nieto otra vez está en el ojo del huracán mediático, aunque ahora con repercusiones en los ámbitos judicial y legislativo.
Como se sabe en la opinión pública, las autoridades judiciales rastrear posibles actos de corrupción durante la gestión de Emilio Lozoya, por un monto de 10.5 millones de dólares que supuestamente el director de la empresa PEMEX habría recibido de la empresa brasileña Odebrecht , y que el dinero pudo haber sido ocupado para campañas políticas.
El asunto es que Santiago Nieto, en su calidad de titular de la FEPADE, no supo conservar la secrecía con que se llevan las indagatorias del caso y se fue de la lengua al declarar que había recibido presión por parte de Emilio Lozoya, a través de una carta, para que el fiscal saliera a decir de manera pública que no había nada que perseguir y que Emilio era inocente, lo cual de inmediato fue desmentido por los abogados del ex director de PEMEX y hoy se sabe que la carta aludida no dice nada de los que denunció el cesado fiscal.
Al respecto, en entrevistas con medios informativos, Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la PGR, ha señalado que la decisión de separar del cargo a Nieto Castillo obedece a que “en días pasados el ex titular hizo declaraciones públicas sobre hechos y datos relacionados con investigaciones a su cargo, lo cual violenta diversos principios de nuestro nuevo Sistema de Justicia Penal”.
Agregó que “Esto impacta de manera directa al código de conducta de la Procuraduría y por eso se hace la remoción de Santiago porque el hecho de que violente esos principios puede dejar en libertad a probables responsables y la PGR no puede permitir que por supuestos errores de dar a conocer en medios de comunicación hechos y datos de investigaciones puedan quedar en libertad responsables de algún delito”.
Contundente, señala que la PGR no puede permitir que por dar información estrictamente reservada a medios de comunicación u otra instancia, presuntos responsables queden en libertad. Y añade que con el cese de Nieto Castillo “No estamos protegiendo a nadie, más bien estamos protegiendo la investigación que tiene a su cargo la fiscalía”.
En ese contexto, los líderes de las bancadas del PAN, PT-Morena y el PRD, en el Senado de la república, adelantaron que, en la sesión de mañana martes, fijarán como prioridad el tema de la remoción del ex Fiscal y el esclarecimiento del caso Odebrecht, y por lo pronto ya afinan la estrategia en su intento por frenar la referida destitución, ya que esa es una facultad que tiene el senado y ahora solo falta saber si los legisladores al final pugnan por defender a un fiscal mediático o se inclinan por uno respetuoso de la ley y los procedimientos jurídicos.