Contáctanos: 5546 8746
Síguenos en:
Fecha:

Hacienda robustecerá ‘blindaje’ contra choques del exterior

13 Mar 2025
420 veces
Hacienda robustecerá ‘blindaje’ contra choques del exterior Imagen tomada de: https://x.com/Hacienda_Mexico
  • El secretario de Hacienda declaró que conducirá las finanzas públicas hacia una convergencia fiscal responsable, impulsando inversiones estratégicas y reduciendo la brecha de desigualdad

 

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, se comprometió a seguir robusteciendo el ‘blindaje fiscal’, que brinde un margen de maniobra necesario para afrontar choques externos, sin comprometer el balance público ni la estabilidad macroeconómica.

 

En su comparecencia ante diputados para su ratificación en el cargo, el economista también aseguró que conducirá las finanzas públicas hacia una convergencia fiscal responsable, impulsando inversiones estratégicas y reduciendo la brecha de desigualdad.

 

Destacó que el año pasado se le pudieron inyectar 45 mil millones de pesos al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, más los recursos que presupuestalmente se le asignaron. En este momento, los recursos del fondo alcanzan casi 103 mil millones de pesos. “Entonces, tenemos coberturas petroleras, coberturas financieras y fondos de estabilización”, enfatizó.

 

Agregó que en la dependencia están abocados a reconstruir los fondos de estabilización justamente para proteger esta posible caída en los ingresos fiscales.

 

Ratificación en el cargo

 

En la sesión del pleno de San Lázaro del miércoles, Amador Zamora fue ratificado en su cargo con 419 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, de la misma forma que Carlos Lerma Cotera, como subsecretario de Ingresos, y Roberto Fernández González como tesorero de la Federación.

 

El tesorero expresó que “en tanto tengamos un escenario de incertidumbre, tenemos que voltear hacia adentro y fortalecer la recaudación, es algo que se ha venido haciendo y que hay que continuar”.

 

Lerma Cotera explicó que la recaudación del primer bimestre ha superado el pronóstico de ingresos en 3.7 por ciento, gracias a la actividad económica y al comercio exterior.

 

Amador puntualizó que la intención es llevar y mantener el coeficiente de inversión/PIB cercano al 25 por ciento, lo cual garantiza un crecimiento de la economía cercano a su potencial, y generar de un millón a millón y medio de empleos.

 

“Priorizaremos el financiamiento de proyectos estratégicos que generen crecimiento económico y contribuyan al desarrollo social y regional, como los incluidos en los polos de bienestar, así como la creación y modernización de infraestructura logística y de transporte”, precisó el titular de Hacienda.

 

Añadió que la otra gran variable macroeconómica es el consumo y los apoyos sociales, que representan 2.3 por ciento del PIB. “El consumo puro que va directamente a la base de la pirámide y nos da un piso muy sólido para el crecimiento económico del país para la estabilidad y el desarrollo del país”, abundó.

 

Política fiscal

 

En materia de recaudación del SAT, Amador señaló que debe enfocarse a la atención de los contribuyentes y a la fiscalización, para evitar la evasión, con respeto a quienes hacen un esfuerzo por cumplir con sus obligaciones puntualmente.

 

“Daremos continuidad a los esfuerzos para alcanzar los objetivos establecidos en el Paquete Económico de 2025, a pesar de las adversidades y de los posibles vientos en contra”, expresó.

 

Asimismo, reconoció cierto ‘enlentecimiento’ de la economía del país, sin embargo, confió en que se lograrán las metas de recaudación fiscal durante 2025.

 

“Nuestra tarea no es solo mantener la salud de las finanzas públicas, sino hacerlo de manera que se garantice el crecimiento económico y el bienestar social de la población”, subrayó el secretario.

 

Señaló que la convergencia fiscal es una estrategia de sostenibilidad que permitirá afrontar el futuro con estabilidad y fuerza ante cualquier choque económico, como ha sucedido en los últimos siete años.

 

En materia del manejo de la deuda, indicó que mantendrán una estrategia de crédito público prudente, que minimice los costos y riesgos para el país, al mismo tiempo que garantizarán la sostenibilidad de la deuda pública en el mediano y largo plazos.

 

Con información de: El Financiero

Valora este artículo
(0 votos)

El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.