• En un informe que el OIC entregó a la Cámara de Diputados se indica que existen 2 mil 595 investigaciones abiertas por malas conductas de funcionarios de la FGR

Mientras la delincuencia se dispara en el país, la operación de la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra en el abandono.

Con miles de investigaciones de su Órgano Interno de Control (OIC) por deficiencias en su funcionamiento y de expedientes abiertos por malas conductas de sus funcionarios, reporta desorden en cajas fuertes de resguardo de dinero asegurado, malos servicios de vigilancia, personal sin control de confianza, entre otras muchas fallas.

En un informe que el OIC entregó a la Cámara de Diputados –al que El Financiero tuvo acceso–también se indica que existen 2 mil 595 investigaciones abiertas por malas conductas de sus funcionarios y mil 958 expedientes abiertos.

Destaca, en el último reporte del segundo semestre de 2023, deficiencias en los servicios de vigilancia, y que “las áreas de separos, cámaras de Gesell y bodegas de indicios en sus delegaciones no cumplen con las condiciones requeridas para su operación”.

Señala a “personas servidoras públicas adscritas a las delegaciones, cuyo certificado de evaluación de control de confianza no se encuentra vigente o carece de éste, y controles insuficientes para el registro de incidencias en delegaciones”.

Por ejemplo, subraya que “se identificó en la caja fuerte de la bodega de indicios de Sinaloa cantidades de dinero, referidas en 10 carpetas de investigación, sin depositarse dentro de las 72 horas de su aseguramiento en cuenta bancaria autorizada, lo que representó un tiempo de atraso de entre 42 y mil 983 días”.

Además, “bienes localizados en las delegaciones no considerados en el inventario institucional o que carecen del número de inventario, bienes no instalados, que no funcionan u obsoletos, mismos que no se han dado de baja”.

“Se detectó falta de planeación en el requerimiento de los equipos informáticos para las áreas FGR, al requerir al inicio del procedimiento de contratación una cantidad mayor a las que efectivamente necesitaban las áreas, así como una deficiente administración en el suministro y control de éstos, conforme a lo referido en el contrato formalizado”.

Resalta también el “incumplimiento de los contratos del servicio de vigilancia especializada para las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), toda vez que no se presentaron las listas de asistencia del personal”.

Con información de: El Financiero