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DIF Coahuila consolida su compromiso con el bienestar social de las familias y cuidadores

05 Oct 2026
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DIF Coahuila consolida su compromiso con el bienestar social de las familias y cuidadores Imagen tomada de: https://coahuila.gob.mx/
  • Lleva a cabo la instalación del Grupo Interinstitucional en Materia de Cuidados 

Con el propósito de visibilizar, articular y cuantificar las acciones gubernamentales orientadas al bienestar de las familias coahuilenses, el DIF Coahuila llevó a cabo la instalación oficial del Grupo Interinstitucional en Materia de Cuidados

 

El evento estuvo encabezado por Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, acompañada por la diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; la maestra Mayra Lucila Valdés González, secretaria de las Mujeres; integrantes del Gabinete estatal, representantes de poderes públicos, de municipios y de instituciones académicas como la Universidad Autónoma de Coahuila.

 

Durante su mensaje, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que el Estado cuenta con un sólido antecedente de trabajo en favor del cuidado, el cual requería ser formalmente visibilizado y medido para responder de manera más efectiva a las necesidades de la población.

 

"Mucho se ha venido realizando en el tema de cuidados, simplemente no se estaba visibilizando y no se estaba cuantificando. Entonces, es el momento de comenzar a digitalizar, de saber a quién estamos atendiendo y cuáles son las responsabilidades de cuidado", expresó.

 

Subrayó que las acciones emprendidas desde los centros comunitarios, las estancias de día para adultos mayores, los Centros de Atención a la Primera Infancia en coordinación con la Secretaría de Educación, las guarderías, los programas del sistema Inspira y las campañas de salud de las mujeres conforman de manera integral un auténtico sistema de cuidados en la entidad.

 

Salinas Valdés hizo un llamado a las y los integrantes del nuevo grupo de trabajo para trascender la formalidad protocolaria.

 

"Que este consejo o esta mesa no sea nada más de cumplir un protocolo de instalación y de cumplimiento de reportes, sino que realmente la labor que estamos realizando cada una y cada uno de nosotros sea muy efectiva, muy cuantitativa y de calidad", enfatizó.

 

Durante su intervención, la diputada local, Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, destacó, el respaldo total del Poder Legislativo para consolidar el marco legal y las acciones del Grupo Interinstitucional en Materia de Cuidados.

 

Puntualizó que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa una carga fundamental —con un impacto económico estimado de miles de pesos mensuales por persona— sostenida principalmente por las mujeres, por lo que visibilizarlo y legislar al respecto previene situaciones de violencia y protege la salud de quienes cuidan.

 

Reafirmó la disposición del Congreso para coordinarse con el Gobierno del Estado, analizar las mejores prácticas nacionales y adaptar las leyes necesarias para garantizar que la corresponsabilidad entre familia, sociedad y gobierno permita a las mujeres acceder a mayores oportunidades de desarrollo, estudio y bienestar.

 

Mayra Lucila Valdés González, secretaria de las Mujeres del Estado, destacó que la instalación del Grupo Interinstitucional en Materia de Cuidados cumple con el firme compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas de construir una política pública sólida, humana y solidaria.

 

Señaló que el trabajo de cuidados —reconocido internacionalmente como un derecho humano autónomo en sus tres dimensiones: cuidar, ser cuidado y el autocuidado— recae desproporcionadamente en las mujeres, quienes dedican un promedio de horas significativamente mayor en comparación con los hombres. Por ello, enfatizó que este grupo coordinará esfuerzos entre dependencias, municipios, sociedad civil e iniciativa privada, contando con el respaldo de la UAdeC para la elaboración de un diagnóstico estatal que permita visibilizar, articular y fortalecer todas las acciones y programas orientados a la corresponsabilidad familiar en Coahuila.

 

Por su parte, las autoridades participantes coincidieron en que esta instancia interinstitucional permitirá articular con mayor precisión los esfuerzos del Gobierno del Estado, los municipios, la sociedad civil y el sector privado, consolidando una política pública robusta basada en la corresponsabilidad y en la protección de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y quienes realizan labores de cuidado.

 

Con información de: https://coahuila.gob.mx/

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El apunte del director

  • Octubre 2026

    Una decapitación orquestada desde la 4T

    La decapitación de la estatua del expresidente Felipe Calderón en Los Pinos no puede reducirse a una anécdota de protesta sindical ni mucho menos justificarse como un simple acto simbólico contra quien decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Lo ocurrido es un acto de vandalismo dentro de un recinto administrado por el Estado y, por ello, plantea una pregunta elemental: ¿cómo fue posible que un grupo de manifestantes ingresara, destruyera una escultura y se paseara con su cabeza sin que la seguridad del lugar lo impidiera?

    Los hechos están documentados. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, azuzados por Jesús Ramírez Cuevas, asesor presidencial, ingresaron al Complejo Cultural Los Pinos después de manifestarse contra Calderón, quien participaba en el Foro América Libre 2026. Los inconformes encontraron la estatua en el suelo, donde permanecía desde que un árbol la derribó en 2025, y procedieron a golpearla hasta desprenderle la cabeza. Uno de los participantes incluso caminó con ella antes de arrojarla contra el piso.

    La primera responsabilidad del gobierno es por omisión. Durante más de un año permitió que una pieza perteneciente al acervo histórico de Los Pinos permaneciera abandonada en el suelo. En julio de 2025, la dirección del complejo había anunciado que sería restaurada y reinstalada; eso no ocurrió.

    La segunda responsabilidad es todavía más grave: la incapacidad o falta de voluntad de la seguridad del recinto para impedir su destrucción. Los reportes disponibles señalan que durante el vandalismo no hubo intervención policial ni del personal encargado de proteger el Centro Cultural.

    Y allí aparece el problema político.

    No existe hasta ahora evidencia pública que permita asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la agresión o que Jesús Ramírez instruyó al SME para destruir la estatua. Afirmarlo como hecho sin pruebas desviaría la atención de algo que sí puede exigirse al gobierno: explicar por qué permitió que ocurriera dentro de un inmueble bajo responsabilidad federal y por qué nadie protegió un bien que formaba parte del recinto.

    Porque el Estado de derecho también se defiende cuando el personaje agraviado es un adversario político.

    Felipe Calderón puede ser cuestionado por sus decisiones de gobierno; el SME tiene todo el derecho de repudiar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, protestar contra el expresidente y exigir justicia por lo que considere agravios históricos. Lo que nadie tiene derecho a hacer es sustituir la protesta por la destrucción de bienes dentro de instalaciones públicas.

    Un gobierno democrático no puede administrar la legalidad dependiendo de quién sea la víctima. Si mañana un grupo contrario a López Obrador destruyera una estatua suya dentro de un recinto federal mientras los guardias observan pasivamente, el oficialismo reclamaría —con razón— la aplicación de la ley.

    Ese mismo principio debe valer para Calderón.

    La escena de Los Pinos es particularmente desafortunada porque convierte la intolerancia política en espectáculo: una estatua decapitada, una cabeza paseada como trofeo y una autoridad aparentemente incapaz de detener la destrucción.

    La Presidencia y la Secretaría de Cultura deberían explicar qué ocurrió, quién tenía bajo su responsabilidad la seguridad del complejo, por qué no intervino y qué consecuencias habrá.

    No hacerlo significaría enviar un mensaje peligroso: que en México existen actos de vandalismo tolerables dependiendo de contra quién se cometan.

    Y cuando el poder comienza a seleccionar qué patrimonio merece protección y qué adversario merece el abandono, lo que termina decapitado no es solamente una estatua.

    Es el principio elemental de que la ley debe aplicarse a todos por igual.