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Desde San Lázaro. Atole con el dedo. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

08 Ago 2018
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Con un presidente electo que es ungido como el día de hoy, y con un activismo que le quitó cuatro meses de su gestión a Peña Nieto, iniciando ayer en Ciudad Juárez y con la idea de construir políticas públicas que hacen frente a la realidad que es materia de inseguridad vive el país, los "Foros de consulta para trazar una ruta de pacificación nacional".

La misma idea que usar en su momento Felipe Calderón y luego Enrique Peña, para incorporar la sociedad en la solución de la inseguridad pública. Leemos: "Recopilar propuestas con posibilidad de transformación en políticas públicas, regionales o nacionales para darle una oportunidad a la paz". ¿En dónde he oído eso antes?

Y de qué se trata esos Foros, pues es una especie de catarsis social de las víctimas que con la esperanza en el corazón y sus antecesores dolorosos antes del próximo presidente de la República, aunque después haya servido de poca cosa para erradicar ese cáncer que lacera tanto a la sociedad.

En las consultas participa Loretta Ortiz, coordinadora del proceso de pacificación del próximo gobierno de México, quien lamentablemente anunció la realización de los foros recomendados por la participación del jerarca de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, quien por supuesto no participó en estos eventos pero la noticia sirvió para las cosas, que la opinión pública tenía conocimiento de la realización de estas reuniones públicas y que era la actividad.

Durante la realización de estos eventos se espera la participación de las víctimas por la inseguridad, además de jóvenes, actores sociales, mujeres, campesinos, empresarios, académicos, autoridades en los tres niveles de gobierno y diversas organizaciones de derechos humanos.

Según calendario dado a conocer, además del que se realizó en Ciudad Juárez, los trabajos continuarán el 9 de agosto en Morelia, Michoacán; 14 de agosto, en Torreón, Gómez Palacio y La Laguna, en los estados de Coahuila y Durango, mientras que el 21 de agosto se realizó en Cuernavaca, Morelos. Les seguirán el 28 de agosto en Acapulco, Guerrero ,; el 11 de septiembre, en Tijuana, Baja California; 14 de septiembre, Nezahualcóyotl, Estado de México; 18 de septiembre, Monterrey, Nuevo León; 20 de septiembre, Saltillo, Coahuila; 25 de septiembre, Puebla, Puebla; 27 de septiembre, Tlaxcala, Tlaxcala; 1 de octubre, Guadalajara, Jalisco.

El 4 de octubre será en León, Guanajuato; el 9 de octubre en Xalapa, Veracruz; el 11 de octubre en Oaxaca, Oaxaca; el 16 de octubre en Villahermosa, Tabasco, y se ha propuesto que llegue el 24 de octubre, en la Ciudad de México, en un evento con organizaciones de la sociedad civil.

Bien, por AMLO que personalmente se ocupe del tema y mejor, por abrir un espacio a las víctimas y deudos. Mal, porque lo que sobrán son los diagnósticos y las propuestas para el combate a la inseguridad. Parecería más una acción de pelo que las acciones concretas para abatir la criminalidad.

No es posible que el próximo gobierno tenga un programa para restablecer la paz en la base de las tareas adquiridas por el Estado y no con el dolor de la gente.

Los diagnósticos y encuentros con la sociedad civil son archivos de la SEGOB, programas de acción similares. Seguramente al final de estos foros, nos saldrán con la novedad que es mejor la amistad a los criminales, que el combate frontal.

Se trata del estilo del presidente electo, pasar primero por el derecho de la opinión del pueblo, para después, justificar el fracaso.

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El apunte del director

  • MAYO 2025

    A días de la elección de jueces, magistrados y ministros, el engrudo no solo se le hizo bolas a la 4T, sino que ya se cuajó con el desastre que ha implicado todo el proceso de selección de los aspirantes que ha encontrado su epítome de la ineptitud con la filtración de ciertos personajes de mala reputación que, incluso, están vinculados con criminales, tal como lo denunció el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el  morenista Gerardo Fernández Noroña, quien reconoció que hubo fallas en los filtros para elegir a los candidatos al Poder Judicial en donde  se incluyeron “perfiles ligados con el narco o con personajes que defendieron públicamente a Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo”.

    Lo denunciado por Noroña tan solo es la punta del iceberg que oculta a licenciados que son promovidos por grupos empresariales, religiosos, partidistas, sindicales y por supuesto del crimen organizado y que, por lo tanto, cuentan, con el respaldo económico y de movilización para ganar la elección en los Circuitos y juzgados en donde fueron promovidos

    Así que “el sistema judicial más democrático del mundo” estará conformado en su mayoría, por juzgadores que resolverán los casos que lleguen a sus manos por consigna y no por un estricto apego al orden Constitucional.

    En este contexto, se alista en los estados y municipios gobernados por el oficialismo a cumplir con sus cuotas de votantes para el día de la elección, es decir, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena y sus aliados políticos, aceitan la maquinaria desde ahora para llevar el mayor número de acarreados el próximo 1 de junio a su cita con la elección más truculenta que haya organizado el INE.

    No obstante que está expresamente prohibido que los partidos políticos intervengan en el proceso de elección de los juzgadores, el gobierno está echando toda la carne al asador sin escatimar recursos públicos para “convencer” a los ciudadanos a acudir a votar.

    Sin ese acarreo del gobierno federal, la elección sería un total fracaso en cuanto a la abstención, sin embargo, con la puesta en marcha de la maquinaria electoral de la 4T se garantiza que acudan a votar entre un 15% y 20 por ciento del padrón electoral, lo que, para efectos del discurso oficial, sería un éxito, aunque sería una de las elecciones con mayor abstención, incluso por arriba de la revocación de mandato de AMLO.

    Como se sabe, los ciudadanos no contarán los votos emitidos en las casillas electorales, sino que, la boletas se concentrarán para que, sean los propios funcionarios del INE quienes realicen el cómputo para determinar a los candidatos ganadores a convertirse en ministros, magistrados y jueces, por supuesto, la mayor parte de ellos alineados a los designios del principal huésped de Palacio Nacional.

    Si consideramos que las arcas del gobierno federal, estatal y municipal están muy acotados en su manejo presupuestal por la escasez de presupuesto, con los gastos extraordinarios que representa la elección judicial, pues  muchas instancias de gobierno están imposibilitados a cumplir con las cuotas asignadas y por lo tanto, ante la negativa de conseguir los recursos necesarios que se requiere para el acarreo, seguramente no se alcanzarán las metas fijadas en cuanto al número de votantes que participen en la jornada electoral.

    El primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum presenta indicios de una recesión económica presidida, ya, de un estancamiento económico que inhibe la generación de empleos y por supuesto de desarrollo económico que incide en la captación tributaria, que es la principal fuente de ingresos que tiene el gobierno para solventar sus gastos.

    En este contexto se les ocurrió la genial idea de reformar el Poder Judicial que no solo acabó con la confianza de los inversionistas en México, sino que le metió más carga fiscal a las atribuladas finanzas públicas.

    Este es el escenario en el cual se va a llevar la farsa de la elección judicial que, en términos de gobernabilidad no aporta nada y en cambio, trastoca todo el sistema judicial a mover toda la estructura del Poder Judicial con la incrustación de jueces de pacotilla a modo del régimen que, en la mayoría de los casos, carecen de la experiencia necesaria para dictaminar con pleno apego a la Constitución.

    Y todavía falta, además de la jornada electoral, observar cómo opera en el día a día, con miles de casos judiciales, el nuevo Poder Judicial con una Suprema Corte de Justicia de la Nación con clara proclividad a la 4T y ciertos magistrados y jueces coludidos con criminales.

    En medio de la salvaje presión ejercida por Donald Trump sobre el gobierno de la presidenta, se mantiene el capricho de llevar a cabo la elección judicial que en el fondo permite consolidar un régimen autoritario alineado a otras dictaduras de la región como Cuba y Venezuela.