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Fundamental capacitar a psiquiatras y médicos de primer contacto sobre trastorno bipolar Destacado

02 Jul 2018
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02-07-2018.- La Cámara de Diputados recibió de la Secretaría de Salud respuesta a un punto de acuerdo donde destaca la necesidad de capacitar a los psiquiatras generales y a los médicos de primer contacto sobre el trastorno bipolar, con la finalidad de canalizar a los pacientes con el especialista y realizar diagnósticos oportunos.

Los médicos deben conocer de qué se trata la enfermedad, “ya que en la mayoría de los casos confunden esta afección con los cambios de personalidad o del carácter cuando en realidad es un trastorno de estado de ánimo y, por lo tanto, no se pueden evitar episodios depresivos o de manía simplemente con hacer modificaciones psicosociales o ambientales, sino iniciar forzosamente tratamiento farmacológico”.

Aclara que no es posible detener la proliferación de este padecimiento y aunque se ha identificado que el estrés psicosocial y quizá algunas variables medioambientales podrían influir para que una persona presente síntomas, estos factores tienen poca injerencia. No obstante, pueden actuar más como detonadores en personas que son proclives a padecerlo por las características cerebrales que tienen desde el nacimiento.

Si se pretenden promover medidas o políticas encaminadas a disminuir la carga de la enfermedad, los esfuerzos deben dirigirse a la capacitación de los médicos, precisa.

Asimismo, a emprender campañas dirigidas a la población, para evitar el estigma hacia los pacientes con los llamados trastornos mentales graves (que son psiquiátricos crónicos y llegan a requerir hospitalizaciones en algún momento de la vida, así como tratamiento de por vida) para que se promueva la búsqueda de atención en caso de identificar tales síntomas y lograr la inclusión social de las personas con la enfermedad.

Menciona que en la actualidad se atribuye esta afección principalmente al componente genético, ya que la heredabilidad oscila entre 60 y 80 por ciento dependiendo del estudio consultado. También se han propuesto mutaciones de novo, pero aún no se ha establecido con qué están relacionadas y por lo tanto no se sabe cómo evitarlas.

En el documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, la Secretaría de Salud resalta que este padecimiento se da en las últimas etapas de la adolescencia o al principio de la edad adulta entre 15 y 25 años de edad y cuando alguien comienza con los síntomas, existe un retardo de 7 a 10 años en promedio para diagnosticarlo.

La mayoría de las veces solo se sospecha que el paciente tiene depresión, ansiedad o incluso se asume que presenta cambios en su carácter que pasarán con el tiempo, “lo cual impacta de forma negativa su funcionalidad laboral, escolar o social hasta antes de que se determine la enfermedad y su tratamiento oportuno”.

Eso respondió la Secretaría de Salud al acuerdo aprobado por los diputados el pasado 10 de abril, donde se le pidió implementar campañas de prevención, a fin de combatir el aumento indiscriminado del trastorno bipolar en los jóvenes.

Los legisladores expusieron que de acuerdo con la Asociación Psiquiátrica Mexicana, existen cerca de tres millones de personas que tienen este padecimiento común y de mucha importancia; sin embargo, uno de los retos importantes es identificarlo oportunamente.

Añadieron que una de las barreras para el diagnóstico son los mitos alrededor de los trastornos mentales y en este caso del bipolar. “El paciente, quien es el que recibe principalmente estos resultados, no se da cuenta inicialmente que puede tener bipolaridad”.

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El apunte del director

  • MAYO 2025

    A días de la elección de jueces, magistrados y ministros, el engrudo no solo se le hizo bolas a la 4T, sino que ya se cuajó con el desastre que ha implicado todo el proceso de selección de los aspirantes que ha encontrado su epítome de la ineptitud con la filtración de ciertos personajes de mala reputación que, incluso, están vinculados con criminales, tal como lo denunció el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el  morenista Gerardo Fernández Noroña, quien reconoció que hubo fallas en los filtros para elegir a los candidatos al Poder Judicial en donde  se incluyeron “perfiles ligados con el narco o con personajes que defendieron públicamente a Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo”.

    Lo denunciado por Noroña tan solo es la punta del iceberg que oculta a licenciados que son promovidos por grupos empresariales, religiosos, partidistas, sindicales y por supuesto del crimen organizado y que, por lo tanto, cuentan, con el respaldo económico y de movilización para ganar la elección en los Circuitos y juzgados en donde fueron promovidos

    Así que “el sistema judicial más democrático del mundo” estará conformado en su mayoría, por juzgadores que resolverán los casos que lleguen a sus manos por consigna y no por un estricto apego al orden Constitucional.

    En este contexto, se alista en los estados y municipios gobernados por el oficialismo a cumplir con sus cuotas de votantes para el día de la elección, es decir, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena y sus aliados políticos, aceitan la maquinaria desde ahora para llevar el mayor número de acarreados el próximo 1 de junio a su cita con la elección más truculenta que haya organizado el INE.

    No obstante que está expresamente prohibido que los partidos políticos intervengan en el proceso de elección de los juzgadores, el gobierno está echando toda la carne al asador sin escatimar recursos públicos para “convencer” a los ciudadanos a acudir a votar.

    Sin ese acarreo del gobierno federal, la elección sería un total fracaso en cuanto a la abstención, sin embargo, con la puesta en marcha de la maquinaria electoral de la 4T se garantiza que acudan a votar entre un 15% y 20 por ciento del padrón electoral, lo que, para efectos del discurso oficial, sería un éxito, aunque sería una de las elecciones con mayor abstención, incluso por arriba de la revocación de mandato de AMLO.

    Como se sabe, los ciudadanos no contarán los votos emitidos en las casillas electorales, sino que, la boletas se concentrarán para que, sean los propios funcionarios del INE quienes realicen el cómputo para determinar a los candidatos ganadores a convertirse en ministros, magistrados y jueces, por supuesto, la mayor parte de ellos alineados a los designios del principal huésped de Palacio Nacional.

    Si consideramos que las arcas del gobierno federal, estatal y municipal están muy acotados en su manejo presupuestal por la escasez de presupuesto, con los gastos extraordinarios que representa la elección judicial, pues  muchas instancias de gobierno están imposibilitados a cumplir con las cuotas asignadas y por lo tanto, ante la negativa de conseguir los recursos necesarios que se requiere para el acarreo, seguramente no se alcanzarán las metas fijadas en cuanto al número de votantes que participen en la jornada electoral.

    El primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum presenta indicios de una recesión económica presidida, ya, de un estancamiento económico que inhibe la generación de empleos y por supuesto de desarrollo económico que incide en la captación tributaria, que es la principal fuente de ingresos que tiene el gobierno para solventar sus gastos.

    En este contexto se les ocurrió la genial idea de reformar el Poder Judicial que no solo acabó con la confianza de los inversionistas en México, sino que le metió más carga fiscal a las atribuladas finanzas públicas.

    Este es el escenario en el cual se va a llevar la farsa de la elección judicial que, en términos de gobernabilidad no aporta nada y en cambio, trastoca todo el sistema judicial a mover toda la estructura del Poder Judicial con la incrustación de jueces de pacotilla a modo del régimen que, en la mayoría de los casos, carecen de la experiencia necesaria para dictaminar con pleno apego a la Constitución.

    Y todavía falta, además de la jornada electoral, observar cómo opera en el día a día, con miles de casos judiciales, el nuevo Poder Judicial con una Suprema Corte de Justicia de la Nación con clara proclividad a la 4T y ciertos magistrados y jueces coludidos con criminales.

    En medio de la salvaje presión ejercida por Donald Trump sobre el gobierno de la presidenta, se mantiene el capricho de llevar a cabo la elección judicial que en el fondo permite consolidar un régimen autoritario alineado a otras dictaduras de la región como Cuba y Venezuela.