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Implementar programas de apoyo para maestros de comunidades indígenas Destacado

01 Jun 2018
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01-06-2018.- En México existen 15.7 millones de indígenas que padecen rezago educativo. De acuerdo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 19.2 por ciento son analfabetas; además, las escuelas de educación preescolar, primaria y telesecundaria carecen de condiciones idóneas, lo que impide dar a este sector una formación eficiente y oportuna, afirmó el diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, PAN.

Los estados que concentran el mayor retraso histórico y sistemático son Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas; el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 señala que es un tema cíclico caracterizado por bajos niveles de logro escolar, alta deserción y escaso rendimiento académico.

Ante ello, Herrera Deras plantea en una iniciativa reformar el artículo 33 de la Ley General de Educación para que las autoridades educativas desarrollen programas de apoyo a maestros que prestan sus servicios en comunidades indígenas.

El diputado panista menciona que el objetivo es fomentar el arraigo en sus lugares de origen, y alentar la formación que permita a los estudiantes integrarse a otros espacios nacionales y cumplir con el calendario escolar.

El documento que se encuentra en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, cita que las modalidades de enseñanza como primaria, educación bilingüe y bilingüe intercultural no han podido reducir las brechas entre la población indígena y la que no lo es, sobre todo, al medir las tasas de continuidad educativa y rendimiento escolar.

Señala que no todos los niños con alguna lengua indígena terminan la educación básica. En 2010, únicamente 53 por ciento de alumnos de 12 a 14 años tenían primaria completa, y sólo 37 por ciento de 15 a 17 años terminaron la secundaria; además, la tasa de deserción es de 1.51 por ciento, mientras que la de reprobación alcanza 5.6 por ciento.

El Informe Anual 2014 de Unicef, establece que 69.3 por ciento de adolescentes indígenas asisten a la secundaria, frente a 83.9 por ciento que no son.

En el estudio “Buenas prácticas sobre educación indígena”, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia puntualiza que “dos tercios de las escuelas de las comunidades pertenecen a la modalidad de multigrado, en la que un mismo docente tiene la responsabilidad de atender a alumnos que cursan más de un grado, lo cual puede tener un efecto negativo en la calidad de los servicios educativos si el maestro no dispone de metodologías, técnicas o herramientas pedagógicas acordes con el entorno en el que se desempeña”.

Los profesores de escuelas de multigrados han enfrentado agudos desafíos al hacerse responsables de la planeación y la enseñanza del contenido académico; la mayoría se desenvuelve en lugares de alta marginación en donde se habla poco español, señala la iniciativa.

Los docentes no tuvieron la suficiente instrucción durante su formación y carecen de métodos adecuados de enseñanza de lectura y escritura en lenguas originarias.

La iniciativa considera apremiante una formación multidisciplinaria de los profesores para dotarlos de las herramientas necesarias que les permitan guiar a estudiantes de estas poblaciones, y sean promotores de una educación más equitativa que no conozca de limitaciones geográficas.

Con la conformación de programas multidisciplinarios, se estaría haciendo frente al reto de ampliar la visión tanto de los cambios socioculturales del contexto nacional global, como los nuevos contextos multiculturales.

Mientras no se consolide un verdadero esfuerzo, acorde a la realidad de México, se continuará con las mismas omisiones que afecten la socialización en el desenvolvimiento educativo durante las diferentes etapas, señala la iniciativa.

 

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El apunte del director

  • MAYO 2025

    A días de la elección de jueces, magistrados y ministros, el engrudo no solo se le hizo bolas a la 4T, sino que ya se cuajó con el desastre que ha implicado todo el proceso de selección de los aspirantes que ha encontrado su epítome de la ineptitud con la filtración de ciertos personajes de mala reputación que, incluso, están vinculados con criminales, tal como lo denunció el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el  morenista Gerardo Fernández Noroña, quien reconoció que hubo fallas en los filtros para elegir a los candidatos al Poder Judicial en donde  se incluyeron “perfiles ligados con el narco o con personajes que defendieron públicamente a Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo”.

    Lo denunciado por Noroña tan solo es la punta del iceberg que oculta a licenciados que son promovidos por grupos empresariales, religiosos, partidistas, sindicales y por supuesto del crimen organizado y que, por lo tanto, cuentan, con el respaldo económico y de movilización para ganar la elección en los Circuitos y juzgados en donde fueron promovidos

    Así que “el sistema judicial más democrático del mundo” estará conformado en su mayoría, por juzgadores que resolverán los casos que lleguen a sus manos por consigna y no por un estricto apego al orden Constitucional.

    En este contexto, se alista en los estados y municipios gobernados por el oficialismo a cumplir con sus cuotas de votantes para el día de la elección, es decir, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena y sus aliados políticos, aceitan la maquinaria desde ahora para llevar el mayor número de acarreados el próximo 1 de junio a su cita con la elección más truculenta que haya organizado el INE.

    No obstante que está expresamente prohibido que los partidos políticos intervengan en el proceso de elección de los juzgadores, el gobierno está echando toda la carne al asador sin escatimar recursos públicos para “convencer” a los ciudadanos a acudir a votar.

    Sin ese acarreo del gobierno federal, la elección sería un total fracaso en cuanto a la abstención, sin embargo, con la puesta en marcha de la maquinaria electoral de la 4T se garantiza que acudan a votar entre un 15% y 20 por ciento del padrón electoral, lo que, para efectos del discurso oficial, sería un éxito, aunque sería una de las elecciones con mayor abstención, incluso por arriba de la revocación de mandato de AMLO.

    Como se sabe, los ciudadanos no contarán los votos emitidos en las casillas electorales, sino que, la boletas se concentrarán para que, sean los propios funcionarios del INE quienes realicen el cómputo para determinar a los candidatos ganadores a convertirse en ministros, magistrados y jueces, por supuesto, la mayor parte de ellos alineados a los designios del principal huésped de Palacio Nacional.

    Si consideramos que las arcas del gobierno federal, estatal y municipal están muy acotados en su manejo presupuestal por la escasez de presupuesto, con los gastos extraordinarios que representa la elección judicial, pues  muchas instancias de gobierno están imposibilitados a cumplir con las cuotas asignadas y por lo tanto, ante la negativa de conseguir los recursos necesarios que se requiere para el acarreo, seguramente no se alcanzarán las metas fijadas en cuanto al número de votantes que participen en la jornada electoral.

    El primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum presenta indicios de una recesión económica presidida, ya, de un estancamiento económico que inhibe la generación de empleos y por supuesto de desarrollo económico que incide en la captación tributaria, que es la principal fuente de ingresos que tiene el gobierno para solventar sus gastos.

    En este contexto se les ocurrió la genial idea de reformar el Poder Judicial que no solo acabó con la confianza de los inversionistas en México, sino que le metió más carga fiscal a las atribuladas finanzas públicas.

    Este es el escenario en el cual se va a llevar la farsa de la elección judicial que, en términos de gobernabilidad no aporta nada y en cambio, trastoca todo el sistema judicial a mover toda la estructura del Poder Judicial con la incrustación de jueces de pacotilla a modo del régimen que, en la mayoría de los casos, carecen de la experiencia necesaria para dictaminar con pleno apego a la Constitución.

    Y todavía falta, además de la jornada electoral, observar cómo opera en el día a día, con miles de casos judiciales, el nuevo Poder Judicial con una Suprema Corte de Justicia de la Nación con clara proclividad a la 4T y ciertos magistrados y jueces coludidos con criminales.

    En medio de la salvaje presión ejercida por Donald Trump sobre el gobierno de la presidenta, se mantiene el capricho de llevar a cabo la elección judicial que en el fondo permite consolidar un régimen autoritario alineado a otras dictaduras de la región como Cuba y Venezuela.