El muestreo que abarca a micro universos de la población que se usan para las encuestas, en muchas ocasiones, son de risa y responden a una lectura que da cuenta de una realidad que solo existe en la mente de sus encuestadores y de sus mecenas.
Ejemplos, sobran en todo el mundo. Cada elección en México y en los países democráticos, el último ejemplo, Colombia, dan cuenta del fiasco que representan las encuestas que ya están convertidas en instrumentos de propaganda más que de herramientas de medición anticipada del sentir mayoritario de una población.
Seguramente, al contrastar los resultados finales y oficiales de la elección presidencial del uno de julio, quedará constatado sobre el fraude y el fiasco en el que cayeron la mayoría de las empresas encuestadoras que, prefirieron arriesgar su prestigio, en aras de engrosar sus bolsillos.
Así de simple, así de contundente.
De otra manera no se explica el tamaño de los errores presentados.
El INE tiene la memoria histórica de las encuestas electorales y los documentos que comparan los resultados oficiales con los arrojados por las encuestas publicadas. Al ponderarlo fácilmente se observa los niveles de error que tuvieron casi todas en las elecciones presidenciales del 2012.
Hay que recordar que el principio central de la regulación de las encuestas electorales ha sido la transparencia y la máxima publicidad, dado que no existen mecanismos de coerción o sancionatorios para quienes lleven a cabo encuestas que no se apeguen a los lineamientos y criterios científicos que aprueba la autoridad. La autoridad electoral ofrece a la sociedad los insumos necesarios para que se pueda valorar la calidad de las encuestas y en consecuencia, contribuir a la construcción del voto razonado y de una opinión pública mejor informada.
Entonces, por qué en estos momentos, a un mes de la elección, el INE no vuelve publicar cuales encuestadoras se equivocaron en el 2012 y cuales están participando activamente. Por su parte, el poder legislativo debe crear un nuevo marco legal que las regule.
Pomposamente los dueños y directores de esas casas encuestadoras dictan catedra, basados en el resultado de sus estudios demoscópicos. Hacen pronósticos, dictan conferencias y apuntalan la idea sobre quién será el vencedor de los comicios.
Aconsejan a los candidatos. Pontifican sobre lo que tienen que hacer, regañan e incluso provocan que los ingenuos modifiquen sus estrategias de campaña.
Claro, hay que decirlo, hay excepciones que confirman la regla. Son profesionales, en toda la extensión de la palabra, que no se atreven a modificar los resultados arrojados en campo, so pena de mellar el buen nombre de la casa encuestadora que representan.
No soy el indicado para dar la lista negra de las encuestadoras mercenarias, eso lo debe hacer el Instituto Nacional Electoral, así como los organismos estatales en materia electoral, además de los mismos medios de comunicación que las contrataron y publicaron sus resultados.
Así como les exigimos a los políticos y servidores públicos presenten y hagan públicas sus declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses, también hay que hacer los mismo con los dueños y directivos de esas empresas encuestadoras que además de estar registradas en el INE, deben estar obligados a presentar su tres de tres.
Los ríos de dinero que van a parar a los bolsillos de muchos de los encuestadores desborda la imaginación y los cálculos más conservadores, solo basta decir que los clientes que los contratan tienen en los presupuestos no oficiales, una partida significativa para tales efectos.
