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Piden políticas públicas para participación de mujeres en la creación de inventos Destacado

26 May 2018
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26-05-2017.- Es necesario diseñar e implementar políticas públicas destinadas a aumentar la participación de las mujeres en la productividad científica; la mayoría de los estados de la república no rebasa 10 solicitudes de patentes por año, en donde participen con sus inventos; otras entidades, no incluyen a ninguna, sostuvo la diputada María Eloísa Talavera Hernández (PAN).

Integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología, la legisladora impulsa una iniciativa que reforma la Ley de la Propiedad Industrial para que el instituto mexicano que administra este sistema, diseñe, implemente y evalúe políticas públicas destinadas a incrementar la participación de las mujeres en la actividad inventiva.

Talavera Hernández destacó que la participación de mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores es de 36 por ciento, a pesar de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) lo considera como un tema prioritario.

Resaltó que, de acuerdo con el Centro de Análisis para la Investigación en Innovación, A.C., en su estudio “Estado General de la Propiedad Intelectual en México”, existen varios estados donde, del total de patentes otorgadas en 2015, ninguna es de una mujer.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la brecha de género y la productividad científica en países con ingreso mediano, como México, la desigualdad entre mujeres y hombres impide promover a las científicas a rangos académicos superiores.

Por ello, explicó, uno de los objetivos de la reforma consiste en dar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la facultad para diseñar e implementar políticas públicas destinadas a aumentar la participación de las mujeres en la creación de inventos.

En 2015, México adoptó, junto con 192 países, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de las Naciones Unidas, la cual establece, entre sus objetivos, lograr la igualdad de género, así como buscar el empoderamiento de las mujeres, fortaleciendo políticas acertadas y leyes aplicables que las impulsen en todos los niveles.

La reforma, que adiciona un inciso a la fracción XII del artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial y que fue enviada a la Comisión de Economía para su análisis, también propone generar políticas públicas que fomenten y protejan los derechos de propiedad industrial, principalmente en el ámbito de la innovación y creación inventiva a nivel estatal.

Plantea celebrar convenios con otros organismos tanto del gobierno federal como estatales e instituciones públicas o privadas que impulsen al sector.

Señala que el desempeño por entidades federativas es desigual, ya que de 2013 a 2016, Nayarit, Campeche, Baja California Sur y Tlaxcala no rebasaron las 10 solicitudes de patente por año; en tanto, la Ciudad de México presentó más de 300 peticiones en ese mismo periodo.

Nuevo León, Jalisco y el Estado de México también ocupan los primeros lugares en solicitudes de patentes presentadas; en tanto, Nayarit, Tlaxcala y Guerrero registran entre una y tres por año, precisa.

“La evidencia muestra que en México es posible encontrar diferencias muy importantes entre los estados, no sólo en términos geográficos, culturales, de población o territorio, sino en elementos importantes como la innovación, por lo que es necesario realizar esfuerzos que reduzcan la brecha en actividades inventivas”, puntualiza.

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El apunte del director

  • MAYO 2025

    A días de la elección de jueces, magistrados y ministros, el engrudo no solo se le hizo bolas a la 4T, sino que ya se cuajó con el desastre que ha implicado todo el proceso de selección de los aspirantes que ha encontrado su epítome de la ineptitud con la filtración de ciertos personajes de mala reputación que, incluso, están vinculados con criminales, tal como lo denunció el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el  morenista Gerardo Fernández Noroña, quien reconoció que hubo fallas en los filtros para elegir a los candidatos al Poder Judicial en donde  se incluyeron “perfiles ligados con el narco o con personajes que defendieron públicamente a Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo”.

    Lo denunciado por Noroña tan solo es la punta del iceberg que oculta a licenciados que son promovidos por grupos empresariales, religiosos, partidistas, sindicales y por supuesto del crimen organizado y que, por lo tanto, cuentan, con el respaldo económico y de movilización para ganar la elección en los Circuitos y juzgados en donde fueron promovidos

    Así que “el sistema judicial más democrático del mundo” estará conformado en su mayoría, por juzgadores que resolverán los casos que lleguen a sus manos por consigna y no por un estricto apego al orden Constitucional.

    En este contexto, se alista en los estados y municipios gobernados por el oficialismo a cumplir con sus cuotas de votantes para el día de la elección, es decir, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena y sus aliados políticos, aceitan la maquinaria desde ahora para llevar el mayor número de acarreados el próximo 1 de junio a su cita con la elección más truculenta que haya organizado el INE.

    No obstante que está expresamente prohibido que los partidos políticos intervengan en el proceso de elección de los juzgadores, el gobierno está echando toda la carne al asador sin escatimar recursos públicos para “convencer” a los ciudadanos a acudir a votar.

    Sin ese acarreo del gobierno federal, la elección sería un total fracaso en cuanto a la abstención, sin embargo, con la puesta en marcha de la maquinaria electoral de la 4T se garantiza que acudan a votar entre un 15% y 20 por ciento del padrón electoral, lo que, para efectos del discurso oficial, sería un éxito, aunque sería una de las elecciones con mayor abstención, incluso por arriba de la revocación de mandato de AMLO.

    Como se sabe, los ciudadanos no contarán los votos emitidos en las casillas electorales, sino que, la boletas se concentrarán para que, sean los propios funcionarios del INE quienes realicen el cómputo para determinar a los candidatos ganadores a convertirse en ministros, magistrados y jueces, por supuesto, la mayor parte de ellos alineados a los designios del principal huésped de Palacio Nacional.

    Si consideramos que las arcas del gobierno federal, estatal y municipal están muy acotados en su manejo presupuestal por la escasez de presupuesto, con los gastos extraordinarios que representa la elección judicial, pues  muchas instancias de gobierno están imposibilitados a cumplir con las cuotas asignadas y por lo tanto, ante la negativa de conseguir los recursos necesarios que se requiere para el acarreo, seguramente no se alcanzarán las metas fijadas en cuanto al número de votantes que participen en la jornada electoral.

    El primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum presenta indicios de una recesión económica presidida, ya, de un estancamiento económico que inhibe la generación de empleos y por supuesto de desarrollo económico que incide en la captación tributaria, que es la principal fuente de ingresos que tiene el gobierno para solventar sus gastos.

    En este contexto se les ocurrió la genial idea de reformar el Poder Judicial que no solo acabó con la confianza de los inversionistas en México, sino que le metió más carga fiscal a las atribuladas finanzas públicas.

    Este es el escenario en el cual se va a llevar la farsa de la elección judicial que, en términos de gobernabilidad no aporta nada y en cambio, trastoca todo el sistema judicial a mover toda la estructura del Poder Judicial con la incrustación de jueces de pacotilla a modo del régimen que, en la mayoría de los casos, carecen de la experiencia necesaria para dictaminar con pleno apego a la Constitución.

    Y todavía falta, además de la jornada electoral, observar cómo opera en el día a día, con miles de casos judiciales, el nuevo Poder Judicial con una Suprema Corte de Justicia de la Nación con clara proclividad a la 4T y ciertos magistrados y jueces coludidos con criminales.

    En medio de la salvaje presión ejercida por Donald Trump sobre el gobierno de la presidenta, se mantiene el capricho de llevar a cabo la elección judicial que en el fondo permite consolidar un régimen autoritario alineado a otras dictaduras de la región como Cuba y Venezuela.