Congreso que no manda: entre la reforma electoral y la obediencia política

El arranque del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión confirma una realidad incómoda pero cada vez más evidente: el Poder Legislativo ha dejado de comportarse como un contrapeso y opera, en los hechos, como una extensión administrativa del Ejecutivo. Lejos de marcar agenda propia o ejercer su función constitucional, el Congreso parece más una oficina alterna de la Secretaría de Gobernación que un poder autónomo del Estado mexicano.

El inicio del periodo legislativo estuvo marcado por la simulación. Una sesión breve, discursos previsibles y, de inmediato, un receso que envía un mensaje claro a la ciudadanía: no hay urgencia, no hay prisa y no hay conciencia del momento político que vive el país. Mientras los problemas nacionales se acumulan, diputados y senadores administran su tiempo como si gobernar y legislar fueran actividades accesorias.

En este contexto, la salida de Adán Augusto López del primer círculo de poder no es un episodio menor. Su paso por la Secretaría de Gobernación dejó una huella profunda en el Congreso, particularmente en el Senado, donde se construyó una estructura política leal, disciplinada y eficaz para operar las decisiones del Ejecutivo. Hoy, esa red está bajo revisión y su reacomodo marcará el verdadero equilibrio interno del oficialismo.

El reordenamiento no implica necesariamente una ruptura, pero sí una redefinición de mandos y lealtades. La pregunta de fondo es si el Congreso aprovechará este momento para recuperar márgenes de autonomía o si simplemente cambiará de operador político sin alterar su lógica de subordinación. Hasta ahora, todo indica que se optará por lo segundo.

La discusión sobre la reforma electoral ilustra con claridad este fenómeno. Anunciada como una transformación profunda del sistema democrático, la iniciativa ha terminado por diluirse en una versión funcional, cuidadosamente negociada para no incomodar a los aliados del oficialismo. El PT y el PVEM aceptaron ajustes como la reducción de prerrogativas y cambios en la representación plurinominal, pero lo hicieron a cambio de preservar cuotas de poder y espacios de negociación.

No se trata de una reforma pensada desde el interés público, sino de un ejercicio de administración política. La prioridad no es fortalecer la democracia ni corregir distorsiones del sistema electoral, sino garantizar gobernabilidad legislativa y estabilidad interna rumbo a los próximos procesos electorales. El Congreso, una vez más, actúa como ejecutor de acuerdos cupulares y no como foro de deliberación nacional.

Pero sería un error cargar toda la responsabilidad al bloque gobernante. La oposición tampoco ha estado a la altura del momento. Fragmentada, reactiva y sin una estrategia clara, ha renunciado a su papel de contrapeso efectivo. Oscila entre la protesta simbólica y el discurso incendiario, sin construir una agenda legislativa sólida ni articular una alternativa creíble frente al poder.

La inoperancia opositora termina por reforzar la hegemonía del oficialismo. Sin presión real, sin debate profundo y sin costos políticos, el Congreso se convierte en un espacio cómodo para la obediencia. El resultado es un Legislativo irrelevante, incapaz de representar la pluralidad del país y ajeno a las demandas ciudadanas.

Lo que se espera del Congreso en este segundo periodo es mucho más de lo que hasta ahora ha mostrado. Se requiere un Poder Legislativo que legisle, que cuestione, que modifique y que, cuando sea necesario, frene. Un Congreso que deje de actuar como ventanilla de trámite del Ejecutivo y asuma su responsabilidad histórica.

Si el Congreso insiste en comportarse como una oficina alterna de Gobernación, la democracia mexicana seguirá perdiendo uno de sus pilares fundamentales. La autonomía no se decreta, se ejerce. Y hasta ahora, en San Lázaro y en el Senado, esa voluntad simplemente no se ve.