A medida que transcurre el gobierno de Claudia Sheinbaum resulta más difícil ocultar el tamaño de la herencia que recibió de Andrés Manuel López Obrador. No hablamos solamente de problemas administrativos pendientes, sino de decisiones de enorme calado cuyos costos económicos, institucionales y sociales continuarán decantándose durante años, quizá lustros.

Desde esta perspectiva, López Obrador puede ser considerado el peor presidente de México de la época contemporánea, no por una animadversión política, sino por la profundidad de decisiones que modificaron instituciones, destruyeron capacidades gubernamentales y comprometieron recursos públicos que pertenecen también a las siguientes generaciones.

El primer gran fracaso fue la seguridad. “Abrazos, no balazos” terminó convertido en el símbolo de una política que permitió que organizaciones criminales ampliaran su presencia territorial. Mientras eso ocurría, paradójicamente, el gobierno profundizó la militarización que López Obrador había criticado durante años.

El segundo desastre ocurrió en la salud. La desaparición del Seguro Popular, la fallida instrumentación del Insabi, los problemas de abasto de medicamentos y la posterior improvisación de nuevos mecanismos dejaron millones de mexicanos atrapados en un sistema incapaz de garantizar atención suficiente y oportuna.

En educación tampoco existe mucho que presumir. México arrastra enormes rezagos de aprendizaje, mientras el gobierno anterior prefirió emprender una transformación ideológica de contenidos antes que colocar en el centro matemáticas, comprensión de lectura, ciencias, innovación y preparación tecnológica.

A ello debe agregarse la destrucción o debilitamiento de instituciones construidas durante décadas.

El Fonden desapareció bajo el argumento de combatir la corrupción, pero el país quedó sin aquel mecanismo financiero específico para enfrentar desastres naturales. También desapareció el Consejo de Promoción Turística mientras una de las actividades que más divisas y empleos genera quedó sometida a una estrategia distinta de promoción internacional.

Después vino la ofensiva contra los organismos autónomos y los contrapesos institucionales. La obsesión por concentrar decisiones en Palacio Nacional debilitó instituciones regulatorias y de transparencia como el INAI  que precisamente habían sido creadas para impedir que el Ejecutivo fuera juez y parte.

En infraestructura, el balance tampoco puede separarse del costo de las decisiones presidenciales.

La cancelación del aeropuerto de Texcoco significó abandonar una obra ya iniciada y asumir enormes compromisos financieros. En paralelo surgieron los proyectos emblemáticos del sexenio: Dos Bocas, Tren Maya y AIFA, entre otros, cuyas cuentas finales, rentabilidad y subsidios deberán ser con recursos públicos durante muchos años.

Pemex constituye otra pesada herencia. La apuesta por recuperar una pretendida soberanía energética terminó obligando al Estado a destinar cantidades extraordinarias de recursos en refinación y no en explotación de nuevos yacimientos, además de sostener a una empresa endeudada, la mayor del mundo en su género, y con enormes necesidades financieras.

Todo ello ocurrió mientras el crecimiento económico resultó insuficiente para las necesidades de un país de más de 130 millones de habitantes.

Pero acaso la herencia más peligrosa sea la gobernabilidad.

López Obrador convirtió la polarización en método de gobierno. Dividió sistemáticamente entre buenos y malos, pueblo y adversarios, conservadores y transformadores. Desde la tribuna presidencial desacreditó periodistas, empresarios, organizaciones civiles, jueces, órganos autónomos y prácticamente cualquier contrapeso que cuestionara sus decisiones.

Además, dejó encaminada una transformación del Poder Judicial cuyos efectos sobre la independencia de jueces, la certidumbre jurídica y las inversiones apenas comienzan a dimensionarse.

AMLO endeudó al país como nadie y Sheinbaum está peor

Claudia Sheinbaum heredó todo eso y más.

Recibió compromisos presupuestales crecientes, empresas públicas necesitadas de recursos, grandes obras que requieren dinero para operar, un sistema sanitario todavía bajo presión, rezagos educativos, inseguridad, instituciones debilitadas y unas finanzas públicas con un margen de maniobra limitado.

Esa es precisamente la trampa política de la Presidenta: mientras más se empeñe en defender integralmente el legado de López Obrador, más tendrá que cargar con sus consecuencias.

Sheinbaum tiene todavía la posibilidad de corregir el rumbo. Pero para hacerlo necesitará algo mucho más complicado que administrar la herencia: deberá emanciparse políticamente de ella.

Porque los gobiernos no deben juzgarse únicamente por las pensiones entregadas, las obras inauguradas o la popularidad de un presidente. Se juzgan por las instituciones que dejan, por la seguridad de sus ciudadanos, por la calidad de sus servicios públicos, por la fortaleza de sus finanzas y por las oportunidades que entregan a las siguientes generaciones.

Bajo esos parámetros, la factura del obradorismo apenas comienza a cobrarse.

Y lo verdaderamente grave es que López Obrador ya no está en Palacio Nacional para pagarla, sino que la tiene que cubrir Claudia Sheinbaum y todos los mexicanos.