Existe una contradicción que el gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá que resolver tarde o temprano. Desde Palacio Nacional, la Secretaría de Economía, Energía y prácticamente todo el gabinete económico se insiste en que México necesita inversión privada, nacional y extranjera, para crecer, aprovechar la relocalización de empresas, generar empleos y convertir al país en una de las principales plataformas productivas de América del Norte. Sin embargo, mientras el discurso ofrece certidumbre, algunas decisiones institucionales y legislativas despiertan precisamente la preocupación contraria: más controles, nuevas revisiones y mayores interrogantes para quienes arriesgan su capital.

El asunto cobra actualidad con la reforma a la Ley de Inversión Extranjera aprobada por el Senado el pasado 30 de septiembre y enviada a la Cámara de Diputados. El nuevo esquema establece un procedimiento a cargo de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para revisar determinadas operaciones por razones de seguridad nacional. Entre los supuestos contemplados están adquisiciones superiores al 49 por ciento del capital de empresas mexicanas que participen en sectores considerados sensibles, como infraestructura estratégica, tecnologías críticas y de doble uso, insumos fundamentales o manejo de información sensible, siempre bajo las condiciones previstas por la propia reforma.

Nadie puede objetar seriamente que México proteja sectores estratégicos ni que revise inversiones que eventualmente comprometan la seguridad nacional. Estados Unidos y Canadá tienen mecanismos semejantes. El problema empieza cuando los criterios son ambiguos, los procedimientos se vuelven burocráticos o la autoridad obtiene márgenes demasiado amplios de discrecionalidad.

Eso es precisamente lo que está advirtiendo la International Chamber of Commerce México. La organización considera legítimo proteger la seguridad nacional, pero reclama criterios objetivos y transparentes para evitar que el nuevo mecanismo se convierta en una fuente de incertidumbre para quienes evalúan invertir en nuestro país. ICC México pide certeza para la inversión.

La advertencia debería escucharse en San Lázaro antes de aprobar automáticamente lo que llegó del Senado.

ICC México propone definir claramente qué operaciones serán revisadas, facilitar los trámites de aquellas de menor riesgo, permitir consultas confidenciales previas, garantizar a las empresas conocer las preocupaciones de la autoridad y ofrecer información pública sobre el funcionamiento del mecanismo. También reclama que la reforma sea congruente con los compromisos adquiridos por México en el T-MEC y otros acuerdos internacionales.

El asunto adquiere todavía mayor relevancia porque México está entrando en una etapa decisiva de su relación económica con Estados Unidos y Canadá. En medio de la revisión del T-MEC y de una competencia mundial feroz por atraer capital, nuestro país tendría que ofrecer precisamente aquello que buscan los inversionistas: reglas claras, seguridad jurídica, energía suficiente, infraestructura, capital humano y autoridades capaces de resolver controversias con independencia.

Y aquí aparece otro de los grandes elefantes dentro del cuarto: la reforma judicial.

La elección popular de jueces, magistrados y ministros, precedida por la polémica de los llamados “acordeones”, abrió una discusión legítima sobre la independencia judicial y la certeza jurídica que encontrarán las empresas cuando enfrenten litigios contra particulares o contra el propio gobierno. Para cualquier inversionista resulta fundamental saber que, cuando exista una controversia, tendrá enfrente tribunales imparciales y reglas previsibles, independientemente de quién ocupe Palacio Nacional.

No significa que la inversión extranjera haya desaparecido. Los propios datos oficiales obligan a matizar cualquier diagnóstico catastrofista. México recibió 34 mil 968 millones de dólares de IED durante el primer semestre de 2026, máximo histórico para ese periodo y 2.1 por ciento superior al registrado un año antes.

Pero hay otro dato que merece mucha más atención: de ese total, 30 mil 957 millones, equivalentes al 88.5 por ciento, correspondieron a reinversión de utilidades; las nuevas inversiones representaron apenas 2 mil 726 millones de dólares, es decir, 7.8 por ciento.

Una cosa es que las empresas que ya están instaladas en México reinviertan parte de sus utilidades y otra muy distinta que nuevos capitales decidan construir plantas, instalar centros tecnológicos o comprometer miles de millones de dólares en proyectos que tardarán décadas en recuperar.

Esos inversionistas no solamente observan salarios, ubicación geográfica o acceso al mercado estadounidense. También estudian la estabilidad regulatoria, la fortaleza de las instituciones y la posibilidad de defender legalmente sus inversiones.

Por eso resulta contradictorio que mientras el gobierno presume récords de inversión y habla del Plan México como gran plataforma para el desarrollo, simultáneamente impulse o acompañe modificaciones institucionales que sectores empresariales consideran fuentes potenciales de incertidumbre.

Ese es justamente el desafío mexicano.