Desde tiempos del PRI hegemónico, a cada rato se convocaba a todos los sectores productivos de la sociedad para conjuntar esfuerzos en aras de sacar al país adelante por problemas macroeconómicos como devaluaciones, crisis económica y toda clase de inconvenientes que merecía el concurso de todos los mexicanos.

Así nació el “Hecho en México” para privilegiar el consumo nacional, en lugar de adquirir productos importados, sin embargo, siempre se fracasó,  porque fue pura demagogia ya que el gobierno no priorizó los objetivos de estos planes sexenales con la asignación de recursos presupuestales etiquetados y suficientes para apoyar a la planta productiva del país, que está en manos de la iniciativa privada y de las fuerzas del mercado que mediante la oferta y la demanda se inclina por productos más baratos y de mejor calidad y que casi siempre provienen del extranjero

La realidad es que con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, nuestro país, empezó a romper el círculo vicioso de la improductividad para acceder a otros estadios de desarrollo merced al libre comercio, empero la burocracia, (la incapacidad del gobierno para marchar al ritmo que marcan las grandes, medianas y pequeñas empresas mexicanas), en ser un gran facilitador para que los emprendedores puedan desplegar todas sus capacidades creativas para generar crecimiento, empleos formales, desarrollo regional y ser generadores de los impuestos que se requieren para fortalecer la inclusión social; han impedido que México esté en el top ten de las economías del orbe.

Hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, el país tuvo un crecimiento positivo del PIB, en márgenes de 2.4% anual, empero con López Obrador, se desplomó el PIB a menos del 1% y ahora todo apunta que habrá un decremento negativo.

La imposición arbitraria de aranceles por parte de Donald Trump a los productos que importa Estados Unidos, ha abierto la puerta de una recesión económica mundial, acentuada, por supuesto en Estados Unidos y por consecuencia naturales en nuestro país y es en este contexto en donde lanza nuevamente el Plan México versión recargada para ser resiliente ante las Trumpadas y atenuar el daño ocasionado por sus arbitrarias decisiones.

Por supuesto, el T-MEC nos salvó que padecer los aranceles recíprocos, pero ya tenemos la carga del 25 por ciento al acero y aluminio, el 25% a los productos mexicanos que se exportan a EU y que están fuera del tratado comercial y alrededor de 15% a los automotores producidos en México y todo esto es lo que celebra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum porque su contraparte norteamericana se “tentó el corazón” y no nos tocó con los aranceles recíprocos.

México tuvo igual trato que Canadá, no obstante que estos últimos se le pusieron a las patadas con el magnate inmobiliario.

El Plan México es una lista de enormes deseos que se cumplirán en la medida que se hagan realidad, por lo menos tres factores; apoyo presupuestal del gobierno; inversión nacional y extranjera y participación de la iniciativa privada en áreas estratégicas como la energética, telecomunicaciones, ciencia y tecnología y otros rubros, sin embargo, una de las condiciones básicas que piden los grandes capitales para poner sus canicas, es que exista un robusto estado de derecho del que se carece en nuestro país, merced a una reforma judicial que está elaborada para someter al Poder Judicial a los designios de la Jefa del Ejecutivo Federal.

La inseguridad pública, violencia, desaparecidos, desplazados por el crimen organizado y funcionarios coludidos con los cárteles de la droga, son obstáculos infranqueables para que fluya la inversión a México.

La realidad es que al depender totalmente de las importaciones de gasolinas y de gas, pues no hay forma de fortalecer la planta productiva y menos, evitar la recesión económica en la que ya estamos sumergidos.

Una cosa, son los buenos deseos del gobierno y otra muy diferente, que se tenga la capacidad presupuestal y voluntad política para dejar de pensar que pueden con la administración de las empresas públicas de reciente creación como Mexicana, Tren Maya, Dos Bocas, AIFA y otras tantas ocurrencias que llevó a cabo AMLO con resultados desastrosos.

Con el Plan México se pide la unidad nacional, pero en la realidad está se dinamita todos los días desde Palacio Nacional, al despotricar contra aquellos que osan criticar al gobierno con datos duros.

Si realmente la presidenta quiere sacar al buey de la barranca, debe empezar por aprobar estímulos fiscales a las empresas mexicanas de todos tamaños, al tiempo de continuar con su política para revertir los índices delictivos y echar atrás su reforma judicial.

Con un gobierno en quiebra financiera, pues no se tiene la capacidad presupuestal para apoyar al Plan México.

Hay que recordar que aquello que no se acompaña con presupuesto, es pura demagogia.