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Desde San Lázaro. Fuera manos de las cuotas de los trabajadores y de la Autonomía Sindical. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

28 Oct 2024
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Desde San Lázaro. Fuera manos de las cuotas de los trabajadores y de la Autonomía Sindical. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/alejosanchezca

Diversos cambios legislativos de gran calado se cocinan mientras mantenemos la mirada fija en las iniciativas de reforma del Poder Judicial por la que ha corrido tanta tinta y seguirá llenado los espacios en los medios de comunicación.  En el Senado, se cuece una reforma laboral que, en caso de aprobarse, incidirá directamente en la autonomía de los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado.

 

La tentación del poder siempre es difícil de resistir y a los gobernantes y funcionarios de cualquier nivel y de cualquier partido: gobernadores, titulares de dependencias públicas federales, estatales o municipales, les seduce la posibilidad de influir en el organismo sindical de su entidad.

 

La posición crítica del magisterio a las medidas que buscan concentrar el poder y a esta especie de sopa de dominó legislativa que ocupa el centro de la agenda del debate político, no impide identificar que la reforma laboral más reciente (influida por las negociaciones del TMEC) y la política salarial fueron determinantes en aspectos positivos que se rescatan de la economía.

 

Como el aumento del salario mínimo, a la limitación a la subcontratación laboral (outsourcing) y a la legislación que impone la democratización sindical obligando a las dirigencias a someterse a elecciones directas, con voto secreto y libre; a consultar con su base trabajadora las condiciones laborales negociadas con la patronal; a la libre sindicación; y a la inclusión de la perspectiva de género.

 

Sin embargo, la ecuación está incompleta para garantizar el derecho humano y laboral a la libre sindicalización y el derecho sindical a la autonomía, por ello el senador morenista Alfonso Cepeda Salas,  único dirigente sindical representado en el Senado de la República, presentó una iniciativa de reforma a las leyes Federal del Trabajo, Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y a la General de Responsabilidades Administrativas para disuadir, impedir y castigar a quienes, siendo funcionarios públicos, quieran meter las manos en las elecciones sindicales.

 

No son pocos ni infrecuentes los gobernadores que quieren influir en las elecciones sindicales con la peregrina idea que, desde ahí, podrán tener control y gobernabilidad (obediencia) para tomar decisiones que afecten negaticamente a los trabajadores y puedan desviar recursos públicos, si los trabajadores no son representados por quien vele por sus intereses. Son funcionarios a los que la autonomía sindical les estorba, pero que cuando la vulneran les estallan nuevos problemas en la cara.

 

En los últimos años hay ejemplos sobrados de ello.

 

Tenemos múltiples casos de gobiernos estatales que retienen cuotas a los trabajadores  y las desvían a distintos propósitos diferentes a su objeto y propósito legal.

 

Esas cuotas son del ISSSTE, o del organismo local de seguridad social cuando existe; o de pensiones y cajas de ahorro, de descuentos de nómina, etc.

 

Aquí nos ocupamos del caso del Gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, expriista, pero estrella local del obradorismo, quien puso en su contra a todos los trabajadores municipales y estatales por su torpeza autoritaria intentando quitar de un plumazo derechos y pensiones. Gobernador, por cierto, que ignoró a la presidenta  Claudia Sheinbaum en su momento.

 

Ejemplos sobran de funcionarios intentando alterar requisitos de elegibilidad, financiando planillas, presionando, por las buenas o por las malas, a representantes sindicales y a aspirantes en procesos de elección sindical y promoviendo la creación de grupos disidentes o de nuevas organizaciones sindicales. Lo mismo hizo Eruviel Ávila (Estado de México) cuando era gobernador priista, que hoy Tere Jiménez (Aguascalientes).

 

La iniciativa formulada por Cepeda Salas, senador de Morena a quien, como dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no le ha sido ajena la problemática, pretende “prevenir y sancionar cualquier injerencia perniciosa que atente contra la libertad y la autonomía sindicales y los derechos de los sindicatos, a fin de contribuir al combate de la corrupción y defender los derechos de las y los trabajadores de México, tanto del apartado A como del apartado B del artículo 123 constitucional”.

 

La reforma morenista propone ampliar y especificar el catálogo de actos de injerencia de servidores públicos en los procesos sindicales y considerarlos faltas administrativas graves en términos de las responsabilidades administrativas, lo que eleva, a su vez, las sanciones que pueden llegar a la suspensión e inhabilitación de los infractores.

 

El modelo laboral corporativo que se comenzó a desmantelar (muy gradualmente), al limitar las malas prácticas que afectan los derechos laborales, estará incompleto si no se proscribe la discrecionalidad gubernamental que dificulta una verdadera transformación en el ámbito sindical y de negociación colectiva, bajo los principios de democracia y autonomía.

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El apunte del director

  • Enero 2025

    PLAN MÉXICO, CARTA DE NAVEGACIÓN A UNA NUEVA ERA

    El Plan México tiene el sello distintivo de alguien que tiene una visión sustentable, humanista e inclusiva en las tareas de gobernar para romper el estancamiento económico que prevalece en el país.
    Marcelo Ebrard citó durante la presentación del Plan, algunos puntos que esclarecen la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum en la conformación de esta hoja de ruta económica para los próximos seis años
    El titular de la Secretaria de Economía lanzó varios cuestionamientos en el acto respectivo; ¿Qué queremos hacer para llegar a buen puerto? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuáles son las metas específicas en tiempo que debemos cumplir? “De los 42 años que llevo yo en el servicio público, es el único instrumento que he visto así tan pronto, casi dictado por la Presidenta. Se recuerda todas las cifras, nos ha corregido la mayor parte de las metas, nos ha preguntado detalles que a veces ni siquiera nosotros hemos visto. Entonces ha sido una muy grata experiencia participar con ella en la elaboración de este documento”. 
    La mano del sector privado nacional y los secretarios de desarrollo económico de las 32 entidades federativas, también participaron activamente en la conformación del documento final.
    El Plan México no es una reacción reactiva para contener las amenazas vertidas por Donald Trump, sino una propuesta proactiva para incentivar la planta productiva nacional, generar empleos y captar grandes inversiones, entre otras metas.
    Las comparaciones son odiosas y más cuando se trata de dos proyectos de gobierno muy similares. Mientras con el Plan México se busca reducir la pobreza y desigualdad, impulsar el crecimiento económico y fortalecer el bienestar de todos los mexicanos, todo ello en base un programa económico muy ambicioso que tiene como piedra angular la participación de la iniciativa privada; con AMLO se privilegió una visión estatista y retrograda
    Las metas del Plan México son muy ambiciosas y no menos realistas, aunque, con que se concreten algunas de ellas, nos damos por bien servidos, luego del desastre heredado.
    Marcelo Ebrard, Altagracia García y otros funcionarios, mostraron ingenio y creatividad en la conformación del Plan México, que, aunado a la voluntad política de la presidenta por sacar al buey de la barranca, han construido una alternativa muy diferente a la trazada por su antecesor.
    Eso de entrar al grupo de las 10 economías más grandes del mundo, suena precioso, pero para lograrlo se requieren cuatro condiciones básicas como son: fortalecer el Estado de Derecho, asegurar la demanda energética que requiere la planta productiva; seguridad pública y por supuesto contar con la mano de obra calificada.
    Mientras no se trabaje en estos cuatro ejes, será imposible concretar las metas que establece el documento. 
    Otros elementos torales del Plan México son alcanzar 100 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, por año; la creación de 1.5 millones de empleos adicionales en los sectores de manufactura especializada y en sectores estratégicos; garantizar que el 50 por ciento de la proveeduría y el consumo nacional sean hechos en México en los sectores textil, calzado, inmobiliario y juguetes.
    Agregar el 15% de contenido nacional en las cadenas globales de valor; establecer que 50% de compras públicas sean de productos nacionales; la producción y envasado de vacunas en México.
    Reducir la tramitología; acceso a planes de financiamiento, al menos 30 por ciento de pequeñas y medianas empresas; la formación de 150 mil profesionistas; impulsar la ciencia y la tecnología y aprovechar las energías limpias y acciones de impacto comunitario.
    Esta relación de metas pasa más por la óptica “neoliberal” y no por la visión de un gobierno populista de izquierda.
    En cualquiera de los casos, el Plan México establece una ruta perfectamente delineada para retomar el crecimiento y la inclusión social.
    Veremos en los próximo años que tanto se alcanzaron las metas referidas y que es lo que se quedó en el tintero de la demagogia.
    La precariedad de las finanzas públicas tiene muy restringido al nuevo gobierno en cuanto al establecimiento de nuevos programas que impulsen el crecimiento económico y social y que requieren recursos etiquetados que no vemos en el Presupuesto 2025.
    Este año servirá para reducir el déficit y establecer un gobierno que funcione más como un facilitador que como un empresario, tal como se ha hecho con la creación de empresas públicas como Mexicana de Aviación, que es el prototipo del fracaso del gobierno en tareas empresariales.