Diversos cambios legislativos de gran calado se cocinan mientras mantenemos la mirada fija en las iniciativas de reforma del Poder Judicial por la que ha corrido tanta tinta y seguirá llenado los espacios en los medios de comunicación.  En el Senado, se cuece una reforma laboral que, en caso de aprobarse, incidirá directamente en la autonomía de los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado.

La tentación del poder siempre es difícil de resistir y a los gobernantes y funcionarios de cualquier nivel y de cualquier partido: gobernadores, titulares de dependencias públicas federales, estatales o municipales, les seduce la posibilidad de influir en el organismo sindical de su entidad.

La posición crítica del magisterio a las medidas que buscan concentrar el poder y a esta especie de sopa de dominó legislativa que ocupa el centro de la agenda del debate político, no impide identificar que la reforma laboral más reciente (influida por las negociaciones del TMEC) y la política salarial fueron determinantes en aspectos positivos que se rescatan de la economía.

Como el aumento del salario mínimo, a la limitación a la subcontratación laboral (outsourcing) y a la legislación que impone la democratización sindical obligando a las dirigencias a someterse a elecciones directas, con voto secreto y libre; a consultar con su base trabajadora las condiciones laborales negociadas con la patronal; a la libre sindicación; y a la inclusión de la perspectiva de género.

Sin embargo, la ecuación está incompleta para garantizar el derecho humano y laboral a la libre sindicalización y el derecho sindical a la autonomía, por ello el senador morenista Alfonso Cepeda Salas,  único dirigente sindical representado en el Senado de la República, presentó una iniciativa de reforma a las leyes Federal del Trabajo, Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y a la General de Responsabilidades Administrativas para disuadir, impedir y castigar a quienes, siendo funcionarios públicos, quieran meter las manos en las elecciones sindicales.

No son pocos ni infrecuentes los gobernadores que quieren influir en las elecciones sindicales con la peregrina idea que, desde ahí, podrán tener control y gobernabilidad (obediencia) para tomar decisiones que afecten negaticamente a los trabajadores y puedan desviar recursos públicos, si los trabajadores no son representados por quien vele por sus intereses. Son funcionarios a los que la autonomía sindical les estorba, pero que cuando la vulneran les estallan nuevos problemas en la cara.

En los últimos años hay ejemplos sobrados de ello.

Tenemos múltiples casos de gobiernos estatales que retienen cuotas a los trabajadores  y las desvían a distintos propósitos diferentes a su objeto y propósito legal.

Esas cuotas son del ISSSTE, o del organismo local de seguridad social cuando existe; o de pensiones y cajas de ahorro, de descuentos de nómina, etc.

Aquí nos ocupamos del caso del Gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, expriista, pero estrella local del obradorismo, quien puso en su contra a todos los trabajadores municipales y estatales por su torpeza autoritaria intentando quitar de un plumazo derechos y pensiones. Gobernador, por cierto, que ignoró a la presidenta  Claudia Sheinbaum en su momento.

Ejemplos sobran de funcionarios intentando alterar requisitos de elegibilidad, financiando planillas, presionando, por las buenas o por las malas, a representantes sindicales y a aspirantes en procesos de elección sindical y promoviendo la creación de grupos disidentes o de nuevas organizaciones sindicales. Lo mismo hizo Eruviel Ávila (Estado de México) cuando era gobernador priista, que hoy Tere Jiménez (Aguascalientes).

La iniciativa formulada por Cepeda Salas, senador de Morena a quien, como dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no le ha sido ajena la problemática, pretende “prevenir y sancionar cualquier injerencia perniciosa que atente contra la libertad y la autonomía sindicales y los derechos de los sindicatos, a fin de contribuir al combate de la corrupción y defender los derechos de las y los trabajadores de México, tanto del apartado A como del apartado B del artículo 123 constitucional”.

La reforma morenista propone ampliar y especificar el catálogo de actos de injerencia de servidores públicos en los procesos sindicales y considerarlos faltas administrativas graves en términos de las responsabilidades administrativas, lo que eleva, a su vez, las sanciones que pueden llegar a la suspensión e inhabilitación de los infractores.

El modelo laboral corporativo que se comenzó a desmantelar (muy gradualmente), al limitar las malas prácticas que afectan los derechos laborales, estará incompleto si no se proscribe la discrecionalidad gubernamental que dificulta una verdadera transformación en el ámbito sindical y de negociación colectiva, bajo los principios de democracia y autonomía.