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Plantea Trump flexibilizar aranceles; mercados se relajan

24 Abr 2025
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Plantea Trump flexibilizar aranceles; mercados se relajan Imagen tomada de: https://x.com/realDonaldTrump
  • Los principales índices accionarios de Nueva York avanzaron luego de que fuentes informaron al ‘Financial Times’ que el presidente de EU planea eximir a las autopartes de los aranceles impuestos a las importaciones chinas

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea otorgar exenciones y flexibilizar algunas de sus políticas arancelarias más estrictas, especialmente para fabricantes de automóviles, acero y aluminio, así como implementar un enfoque escalonado para los gravámenes impuestos a China.

 

De acuerdo con medios internacionales, esta decisión viene después de intensas presiones del sector automotriz y advertencias de diversos ejecutivos sobre el impacto negativo que múltiples capas de aranceles tendrían en la industria estadounidense.

 

Fuentes cercanas al proceso informaron al Financial Times que el presidente planea eximir a las autopartes de los aranceles impuestos a las importaciones provenientes de China, que fueron establecidos como respuesta a la producción de fentanilo, así como de los gravámenes sobre acero y aluminio.

 

Según las fuentes, se mantendrá el arancel del 25 por ciento sobre todos los automóviles fabricados en el extranjero, así como un gravamen separado del 25 por ciento sobre partes automotrices que entrará en vigor el 3 de mayo.

 

La revisión de los aranceles también incluiría cambios relevantes en las medidas aplicadas al acero y al aluminio, materiales cruciales para múltiples industrias manufactureras, no solo automotriz, sino de otras industrias estratégicas.

 

Negocian con China

En paralelo, la administración de Trump está considerando ajustes graduales a la estructura arancelaria contra China. Según reportó The Wall Street Journal, se estudia un modelo de “escalonamiento”, en el cual los aranceles podrían ubicarse entre el 50 y el 65 por ciento, muy por debajo del 125 por ciento anunciado en abril.

 

Esta reducción se aplicaría progresivamente durante un periodo de cinco años, con un enfoque diferenciado: productos considerados no esenciales para la seguridad nacional serían gravados con un 35 por ciento, mientras que los críticos enfrentarían un 100 por ciento. Aunque el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que no habrá una “reducción unilateral” de los aranceles, dejó abierta la posibilidad de negociaciones.

 

Con información de: El Financiero

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El apunte del director

  • MAYO 2026
    **PACIFICACIÓN: SIN RENDICIÓN DE CUENTAS, NO HAY RUTA**

    La pacificación de México no admite atajos retóricos ni soluciones parciales. Es un objetivo legítimo, urgente y compartido, pero su cumplimiento exige algo más que despliegues operativos o ajustes discursivos: requiere reconstruir la confianza en las instituciones, cerrar espacios de impunidad y someter al escrutinio público a todos los niveles de gobierno.
    Durante años, la estrategia de seguridad ha oscilado entre la contención y la reacción. Se han fortalecido capacidades, sí, pero el fenómeno criminal ha demostrado una notable capacidad de adaptación. En ese contexto, la discusión de fondo no puede eludirse: ¿cómo garantizar que las autoridades —federales, estatales y municipales— actúen con integridad y sin interferencias indebidas?
    La respuesta pasa por un principio básico en cualquier Estado de derecho: rendición de cuentas efectiva. Esto implica investigaciones independientes, fiscalías con autonomía real, sistemas de inteligencia que funcionen y mecanismos de control que no dependan de la voluntad política del momento. No se trata de señalar sin pruebas, sino de construir condiciones para que cualquier sospecha fundada sea investigada con rigor y transparencia.
    El desafío es mayúsculo porque la percepción de impunidad sigue siendo uno de los principales factores que erosionan la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no se aplican de manera uniforme, que hay zonas grises o que ciertos actores están fuera del alcance de la ley, la confianza se diluye. Y sin confianza, cualquier política de seguridad está condenada a resultados limitados.
    En este punto, la coordinación entre niveles de gobierno es indispensable. La seguridad no es una competencia exclusiva de la federación ni puede resolverse desde un solo frente. Los estados y municipios juegan un papel central, tanto en la prevención como en la reacción. Sin embargo, esa coordinación debe ir acompañada de estándares claros y de la capacidad de intervenir cuando estos no se cumplen.
    La cooperación internacional también es un componente clave. México no enfrenta este problema en aislamiento. El tráfico de drogas, armas y dinero ilícito es transnacional por definición. De ahí que la colaboración con socios estratégicos deba centrarse en inteligencia, control de flujos financieros y combate a redes logísticas, más allá de discursos o tensiones coyunturales.
    Pero incluso con mejores herramientas y mayor coordinación, la pacificación no será posible si no se atienden las causas estructurales que alimentan la violencia. Desigualdad, falta de oportunidades, debilidad institucional y economías locales capturadas por el crimen forman parte del ecosistema que permite la reproducción del problema. Ignorarlos sería perpetuar el ciclo.
    El reto para el gobierno federal es doble. Por un lado, sostener una estrategia de seguridad eficaz y medible. Por otro, enviar señales claras de que no habrá tolerancia para conductas indebidas dentro del propio aparato estatal. Esto último es particularmente sensible, porque implica asumir costos políticos en aras de fortalecer el Estado de derecho.
    La narrativa importa, pero los resultados importan más. La pacificación no se decreta: se construye con instituciones que funcionen, con justicia que llegue a tiempo y con autoridades que rindan cuentas. En esa ecuación, el combate a la impunidad es el factor decisivo.
    El país no necesita más promesas grandilocuentes, sino una hoja de ruta clara, con metas verificables y mecanismos de seguimiento. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, no se conforma con diagnósticos. Exige soluciones.
    En síntesis, la pacificación de México pasa por un principio irrenunciable: nadie por encima de la ley y todos sujetos a escrutinio. Sin esa base, cualquier estrategia será, en el mejor de los casos, insuficiente. Con ella, se abre la posibilidad real de avanzar hacia un país más seguro y más justo.